La Comunidad decidir¨¢ hoy cu¨¢nto cobrar¨¢ a los disminuidos por atenderlos

Pocos recursos

La Comunidad decidir¨¢ hoy cu¨¢nto deber¨¢n pagar los discapacitados f¨ªsicos y ps¨ªquicos por ser atendidos en residencias, centros de d¨ªa y centros ocupacionales. La pasada semana, el director general de Servicios Sociales, Tom¨¢s Vera, comunic¨® por carta a las familias de los disminuidos ps¨ªquicos atendidos en residencias regionales (cerca de 10.000) que a partir de ahora deber¨ªan pagar en torno al 75% de la renta per c¨¢pita familiar (los ingresos totales anuales divididos entre 12 meses y entre el n¨²mero de componentes del hogar) por un servicio hasta ahora gratuito. En el caso de acudir a un taller ocupacional abonar¨ªan el 37,5%.La alarma salt¨® y el viceconsejero de Servicios Sociales, Jos¨¦ Mar¨ªa Alonso, tras calificar de "barbaridad" el contenido de la carta enviada a las familias, les conmin¨® a "romperla" y dio por retirado el proyecto.

Sin embargo, la presidenta del grupo parlamentario PSOE-Progresistas, Cristina Almeida, asegur¨® ayer que el Gobierno regional no ha retirado, como anunci¨®, su iniciativa de cobrar el 75% de la renta per c¨¢pita a los discapacitados que vivan en residencias. Seg¨²n Almeida, el propio Vera le ha confirmado la validez de las cartas enviadas a las familias.

La decisi¨®n de cobrar por estas atenciones est¨¢ consensuada con las asociaciones de minusv¨¢lidos, con las que la Comunidad negoci¨® el Plan Regional de Discapacidad. Sin embargo, las cuant¨ªas a abonar las ha decidido unilateralmente el Gobierno aut¨®nomo, provocando las protestas de las familias, que consideran "abusivo" tener que abonar el 75% de la renta per c¨¢pita familiar.

Hasta ahora, la red de atenci¨®n a discapacitados (residencias, centros de d¨ªa, talleres...) estaba formada por centros p¨²blicos -en los que el usuario no pagaba por el servicio- y centros privados -regentados por asociaciones de afectados-, que cobraban a sus asociados porque las subvenciones que reciben no cubren el coste de la atenci¨®n prestada.

Las asociaciones y la Comunidad han decidido unir ambas redes concertando las plazas de los centros privados. El dinero necesario para dichos conciertos saldr¨¢ de las arcas regionales (26.000 millones en cuatro a?os) y de las cuotas que abonen los padres (¨¦sa es la cuant¨ªa que hoy se decide, aunque Servicios Sociales la estima en 1.300 millones).

El gerente de la Federaci¨®n de Organizaciones en favor de Personas con Retraso Mental (FEAPS), Mat¨ªas Mart¨ªnez, reconoce que algunos discapacitados tendr¨¢n que pagar servicios que ahora ten¨ªan de forma gratuita. "Pero hasta ahora muchos otros que no encontraban plaza en centros p¨²blicos se ve¨ªan obligados a pagar en los privados por una atenci¨®n que siempre estaba en la cuerda floja por falta de fondos de las asociaciones. Y tanto a los centros p¨²blicos como a los privados acuden familias de bajos recursos", asegura.Mart¨ªnez no se opone al pago, pero s¨ª a que ¨¦ste diezme las rentas familiares. "Los servicios se deber¨ªan abonar con las pensiones que perciben los discapacitados, teniendo tambi¨¦n en cuenta, si es necesario, la situaci¨®n familiar, pero no gravando directamente la renta de cada hogar. No entendemos c¨®mo, despu¨¦s de negociar un buen plan, la consejer¨ªa sale ahora con esas tarifas abusivas sin negociarlas", concluye.