Del autogobierno al cogobierno: a la espera de un balance

El a?o nuevo -y en esta ocasi¨®n la novedad se extiende al siglo y al milenio- estimula a echar la vista atr¨¢s y a elaborar un balance de situaci¨®n. Han transcurrido dos d¨¦cadas desde que el Estatuto de Autonom¨ªa devolvi¨® a Catalu?a una capacidad de autogobierno que le fue arrebatada tras la derrota republicana de 1939. Dentro de pocos d¨ªas, se pondr¨¢ en marcha una comisi¨®n de estudio con el fin de evaluar el rendimiento del r¨¦gimen auton¨®mico. El Parlamento catal¨¢n cre¨® dicha comisi¨®n a finales de noviembre pasado, a propuesta de todos los grupos y con la excepci¨®n del Grupo Popular. Esta decisi¨®n segu¨ªa a una iniciativa de los 67 diputados de la oposici¨®n -Socialistes-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds- presentada en la primavera de 2000. A ella se sum¨® en oto?o Converg¨¨ncia i Uni¨®. A la vista de las fechas que se citan, se comprueba que el ritmo parlamentario no es precisamente fren¨¦tico. Con todo, el empe?o merece la pena.

Veinte a?os de autogobierno ofrecen ya experiencia y perspectiva para que la comisi¨®n parlamentaria valore su rendimiento y proponga adecuarlo a los cambios producidos desde la entrada en vigor del Estatuto de 1979. En aquel momento, participar en la Europa comunitaria era s¨®lo una aspiraci¨®n, el tel¨®n de acero divid¨ªa a una Europa bipolar, se iniciaba la difusi¨®n del ordenador personal y poco o nada se sab¨ªa de los antecedentes de Internet. El tel¨¦fono m¨®vil o la clonaci¨®n de seres vivientes s¨®lo figuraban en los relatos de ciencia-ficci¨®n. T¨¦rminos como sociedad del conocimiento y globalizaci¨®n no constaban en el vocabulario pol¨ªtico y period¨ªstico. Por su parte, la Constituci¨®n de 1978 no auguraba la extensi¨®n del r¨¦gimen auton¨®mico a 17 comunidades. Y tampoco era previsible, por tanto, la transferencia de tantas competencias, recursos y personal estatales a estas comunidades aut¨®nomas. Despu¨¦s de tantos cambios, ?puede alegarse que carecen de sentido una evaluaci¨®n del autogobierno y su eventual actualizaci¨®n?

Quienes hemos propuesto esta evaluaci¨®n sabemos que el autogobierno no es un fin en s¨ª mismo. Por ello importa conocer el impacto de la autonom¨ªa sobre la vida colectiva. ?En qu¨¦ medida las competencias asumidas por la Generalitat han repercutido positivamente en el bienestar y la cohesi¨®n de la sociedad catalana? ?Hasta qu¨¦ punto las instituciones auton¨®micas han hecho avanzar la calidad democr¨¢tica de nuestra pol¨ªtica? ?Qu¨¦ obst¨¢culos encuentran para ello y qu¨¦ posibilidades hay de eliminarlos?

Es en este contexto donde debe plantearse si conviene asumir m¨¢s competencias, si cabe ejercerlas de otra forma, si se cuenta con los recursos necesarios, si es adecuado el dise?o de nuestras instituciones o en qu¨¦ aspectos requieren cambios. De la respuesta a estas preguntas pueden derivarse iniciativas legislativas: en el Parlamento catal¨¢n, en las Cortes espa?olas. O pueden resultar correcciones en la aplicaci¨®n de las actuales normas legales. Por todas estas razones, el informe final que la Comisi¨®n ha de producir -no m¨¢s tarde del 30 de junio de 2001, seg¨²n el acuerdo de su creaci¨®n-, ser¨¢ algo m¨¢s que un ejercicio acad¨¦mico. Ha de constituir un cuaderno de propuestas -pol¨ªticas y legales- al servicio de los intereses de la sociedad catalana.

A una mejor protecci¨®n de estos intereses debe orientarse cualquier innovaci¨®n de lo existente. Por ejemplo, cuando se aspira a un Parlamento m¨¢s ¨¢gil, menos esot¨¦rico, m¨¢s eficaz en el control del Ejecutivo y m¨¢s abierto a la intervenci¨®n ciudadana. O cuando se reclama una ley electoral -mandato todav¨ªa incumplido del Estatuto de 1979- que combine la igualdad de voto con la proximidad entre electores y elegidos. O cuando se plantea la 'devoluci¨®n' de competencias y recursos a los gobiernos locales. O cuando se debate la limitaci¨®n de los mandatos representativos. O cuando se constata la necesidad de que la Generalitat intervenga en las decisiones de la Uni¨®n Europea y de otros organismos internacionales que afectan a sus competencias.

