Justicia eval¨²a en 5.000 millones el coste de aplicar la ley Penal del Menor

El viceconsejero de Justicia, Abel Muniategi, asegur¨® ayer que la aplicaci¨®n de la nueva ley Penal del Menor supondr¨¢ en el Pa¨ªs Vasco un coste econ¨®mico superior a los 5.000 millones. Parte de esta inversi¨®n est¨¢ destinada al centro educativo de menores de Zumarraga, que seg¨²n las estimaciones del Departamento de Justicia puede estar operativo para principios de 2001.El Gobierno aut¨®nomo pretende centralizar todo lo relacionado con la pol¨ªtica de reinserci¨®n social del menor y asumir su papel de "¨²nica entidad p¨²blica responsable de las actuaciones" que se desarrollen en relaci¨®n con dicha ley en Euskadi. "Queremos evitar desequilibrios territoriales, garantizar la igualdad y evitar duplicidades", seg¨²n Muniategi.

Durante su intervenci¨®n en la clausura de unas jornadas sobre la nueva ley, el viceconsejero de Justicia revel¨® que su departamento ha remitido al Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad en la que se pide al Ejecutivo central que retire la bater¨ªa de medidas con las que el PP pretende reformar la ley, que a¨²n no ha entrado en vigor. Muniategi asegur¨® que con esta reforma "se intenta prostituir" el texto legal "diseccion¨¢ndolo y diferenciando a los menores en dos grupos en funci¨®n del tipo de delito", en alusi¨®n a los relacionados con los delitos de la violencia callejera.

El viceconsejero asegur¨® que la reforma supone sostener una "legislaci¨®n especial" que en algunos de sus apartados est¨¢ "al borde de la inconstitucionalidad". Con todo, Justicia utiliz¨® ayer una estad¨ªstica para ilustrar qu¨¦ incidencia penal tienen en los juzgados los delitos de todo tipo cometidos por menores de 16 y 17 a?os. Entre julio de 1996 y junio de 1997, los jueces vascos firmaron 493 sentencias firmes, de las que los delitos de orden p¨²blico representaban el 4,7% del total (23 resoluciones), mientras que las amenazas, coacciones y atentados supon¨ªan el 0,4%. La estad¨ªstica de Justicia revela adem¨¢s que s¨®lo en tres casos las penas de prisi¨®n eran superiores a 24 meses, mientras que en la mayor¨ªa de los casos se recurr¨ªa a arrestos y multas.