Uno de los suyos

El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ha decidido saltarse a la torera la Constituci¨®n para celebrar su 22? aniversario. No tiene otra interpretaci¨®n el hecho de que con rid¨ªculos argumentos milenaristas decrete m¨¢s de un millar de indultos particulares que encubren una especie de indulto general -expresamente prohibido por la Carta Magna- sin otro objeto aparente que el de arropar la medida de gracia concedida para devolver a la carrera judicial a Javier G¨®mez de Lia?o, condenado por un delito de prevaricaci¨®n continuada a la p¨¦rdida definitiva de su condici¨®n de juez y a 15 a?os de inhabilitaci¨®n.El Tribunal Supremo estableci¨® que G¨®mez de Liano dict¨® a sabiendas resoluciones injustas en el llamado caso Sogecable. Es el delito m¨¢s grave que puede cometer un magistrado, y por ello el tribunal sentenciador se opuso al indulto. El Consejo de Ministros goza de amplias atribuciones para administrar el derecho de gracia, pero la ley no le otorga la facultad de revocar las penas ya cumplidas. La Sala Segunda del Supremo advirti¨® en su dictamen que la expulsi¨®n de la judicatura era una pena ya ejecutada y que, por tanto, no pod¨ªa ser objeto de indulto: "Indultar una pena cumplida", conclu¨ªa la sala, "ser¨ªa tanto como indultar el delito, es decir, amnistiar a su autor". Este car¨¢cter de amnist¨ªa encubierta, que viola la Constituci¨®n, lo refrendaba ayer impl¨ªcitamente el fiscal Fungairi?o al declarar que el indulto ven¨ªa a confirmar que en la actuaci¨®n de G¨®mez de Lia?o "no hab¨ªa delito alguno". No contento con ello, el Gobierno invade la esfera de competencias del Consejo del Poder Judicial, ¨²nico organismo capacitado para restituir a alguien en el escalaf¨®n y decidir el destino de los jueces. Y lo hace reponiendo en su funci¨®n juzgadora a un magistrado en cuyo curr¨ªculo destaca su condici¨®n probada de delincuente.

Algunos se preguntar¨¢n c¨®mo es posible que el Ejecutivo cometa semejante chapuza jur¨ªdica y tama?o abuso pol¨ªtico, que desdice de las inflamadas adhesiones del Partido Popular al texto de la Constituci¨®n y de sus reiteradas proclamas de respeto a las decisiones de los tribunales. Mucho m¨¢s si se tiene en cuenta que pretende devolver a la tarea de juzgar a un individuo al que incluso el magistrado que quiso absolverle calific¨® de "vehemente", "empecinado", "iluminado" y carente de la templanza y el equilibrio necesarios. Restituir a G¨®mez de Lia?o a la carrera judicial es un insulto al Tribunal Supremo, al sentido com¨²n y al derecho de los ciudadanos a un juez imparcial. ?Qu¨¦ justiciable recibir¨¢ sin aprensi¨®n en el futuro la noticia de que su caso va a ser instruido o resuelto por un juez prevaricador? ?Se imagina alguien que un banquero estafador fuera indultado para volver a su funci¨®n anterior, o un profesor pederasta para que regresara a las aulas?

Pero el Gobierno ten¨ªa buenas razones para tomar tan descabellada decisi¨®n. No pod¨ªa abandonar a su albur a quien obediente y tenazmente hab¨ªa seguido las recomendaciones que emanaban del poder pol¨ªtico y de sus adl¨¢teres durante la repugnante instrucci¨®n del caso Sogecable. Al fin y al cabo, como revela el reciente libro de Pilar Urbano del que se hac¨ªa eco EL PA?S el pasado domingo, todo aquello no fue sino el resultado de una conspiraci¨®n de opereta entre fiscales, periodistas del pesebre y funcionarios siempre prestos a servir al que manda.

Aznar sab¨ªa que arriesgaba mucho indultando a Lia?o de su expulsi¨®n de la carrera judicial y por eso necesitaba esta puesta en escena de un casi indulto general -como aquellos del franquismo cuando se mor¨ªa un Papa- y una amnist¨ªa particular, pese a la prohibici¨®n expresa de la Constituci¨®n. Claro que el peso del descr¨¦dito que adquiere -y transfiere a la justicia- es menor que el peligro de enfrentarse a los valedores medi¨¢ticos de G¨®mez de Lia?o y a la responsabilidad de sus propias decisiones. Puesto que fue el Gobierno el que puso en marcha toda la operaci¨®n Sogecable con el famoso informe de Fomento, sus m¨¢s fervientes aduladores le han exigido con destemplanza que, una vez fracasado el montaje, indultara al juez. Al optar por obedecerles, el Gobierno no hace sino pagar una deuda contra¨ªda y proteger a uno de los suyos.