Un informe denuncia la 'segregaci¨®n' de los 33.000 extranjeros que viven junto a invernaderos

El informe, que eleva a 42.000 el n¨²mero de inmigrantes afincados en la provincia andaluza, denuncia que sus condiciones de vida se encuentran 'altamente degradadas'. El estudio hace hincapi¨¦ en los problemas de acceso a la vivienda que encuentran los inmigrantes en la mayor¨ªa de los municipios de las comarcas de Poniente y Levante, donde se concentran las explotaciones agr¨ªcolas intensivas.

En su informe, la soci¨®loga ?ngeles Casta?o calcula que unos 33.000 de estas personas se ven forzados a vivir dispersos, entre invernaderos de pl¨¢stico en condiciones insalubres o en infraviviendas. S¨®lo unos 8.400 disponen de alojamientos dentro de los n¨²cleos urbanos. Las dificultades para acceder a una vivienda digna no son homog¨¦neas para todo el colectivo extranjero: marroqu¨ªes y argelinos encuentran mayores reticencias para lograr un alquiler urbano que los inmigrantes procedentes de pa¨ªses del ¨¢rea subsahariana, seg¨²n Casta?o.

'Marginaci¨®n residencial'

La soci¨®loga denuncia que 'la marginaci¨®n residencial se extiende a otros ¨¢mbitos de la vida social'. Las relaciones inter¨¦tnicas se limitan al ¨¢mbito laboral, mientras que son casi inexistentes en espacios de ocio, cultura o mera vecindad. A esta dificultad contribuye, seg¨²n el texto, el alejamiento espacial de los inmigrantes que residen dispersos y carecen de medios o de transporte p¨²blico para poder desplazarse con facilidad hasta los n¨²cleos urbanos cercanos a las explotaciones.

Las relaciones laborales, adem¨¢s, generan situaciones 'conflictivas', que en el informe se achacan a los fraudes en la contrataci¨®n de inmigrantes y la sobreexplotaci¨®n de la mano de obra.

La soci¨®loga sostiene que el crecimiento de la inmigraci¨®n irregular es considerable, a pesar del aumento de la poblaci¨®n regularizada en la provincia. Ejemplo de este incremento es la cifra de los 3.667 permisos de trabajo concedidos en 1995 a marroqu¨ªes (la nacionalidad m¨¢s numerosa), frente a los 14.791 registrados en 2000.

Sin embargo, la expansi¨®n de las explotaciones agr¨ªcolas -que crecen a un ritmo de entre 1.000 y 1.500 hect¨¢reas al a?o, seg¨²n el estudio- acarrea un aumento en la demanda de mano de obra, por encima de los contingentes establecidos por el Gobierno.

La soci¨®loga se?ala que la importancia del boca a boca entre inmigrantes sobre la cantidad de trabajo y las crecientes necesidades de braceros convierte las poblaciones almerienses en 'primera plataforma de aterrizaje en las estrategias de inmigraci¨®n'.

El segundo factor que cita, como favorecedor del asentamiento de extranjeros indocumentados, se refiere a las condiciones laborales del convenio del campo (4.944 pesetas la jornada), que se describe como el m¨¢s bajo de Espa?a. 'Esto da lugar a que no sea f¨¢cil encontrar mano de obra dispuesta a trabajar en estas condiciones, por lo que el trabajo de pe¨®n agr¨ªcola se ha ido convirtiendo en el nicho laboral de competencia para los estratos sociales m¨¢s desfavorecidos', concluye.

El informe puntualiza, sin embargo, que las caracter¨ªsticas de la agricultura intensiva (con una media de tres cosechas por campa?a y necesidades de mano de obra variables) dificultan precisar el volumen de temporeros. Responsabiliza, no obstante, a la Administraci¨®n y a los empresarios agr¨ªcolas de haber seguido una estrategia para garantizar 'una mano de obra excedentaria' que estuviera disponible en los momentos de mayor necesidad. 'La pr¨¢ctica ha sido ir regularizando por contingentaci¨®n a un porcentaje de indocumentados mientras quedaban en reserva otros', a?ade el estudio.

En el cupo de 1998, por ejemplo, los empresarios almerienses solicitaron 7.083 trabajadores extranjeros, mientras que el Gobierno central tan s¨®lo concedi¨® 2.258.