Las cooperativas ausentes

En los ¨²ltimos tiempos se escucha frecuentemente hablar de un t¨¦rmino con tan poco contenido como "nueva econom¨ªa". Sin embargo, en el D¨ªa Mundial del Cooperativismo es penoso constatar la escasa presencia del t¨¦rmino "econom¨ªa social" en los medios de comunicaci¨®n y en los mundos pol¨ªtico e institucional. Ante esta ausencia, conviene recordar que la Constituci¨®n Espa?ola, en el apartado 2 de su art¨ªculo 129 establece que "los poderes p¨²blicos promover¨¢n eficazmente las diversas formas de participaci¨®n en la empresa y fomentar¨¢n mediante una legislaci¨®n adecuada las sociedades cooperativas. Tambi¨¦n establecer¨¢n los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producci¨®n". Tras la fren¨¦tica actividad privatizadora de los ¨²ltimos gobiernos no podemos m¨¢s que sorprendernos de la falta de consideraci¨®n a los mandatos de la Constituci¨®n. Es evidente que ciertos grupos de presi¨®n cuentan con fuerza suficiente como para que se haga caso omiso a la Constituci¨®n. Tambi¨¦n es evidente que los distintos agentes de la econom¨ªa social no han contado con la fuerza o la iniciativa para hacer que se respete la primera de las leyes.Lo sucedido en Espa?a tiene su reflejo en el proceso de construcci¨®n europea. La Uni¨®n Europea, que frecuentemente recibe acusaciones de furor reglamentista, descendiendo a detalles inveros¨ªmiles, carece de una reglamentaci¨®n acerca del estatuto de las sociedades cooperativas. En la misma situaci¨®n se encuentran las mutualidades y asociaciones; es decir, el conjunto de la econom¨ªa social. En otras palabras, las cooperativas carecen de un espacio en la construci¨®n europea. En este caso no se puede culpar a la Comisi¨®n de no haber formulado propuestas de reglamentaci¨®n. En primer lugar, formul¨® una propuesta de reglamento, y, ante las dificultades encontradas, la transform¨® en propuesta de directiva esperando que, al otorgar un margen a la subsidiariedad, se vencieran las resistencias de los Estados m¨¢s septentrionales.

El problema, como en tantas otras cuestiones, se reduce a la confrontaci¨®n de visiones contrapuestas entre la Europa del norte y la del sur. Para la mayor parte de los Estados del norte, no debe haber diferencias entre las sociedades mercantiles y las cooperativas y en casos extremos, acusan a los del sur de proteccionistas y de fomentar la distorsi¨®n de la competencia. Naturalmente, las posturas no se reducen al blanco y al negro, sino que existe una gradaci¨®n entre la situaci¨®n de Espa?a donde las cooperativas encuentran un espacio en la Constituci¨®n y la situaci¨®n del Reino Unido, donde carecen de una situaci¨®n jur¨ªdica que las diferencie de otras sociedades mercantiles. De este modo, si la divisi¨®n norte-sur pareciera excesivamente simplista, la diferencia se podr¨ªa ver plasmada en la mayor o menor tradici¨®n liberal de cada Estado.

El hecho es que el Estatuto de la sociedad cooperativa europea sigue empantanado, y nada apunta hacia una resoluci¨®n del bloqueo. El verdadero problema no reside en que no avance la cuesti¨®n del Estatuto, sino en que el resto de las reglamentaciones se siguen desarrollando. En ausencia de la definici¨®n de la figura de la cooperativa a escala europea, se recurre a diferentes figuras, que frecuentemente desvirt¨²an los objetivos confiados a la reglamentaci¨®n y la restan eficacia.

Se pueden ilustrar los efectos de esta situaci¨®n examinando lo que sucede en el ¨¢mbito de la agricultura. La Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n est¨¢ en un proceso de reforma continua, y, se da el caso de que en las reformas de las organizaciones comunes de las producciones mediterr¨¢neas los instrumentos tradicionales de gesti¨®n del mercado se ven sustituidas por diferentes acciones canalizadas a trav¨¦s de las denominadas "organizaciones de productores". A falta de mayor definici¨®n, queda a la potestad de los Estados miembros la decisi¨®n de los criterios de calificaci¨®n de las "organizaciones de productores". En este punto confluyen dos tipos de circunstancias que hacen que una buena parte de los fondos comunitarios destinados a los productores acaben en manos de otros agentes econ¨®micos.

Por una parte, es frecuente que los resultados de los consejos de ministros de Agricultura se eval¨²en en funci¨®n de los fondos comunitarios que, despu¨¦s de las negociaciones se recibir¨¢n en cada Estado. Para mejorar la evaluaci¨®n de los resultados el m¨¦todo m¨¢s sencillo reside en facilitar el acceso a los fondos comunitarios aunque esto suponga una desviaci¨®n de los objetivos confiados a la reglamentaci¨®n. Por otra parte, y ante esta situaci¨®n, el comercio y la industria se ven ante una situaci¨®n ¨®ptima para constituir sus propias "organizaciones de productores" y acceder a financiaci¨®n comunitaria para sus inversiones o para financiar su red de abastecimiento de materias primas. Naturalmente, este proceso lesiona los intereses de los productores.

El primer precedente vino dado hace diez a?os, por el reconocimiento de organizaciones de productores de frutos secos. Esto se tradujo en una p¨¦rdida de fondos para los productores. Sin embargo, son m¨¢s reveladores los resultados de la reforma de la organizaci¨®n com¨²n del mercado de las frutas y hortalizas de 1996. En primer lugar, hay que constatar que dicha reforma permiti¨® incrementar considerablemente el acceso a los fondos comunitarios por parte de los Estados con menor producci¨®n mientras que se redujo la de los Estados con mayor producci¨®n y del sur de la Uni¨®n Europea, y, en particular, de Grecia.

Por otra parte, la proliferaci¨®n de "organizaciones de productores" at¨ªpicas, ha tenido como efecto que ciertas ayudas que deber¨ªan haber sido destinadas a los productores hayan finalizado en estructuras creadas por industriales o comerciantes. Adem¨¢s, esta situaci¨®n ha provocado unas situaciones problem¨¢ticas que, en el caso de los limones, se han resuelto en retrasos de varios a?os en el cobro de las ayudas a la transformaci¨®n destinadas a los productores. Por otra parte, resulta sorprendente constatar que, el conjunto de los c¨ªtricos la producci¨®n aumenta, pero la contrataci¨®n para la transformaci¨®n disminuye con lo que son las rentas de los productores las que se ven afectadas.

Ser¨ªa necesario que dej¨¢semos de realizar an¨¢lisis simplistas basados en los euros que vienen de la Uni¨®n Europea y comenz¨¢semos a analizar las pol¨ªticas por su eficacia y por sus efectos. Sin embargo y ante todo, todos aquellos que desempe?amos alg¨²n papel en el juego institucional deber¨ªamos velar por que se respetaran los contenidos de la Constituci¨®n espa?ola y las cooperativas y el conjunto de la econom¨ªa social obtuvieran el lugar que les corresponde en la construcci¨®n europea.

Salvador Jov¨¦ Peres es diputado del Parlamento Europeo por Izquierda Unida.