Las normas fundamentales de una comunidad -las reglas b¨¢sicas de la pol¨ªtica- deben manejarse con precauci¨®n. Pero no hay que confundir tal precauci¨®n con una actitud conservadora, que parad¨®jicamente encierra grandes riesgos. Una actitud integrista en materia constitucional o estatutaria pone la Constituci¨®n y el Estatuto en peligro de obsolescencia, de alejamiento de la realidad social, de p¨¦rdida de eficiencia y de legitimidad. Cualquier aficionado a la historia constitucional sabe que las constituciones que m¨¢s duran son las que m¨¢s se transforman, sea por revisi¨®n de su texto, sea por cambios en su interpretaci¨®n y aplicaci¨®n.

Nadie niega que la llamada globalizaci¨®n comporta riesgos. Puede significar la marginaci¨®n de colectivos y naciones, sometidos a potentes actores p¨²blicos y privados que esquivan los controles democr¨¢ticos y albergan escasas inquietudes sociales. Pero esta globalizaci¨®n abre tambi¨¦n la oportunidad de insertarse en los nuevos mecanismos de toma de decisi¨®n que se perfilan en diversos niveles. Por ello, importa ahora ejercer un cogobierno efectivo en varios ¨¢mbitos de inter¨¦s com¨²n, en los que inciden a su modo instituciones de alcance mundial, europeo o espa?ol.

Catalu?a encierra potencial suficiente para intervenir en la mayor¨ªa de dichos ¨¢mbitos. Si no activara dicho potencial, perder¨ªa el tren de la historia. No ser¨¢ s¨®lo un cambio legal el que permita la activaci¨®n de dicho potencial. Pero no hacerlo puede retrasarla o malograrla. De ah¨ª la necesidad de acometer este balance. A la vista de lo que resulte, tocar¨¢ a quienes tienen hoy responsabilidades pol¨ªticas y sociales actuar en consecuencia. Con sentido de pa¨ªs, deber¨¢n adoptar las medidas necesarias para que el autogobierno -el cogobierno- ampl¨ªe las oportunidades de desarrollo personal y nacional y nos acerque a objetivos de mayor solidaridad y justicia social.El a?o nuevo -y en esta ocasi¨®n la novedad se extiende al siglo y al milenio- estimula a echar la vista atr¨¢s y a elaborar un balance de situaci¨®n. Han transcurrido dos d¨¦cadas desde que el Estatuto de Autonom¨ªa devolvi¨® a Catalu?a una capacidad de autogobierno que le fue arrebatada tras la derrota republicana de 1939. Dentro de pocos d¨ªas, se pondr¨¢ en marcha una comisi¨®n de estudio con el fin de evaluar el rendimiento del r¨¦gimen auton¨®mico. El Parlamento catal¨¢n cre¨® dicha comisi¨®n a finales de noviembre pasado, a propuesta de todos los grupos y con la excepci¨®n del Grupo Popular. Esta decisi¨®n segu¨ªa a una iniciativa de los 67 diputados de la oposici¨®n -Socialistes-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds- presentada en la primavera de 2000. A ella se sum¨® en oto?o Converg¨¨ncia i Uni¨®. A la vista de las fechas que se citan, se comprueba que el ritmo parlamentario no es precisamente fren¨¦tico. Con todo, el empe?o merece la pena.

Veinte a?os de autogobierno ofrecen ya experiencia y perspectiva para que la comisi¨®n parlamentaria valore su rendimiento y proponga adecuarlo a los cambios producidos desde la entrada en vigor del Estatuto de 1979. En aquel momento, participar en la Europa comunitaria era s¨®lo una aspiraci¨®n, el tel¨®n de acero divid¨ªa a una Europa bipolar, se iniciaba la difusi¨®n del ordenador personal y poco o nada se sab¨ªa de los antecedentes de Internet. El tel¨¦fono m¨®vil o la clonaci¨®n de seres vivientes s¨®lo figuraban en los relatos de ciencia-ficci¨®n. T¨¦rminos como sociedad del conocimiento y globalizaci¨®n no constaban en el vocabulario pol¨ªtico y period¨ªstico. Por su parte, la Constituci¨®n de 1978 no auguraba la extensi¨®n del r¨¦gimen auton¨®mico a 17 comunidades. Y tampoco era previsible, por tanto, la transferencia de tantas competencias, recursos y personal estatales a estas comunidades aut¨®nomas. Despu¨¦s de tantos cambios, ?puede alegarse que carecen de sentido una evaluaci¨®n del autogobierno y su eventual actualizaci¨®n?

Quienes hemos propuesto esta evaluaci¨®n sabemos que el autogobierno no es un fin en s¨ª mismo. Por ello importa conocer el impacto de la autonom¨ªa sobre la vida colectiva. ?En qu¨¦ medida las competencias asumidas por la Generalitat han repercutido positivamente en el bienestar y la cohesi¨®n de la sociedad catalana? ?Hasta qu¨¦ punto las instituciones auton¨®micas han hecho avanzar la calidad democr¨¢tica de nuestra pol¨ªtica? ?Qu¨¦ obst¨¢culos encuentran para ello y qu¨¦ posibilidades hay de eliminarlos?

Es en este contexto donde debe plantearse si conviene asumir m¨¢s competencias, si cabe ejercerlas de otra forma, si se cuenta con los recursos necesarios, si es adecuado el dise?o de nuestras instituciones o en qu¨¦ aspectos requieren cambios. De la respuesta a estas preguntas pueden derivarse iniciativas legislativas: en el Parlamento catal¨¢n, en las Cortes espa?olas. O pueden resultar correcciones en la aplicaci¨®n de las actuales normas legales. Por todas estas razones, el informe final que la Comisi¨®n ha de producir -no m¨¢s tarde del 30 de junio de 2001, seg¨²n el acuerdo de su creaci¨®n-, ser¨¢ algo m¨¢s que un ejercicio acad¨¦mico. Ha de constituir un cuaderno de propuestas -pol¨ªticas y legales- al servicio de los intereses de la sociedad catalana.

A una mejor protecci¨®n de estos intereses debe orientarse cualquier innovaci¨®n de lo existente. Por ejemplo, cuando se aspira a un Parlamento m¨¢s ¨¢gil, menos esot¨¦rico, m¨¢s eficaz en el control del Ejecutivo y m¨¢s abierto a la intervenci¨®n ciudadana. O cuando se reclama una ley electoral -mandato todav¨ªa incumplido del Estatuto de 1979- que combine la igualdad de voto con la proximidad entre electores y elegidos. O cuando se plantea la 'devoluci¨®n' de competencias y recursos a los gobiernos locales. O cuando se debate la limitaci¨®n de los mandatos representativos. O cuando se constata la necesidad de que la Generalitat intervenga en las decisiones de la Uni¨®n Europea y de otros organismos internacionales que afectan a sus competencias.

Las normas fundamentales de una comunidad -las reglas b¨¢sicas de la pol¨ªtica- deben manejarse con precauci¨®n. Pero no hay que confundir tal precauci¨®n con una actitud conservadora, que parad¨®jicamente encierra grandes riesgos. Una actitud integrista en materia constitucional o estatutaria pone la Constituci¨®n y el Estatuto en peligro de obsolescencia, de alejamiento de la realidad social, de p¨¦rdida de eficiencia y de legitimidad. Cualquier aficionado a la historia constitucional sabe que las constituciones que m¨¢s duran son las que m¨¢s se transforman, sea por revisi¨®n de su texto, sea por cambios en su interpretaci¨®n y aplicaci¨®n.

Nadie niega que la llamada globalizaci¨®n comporta riesgos. Puede significar la marginaci¨®n de colectivos y naciones, sometidos a potentes actores p¨²blicos y privados que esquivan los controles democr¨¢ticos y albergan escasas inquietudes sociales. Pero esta globalizaci¨®n abre tambi¨¦n la oportunidad de insertarse en los nuevos mecanismos de toma de decisi¨®n que se perfilan en diversos niveles. Por ello, importa ahora ejercer un cogobierno efectivo en varios ¨¢mbitos de inter¨¦s com¨²n, en los que inciden a su modo instituciones de alcance mundial, europeo o espa?ol.

Catalu?a encierra potencial suficiente para intervenir en la mayor¨ªa de dichos ¨¢mbitos. Si no activara dicho potencial, perder¨ªa el tren de la historia. No ser¨¢ s¨®lo un cambio legal el que permita la activaci¨®n de dicho potencial. Pero no hacerlo puede retrasarla o malograrla. De ah¨ª la necesidad de acometer este balance. A la vista de lo que resulte, tocar¨¢ a quienes tienen hoy responsabilidades pol¨ªticas y sociales actuar en consecuencia. Con sentido de pa¨ªs, deber¨¢n adoptar las medidas necesarias para que el autogobierno -el cogobierno- ampl¨ªe las oportunidades de desarrollo personal y nacional y nos acerque a objetivos de mayor solidaridad y justicia social.

Josep M. Vall¨¨s es miembro de Ciutadans pel Canvi y diputado del grupo parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi.Josep M. Vall¨¨s es miembro de Ciutadans pel Canvi y diputado del grupo parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi.