Alarma en Colombia por el crecimiento de los paramilitares ante la pasividad del Ej¨¦rcito

En octubre del a?o pasado, los habitantes de tres aldeas del mismo municipio enviaban una carta al presidente Pastrana: 'Queremos sentar nuestra voz de alerta ante usted y dem¨¢s organismos de seguridad del Estado para que se haga algo que evite una masacre en esta zona'.

Siete de los firmantes que confesaron por escrito 'somos personas apegadas a la Constituci¨®n, a la ley, a la familia, al amor de la tierra que sembramos', quedaron ah¨ª, tirados, hechos pedazos a machete, junto a los dem¨¢s sacrificados, en la polvorienta plaza central que sirvi¨® de escenario a la barbarie. A¨²n no se sabe en el escritorio de qu¨¦ funcionario permanece olvidada la carta de alarma. Esta historia es apenas una m¨¢s de una cadena de m¨¢s de 30 matanzas paramilitares en el primer mes de este a?o. Los muertos pasan de los 160.

De no romperse los nexos entre paramilitares y militares, el Plan Colombia costear¨¢ bandas criminales

Los paras han crecido en los ¨²ltimos dos a?os a un ritmo cinco veces mayor que la guerrilla, revela un reciente informe del Ministerio de Defensa. Hoy estos hombres y mujeres que lucen prendas militares y un brazalete donde se lee AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en letras gigantes, que aterrorizan con su presencia, suman 8.000 seg¨²n el informe oficial. Seg¨²n Carlos Casta?o, m¨¢ximo dirigente de los paramilitares, este ej¨¦rcito irregular tiene ya 11.000 hombres.

Se sienten orgullosos de su labor contrainsurgente. 'Una tarea que le qued¨® grande al Ej¨¦rcito', le dijo a este peri¨®dico un comandante paramilitar a finales del a?o pasado, en la Hormiga, provincia de Putumayo, el epicentro de la ejecuci¨®n del Plan Colombia y su ayuda militar donada por Estados Unidos. Lo dijo en una larga entrevista, un caluroso mediod¨ªa, en un restaurante c¨¦ntrico, mientras en las cuatro esquinas rondaban los soldados regulares.

Un profesional de esta misma provincia argument¨® con desfachatez : 'El Ej¨¦rcito est¨¢ maniatado por el cuento de los derechos humanos'. Y ante el asombro de quien lo escuchaba agreg¨® en tono confidencial: 'Una persona en la que conf¨ªo me asegura que s¨®lo mata a los que son'. Pero todos saben que los 160 muertos de este a?o, los casi mil del a?o pasado, son hombres y mujeres desarmados, a los que asesinan a mansalva.

El informe oficial dice que han crecido al ritmo que aumentan sus ingresos por cuenta del narcotr¨¢fico, ya que desde siempre han estado ligados estos dos fen¨®menos. Hay otras razones. El a?o pasado, el analista Alfredo Rangel se refiri¨® a estos grupos como 'una realidad militar y pol¨ªtica inocultable', y pronosticaba que sus 'crecientes nexos con el establecimiento' les garantizaba 'su crecimiento futuro'.

Un reciente editorial del diario El Tiempo -el m¨¢s influyente del pa¨ªs- lo confirma: 'Hay quienes desde las altas esferas pol¨ªticas o empresariales apuestan a la f¨®rmula salvadora de Casta?o'. Y advierte: 'El remedio puede ser peor que la enfermedad'. 'Hemos sido demasiado complacientes con los paramilitares. El Estado, los militares, los medios y la sociedad', escribi¨® Francisco Santos tambi¨¦n en El Tiempo.

Para muchos, las AUC han crecido aprovechando la tolerancia abonada por las 'atrocidades de la guerrilla'. Los secuestros, los atentados contra la infraestructura econ¨®mica son la excusa para quienes los apoyan, de frente o en voz baja.

Mary Robinson, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, visit¨® el pa¨ªs a finales del a?o pasado y se fue preocupada; preocupada porque constat¨® la tendencia de los colombianos a apoyar a estos grupos: 'Espero que no caigan en esa trampa. Los paramilitares no son sus amigos, ellos no apoyan a la poblaci¨®n civil porque est¨¢n violando la ley y debilitando la legitimidad del Gobierno', dijo.

'Hay toda una estrategia de opini¨®n p¨²blica para mostrar que la reacci¨®n paramilitar, por los excesos de la guerrilla, es una acci¨®n pol¨ªtica que tiene el respaldo de muchos sectores. Crearon un monstruo que se va a salir de sus vestiduras', dice Jorge Rojas, de la ONG Paz Colombia.

La visita de la alta comisionada se dio a comienzos de diciembre pasado, cuando estaba a¨²n viva la imagen dolorosa de otra matanza paramilitar: la de la Ci¨¦naga Grande de Santa Marta, en la regi¨®n Caribe. Setenta paras cubiertos por la noche entraron a los pueblos lacustres y asesinaron de una vez a 45 -las cifras extraoficiales hablan de 60- hombres del agua, como se definen estos humildes pescadores de la ci¨¦naga. 'La guerrilla deambula por ac¨¢ y luego esos malditos [los paras] creen que uno est¨¢ con ellos. Todos los armados son contrincantes de nosotros, los del pueblo', le dijo a este peri¨®dico un pescador d¨ªas despu¨¦s de la matanza.

A Mary Robinson le sorprendi¨® que ni el presidente ni ninguno de sus ministros hubiera estado en el entierro de estos hombres. Y le tir¨® de las orejas al Gobierno: 'Tengo la impresi¨®n de que el Gobierno, pese al compromiso verbal muy firme de combatirlos, en la pr¨¢ctica no ha contrarrestado la acci¨®n de estos grupos'.

El Gobierno no desconoce la gravedad del problema: 'Est¨¢ afectando de lleno a la sociedad y a todas las pol¨ªticas del Gobierno: la de derechos humanos, la de b¨²squeda de la paz y la de la b¨²squeda de convivencia y seguridad ciudadana', reconoci¨® hace poco a la revista Cambio Gonzalo de Francisco, consejero presidencial.

Pero tambi¨¦n cree que es el Gobierno el que m¨¢s ha hecho para frenar las matanzas de estas bandas de matones. Dan cifras: las detenciones pasaron de 100 en 1997 a 300 en 1998. De enero a noviembre del a?o pasado se dieron 145 acciones en su contra. Este a?o detuvieron a Niche, mano derecha de Casta?o, en la costa Caribe, y en un intento de rescate con helic¨®ptero incluido se present¨® el primer enfrentamiento de la polic¨ªa y los hombres de la AUC. En la lista de logros figura tambi¨¦n el retiro, el a?o pasado, de m¨¢s de 300 militares, 38 de ellos oficiales. Algunos de ellos, lo registr¨® la televisi¨®n, se enrolaron de inmediato en las filas paramilitares.

Este a?o, a medida que aumentan las matanzas, ha aumentado el anuncio de nuevas medidas: una brigada para judicializar a quienes financien a estos grupos de extrema derecha, comandos especiales, se activ¨® el Centro de Coordinaci¨®n para esta lucha creado hace un a?o. Para la Comisi¨®n Colombiana de Juristas, una de las ONG m¨¢s respetadas en el pa¨ªs, esta ¨²ltima es una medida mal concebida. 'Las operaciones las hacen las unidades militares locales, unidades que, supuesta o realmente, tienen nexos con estos ej¨¦rcitos irregulares'.

Esta organizaci¨®n, que funciona en pleno centro de Bogot¨¢, en oficinas blindadas, se remite a los antecedentes de estos grupos: nacieron como autodefensas en l965, cuando se autoriz¨® a la fuerza p¨²blica para armar a los civiles y hacer frente a la guerrilla; en 1989 fueron ilegalizados, pero siguieron creciendo en medio de denuncias de nexos con narcotraficantes y militares.

Un reciente editorial de The New York Times planteaba un temor: de no romperse los nexos entre paramilitares y fuerzas militares, los dineros del Plan Colombia terminar¨¢n financiando a las bandas criminales. La embajadora norteamericana ya lo advirti¨®: puede peligrar el Plan si no se frenan las acciones de las AUC. Y anunciaron que retirar¨¢n el visado a quienes los apoyen.

El comandante de las fuerzas militares, general Fernando Tapias, se defiende: 'Son algunos miembros los que han asumido una actitud delictiva, no la instituci¨®n', repiti¨® en una reciente entrevista, y se remiti¨® a una encuesta que revela que hay m¨¢s militares que civiles que piden 'combatir sin tregua el fen¨®meno paramilitar'.

El horror de Barranca

Hace un tiempo, Casta?o anunci¨® que esperaba tomarse un caf¨¦ en los barrios norte y sur orientales de Barranca Bermeja, que han crecido en los ¨²ltimos a?os con los desplazados que ha dejado la violencia de m¨¢s de 30 a?os en la regi¨®n del Magdalena Medio.

Este puerto petrolero, ligado a la historia del ELN (Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional), con fuerte presencia insurgente y, de acuerdo a su tama?o, una de las ciudades m¨¢s militarizadas de Am¨¦rica Latina, se ha convertido para Casta?o en la china de su zapato para completar su proyecto de expulsar a la guerrilla de la zona. Tres d¨ªas antes de A?o Nuevo las AUC anunciaron 'la guerra frontal'. De seguir la tendencia de la cadena de muertes, superar¨ªa la cifra de asesinatos selectivos del a?o pasado, que fue de 482.

La Comisi¨®n Colombiana de Juristas no ha parado de hacer denuncias ante el Ministerio de Defensa: una tanqueta de la polic¨ªa que rescat¨® a un grupo de paras; otra que recorri¨® los barrios de desplazados seguida por un grupo que repart¨ªa comunicados de las AUC. El Gobierno envi¨® fuerzas especiales, pero las denuncias no paran: 'Se tomaron casas, dimos direcciones y ah¨ª est¨¢n' .

A muchos habitantes les han dado el plazo de 24 horas para abandonar sus viviendas. 'Dejo aqu¨ª lo que me cost¨® 15 a?os levantar', dijo una mujer anegada en l¨¢grimas mientras echaba candado a su humilde port¨®n. El pasado s¨¢bado, por la ma?ana, hombres de la AUC llegaron a un comedor popular de una organizaci¨®n femenina de las barriadas nororientales. De manera amenazante, les anunciaron que deb¨ªan desalojar antes de las seis de la tarde, pues necesitaban el local como centro de operaciones. Las ONG nacionales e internacionales reaccionaron en bloque, se logr¨® que la polic¨ªa fuera al lugar y detuviera a uno de los hombres. Las mujeres siguen all¨ª, resistiendo, al frente de su labor comunitaria

?Qu¨¦ hacer? '?Qui¨¦n para a los paras ?', titul¨® la revista Cambio en una nota que termina pidiendo entrar en raz¨®n a los que 'se han dejado seducir por Casta?o'.

Para el general Fernando Tapias, uno de los factores que m¨¢s ha fortalecido el fen¨®meno es el secuestro, 3.000 el a?o pasado, la mayor¨ªa por cuenta de la guerrilla. Por esto, dice, si se acabara este delito ser¨ªa como darle 'partida de defunci¨®n' a estos grupos.

La Comisi¨®n Colombiana de Juristas condena de manera enf¨¢tica el secuestro . 'Es de los peores atentados contra la dignidad humana', pero piensan que no justifica la acci¨®n paramilitar .

Ana Teresa Bernal de Redepaz cree que se est¨¢ haciendo tarde para hacer algo: 'Los resultados se deben medir en t¨¦rminos de protecci¨®n a la poblaci¨®n civil'. Daniel Garc¨ªa Pe?a, ex comisionado de paz del pasado Gobierno, es partidario de una decisi¨®n de alto nivel; lo primero, dice, deslindar claramente las fuerzas institucionales de las paramilitares. 'Desafortunadamente, en Colombia se mantiene la idea de que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo' .

El defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, reconoce que el Estado, desbordado con tantos problemas, debe hacer m¨¢s, frente a este fen¨®meno, entre otras cosas, fortalecer la justicia, pues la impunidad 'ha reducido el precio de la vida en Colombia' .

Para algunos, los paramilitares son ya el 'ej¨¦rcito del establecimiento'; para otros hay detr¨¢s de ellos un s¨®lido proyecto pol¨ªtico de corte fascista. Lo real es que hay que terminar con esta 'cacer¨ªa de humanos', como lo calific¨® una campesina doblada por el dolor mientras contemplaba lo cuerpos de su hijo y de su hermano, asesinados sin piedad por los paramilitares.En octubre del a?o pasado, los habitantes de tres aldeas del mismo municipio enviaban una carta al presidente Pastrana: 'Queremos sentar nuestra voz de alerta ante usted y dem¨¢s organismos de seguridad del Estado para que se haga algo que evite una masacre en esta zona'.

Siete de los firmantes que confesaron por escrito 'somos personas apegadas a la Constituci¨®n, a la ley, a la familia, al amor de la tierra que sembramos', quedaron ah¨ª, tirados, hechos pedazos a machete, junto a los dem¨¢s sacrificados, en la polvorienta plaza central que sirvi¨® de escenario a la barbarie. A¨²n no se sabe en el escritorio de qu¨¦ funcionario permanece olvidada la carta de alarma. Esta historia es apenas una m¨¢s de una cadena de m¨¢s de 30 matanzas paramilitares en el primer mes de este a?o. Los muertos pasan de los 160.

Los paras han crecido en los ¨²ltimos dos a?os a un ritmo cinco veces mayor que la guerrilla, revela un reciente informe del Ministerio de Defensa. Hoy estos hombres y mujeres que lucen prendas militares y un brazalete donde se lee AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en letras gigantes, que aterrorizan con su presencia, suman 8.000 seg¨²n el informe oficial. Seg¨²n Carlos Casta?o, m¨¢ximo dirigente de los paramilitares, este ej¨¦rcito irregular tiene ya 11.000 hombres.

Se sienten orgullosos de su labor contrainsurgente. 'Una tarea que le qued¨® grande al Ej¨¦rcito', le dijo a este peri¨®dico un comandante paramilitar a finales del a?o pasado, en la Hormiga, provincia de Putumayo, el epicentro de la ejecuci¨®n del Plan Colombia y su ayuda militar donada por Estados Unidos. Lo dijo en una larga entrevista, un caluroso mediod¨ªa, en un restaurante c¨¦ntrico, mientras en las cuatro esquinas rondaban los soldados regulares.

Un profesional de esta misma provincia argument¨® con desfachatez : 'El Ej¨¦rcito est¨¢ maniatado por el cuento de los derechos humanos'. Y ante el asombro de quien lo escuchaba agreg¨® en tono confidencial: 'Una persona en la que conf¨ªo me asegura que s¨®lo mata a los que son'. Pero todos saben que los 160 muertos de este a?o, los casi mil del a?o pasado, son hombres y mujeres desarmados, a los que asesinan a mansalva.

El informe oficial dice que han crecido al ritmo que aumentan sus ingresos por cuenta del narcotr¨¢fico, ya que desde siempre han estado ligados estos dos fen¨®menos. Hay otras razones. El a?o pasado, el analista Alfredo Rangel se refiri¨® a estos grupos como 'una realidad militar y pol¨ªtica inocultable', y pronosticaba que sus 'crecientes nexos con el establecimiento' les garantizaba 'su crecimiento futuro'.

Un reciente editorial del diario El Tiempo -el m¨¢s influyente del pa¨ªs- lo confirma: 'Hay quienes desde las altas esferas pol¨ªticas o empresariales apuestan a la f¨®rmula salvadora de Casta?o'. Y advierte: 'El remedio puede ser peor que la enfermedad'. 'Hemos sido demasiado complacientes con los paramilitares. El Estado, los militares, los medios y la sociedad', escribi¨® Francisco Santos tambi¨¦n en El Tiempo.

Para muchos, las AUC han crecido aprovechando la tolerancia abonada por las 'atrocidades de la guerrilla'. Los secuestros, los atentados contra la infraestructura econ¨®mica son la excusa para quienes los apoyan, de frente o en voz baja.

Mary Robinson, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, visit¨® el pa¨ªs a finales del a?o pasado y se fue preocupada; preocupada porque constat¨® la tendencia de los colombianos a apoyar a estos grupos: 'Espero que no caigan en esa trampa. Los paramilitares no son sus amigos, ellos no apoyan a la poblaci¨®n civil porque est¨¢n violando la ley y debilitando la legitimidad del Gobierno', dijo.

'Hay toda una estrategia de opini¨®n p¨²blica para mostrar que la reacci¨®n paramilitar, por los excesos de la guerrilla, es una acci¨®n pol¨ªtica que tiene el respaldo de muchos sectores. Crearon un monstruo que se va a salir de sus vestiduras', dice Jorge Rojas, de la ONG Paz Colombia.

La visita de la alta comisionada se dio a comienzos de diciembre pasado, cuando estaba a¨²n viva la imagen dolorosa de otra matanza paramilitar: la de la Ci¨¦naga Grande de Santa Marta, en la regi¨®n Caribe. Setenta paras cubiertos por la noche entraron a los pueblos lacustres y asesinaron de una vez a 45 -las cifras extraoficiales hablan de 60- hombres del agua, como se definen estos humildes pescadores de la ci¨¦naga. 'La guerrilla deambula por ac¨¢ y luego esos malditos [los paras] creen que uno est¨¢ con ellos. Todos los armados son contrincantes de nosotros, los del pueblo', le dijo a este peri¨®dico un pescador d¨ªas despu¨¦s de la matanza.

A Mary Robinson le sorprendi¨® que ni el presidente ni ninguno de sus ministros hubiera estado en el entierro de estos hombres. Y le tir¨® de las orejas al Gobierno: 'Tengo la impresi¨®n de que el Gobierno, pese al compromiso verbal muy firme de combatirlos, en la pr¨¢ctica no ha contrarrestado la acci¨®n de estos grupos'.

El Gobierno no desconoce la gravedad del problema: 'Est¨¢ afectando de lleno a la sociedad y a todas las pol¨ªticas del Gobierno: la de derechos humanos, la de b¨²squeda de la paz y la de la b¨²squeda de convivencia y seguridad ciudadana', reconoci¨® hace poco a la revista Cambio Gonzalo de Francisco, consejero presidencial.

Pero tambi¨¦n cree que es el Gobierno el que m¨¢s ha hecho para frenar las matanzas de estas bandas de matones. Dan cifras: las detenciones pasaron de 100 en 1997 a 300 en 1998. De enero a noviembre del a?o pasado se dieron 145 acciones en su contra. Este a?o detuvieron a Niche, mano derecha de Casta?o, en la costa Caribe, y en un intento de rescate con helic¨®ptero incluido se present¨® el primer enfrentamiento de la polic¨ªa y los hombres de la AUC. En la lista de logros figura tambi¨¦n el retiro, el a?o pasado, de m¨¢s de 300 militares, 38 de ellos oficiales. Algunos de ellos, lo registr¨® la televisi¨®n, se enrolaron de inmediato en las filas paramilitares.

Este a?o, a medida que aumentan las matanzas, ha aumentado el anuncio de nuevas medidas: una brigada para judicializar a quienes financien a estos grupos de extrema derecha, comandos especiales, se activ¨® el Centro de Coordinaci¨®n para esta lucha creado hace un a?o. Para la Comisi¨®n Colombiana de Juristas, una de las ONG m¨¢s respetadas en el pa¨ªs, esta ¨²ltima es una medida mal concebida. 'Las operaciones las hacen las unidades militares locales, unidades que, supuesta o realmente, tienen nexos con estos ej¨¦rcitos irregulares'.

Esta organizaci¨®n, que funciona en pleno centro de Bogot¨¢, en oficinas blindadas, se remite a los antecedentes de estos grupos: nacieron como autodefensas en l965, cuando se autoriz¨® a la fuerza p¨²blica para armar a los civiles y hacer frente a la guerrilla; en 1989 fueron ilegalizados, pero siguieron creciendo en medio de denuncias de nexos con narcotraficantes y militares.

Un reciente editorial de The New York Times planteaba un temor: de no romperse los nexos entre paramilitares y fuerzas militares, los dineros del Plan Colombia terminar¨¢n financiando a las bandas criminales. La embajadora norteamericana ya lo advirti¨®: puede peligrar el Plan si no se frenan las acciones de las AUC. Y anunciaron que retirar¨¢n el visado a quienes los apoyen.

El comandante de las fuerzas militares, general Fernando Tapias, se defiende: 'Son algunos miembros los que han asumido una actitud delictiva, no la instituci¨®n', repiti¨® en una reciente entrevista, y se remiti¨® a una encuesta que revela que hay m¨¢s militares que civiles que piden 'combatir sin tregua el fen¨®meno paramilitar'.

El horror de Barranca

Hace un tiempo, Casta?o anunci¨® que esperaba tomarse un caf¨¦ en los barrios norte y sur orientales de Barranca Bermeja, que han crecido en los ¨²ltimos a?os con los desplazados que ha dejado la violencia de m¨¢s de 30 a?os en la regi¨®n del Magdalena Medio.

Este puerto petrolero, ligado a la historia del ELN (Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional), con fuerte presencia insurgente y, de acuerdo a su tama?o, una de las ciudades m¨¢s militarizadas de Am¨¦rica Latina, se ha convertido para Casta?o en la china de su zapato para completar su proyecto de expulsar a la guerrilla de la zona. Tres d¨ªas antes de A?o Nuevo las AUC anunciaron 'la guerra frontal'. De seguir la tendencia de la cadena de muertes, superar¨ªa la cifra de asesinatos selectivos del a?o pasado, que fue de 482.

La Comisi¨®n Colombiana de Juristas no ha parado de hacer denuncias ante el Ministerio de Defensa: una tanqueta de la polic¨ªa que rescat¨® a un grupo de paras; otra que recorri¨® los barrios de desplazados seguida por un grupo que repart¨ªa comunicados de las AUC. El Gobierno envi¨® fuerzas especiales, pero las denuncias no paran: 'Se tomaron casas, dimos direcciones y ah¨ª est¨¢n' .

A muchos habitantes les han dado el plazo de 24 horas para abandonar sus viviendas. 'Dejo aqu¨ª lo que me cost¨® 15 a?os levantar', dijo una mujer anegada en l¨¢grimas mientras echaba candado a su humilde port¨®n. El pasado s¨¢bado, por la ma?ana, hombres de la AUC llegaron a un comedor popular de una organizaci¨®n femenina de las barriadas nororientales. De manera amenazante, les anunciaron que deb¨ªan desalojar antes de las seis de la tarde, pues necesitaban el local como centro de operaciones. Las ONG nacionales e internacionales reaccionaron en bloque, se logr¨® que la polic¨ªa fuera al lugar y detuviera a uno de los hombres. Las mujeres siguen all¨ª, resistiendo, al frente de su labor comunitaria

?Qu¨¦ hacer? '?Qui¨¦n para a los paras ?', titul¨® la revista Cambio en una nota que termina pidiendo entrar en raz¨®n a los que 'se han dejado seducir por Casta?o'.

Para el general Fernando Tapias, uno de los factores que m¨¢s ha fortalecido el fen¨®meno es el secuestro, 3.000 el a?o pasado, la mayor¨ªa por cuenta de la guerrilla. Por esto, dice, si se acabara este delito ser¨ªa como darle 'partida de defunci¨®n' a estos grupos.

La Comisi¨®n Colombiana de Juristas condena de manera enf¨¢tica el secuestro . 'Es de los peores atentados contra la dignidad humana', pero piensan que no justifica la acci¨®n paramilitar .

Ana Teresa Bernal de Redepaz cree que se est¨¢ haciendo tarde para hacer algo: 'Los resultados se deben medir en t¨¦rminos de protecci¨®n a la poblaci¨®n civil'. Daniel Garc¨ªa Pe?a, ex comisionado de paz del pasado Gobierno, es partidario de una decisi¨®n de alto nivel; lo primero, dice, deslindar claramente las fuerzas institucionales de las paramilitares. 'Desafortunadamente, en Colombia se mantiene la idea de que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo' .

El defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, reconoce que el Estado, desbordado con tantos problemas, debe hacer m¨¢s, frente a este fen¨®meno, entre otras cosas, fortalecer la justicia, pues la impunidad 'ha reducido el precio de la vida en Colombia' .

Para algunos, los paramilitares son ya el 'ej¨¦rcito del establecimiento'; para otros hay detr¨¢s de ellos un s¨®lido proyecto pol¨ªtico de corte fascista. Lo real es que hay que terminar con esta 'cacer¨ªa de humanos', como lo calific¨® una campesina doblada por el dolor mientras contemplaba lo cuerpos de su hijo y de su hermano, asesinados sin piedad por los paramilitares.En octubre del a?o pasado, los habitantes de tres aldeas del mismo municipio enviaban una carta al presidente Pastrana: 'Queremos sentar nuestra voz de alerta ante usted y dem¨¢s organismos de seguridad del Estado para que se haga algo que evite una masacre en esta zona'.

Siete de los firmantes que confesaron por escrito 'somos personas apegadas a la Constituci¨®n, a la ley, a la familia, al amor de la tierra que sembramos', quedaron ah¨ª, tirados, hechos pedazos a machete, junto a los dem¨¢s sacrificados, en la polvorienta plaza central que sirvi¨® de escenario a la barbarie. A¨²n no se sabe en el escritorio de qu¨¦ funcionario permanece olvidada la carta de alarma. Esta historia es apenas una m¨¢s de una cadena de m¨¢s de 30 matanzas paramilitares en el primer mes de este a?o. Los muertos pasan de los 160.

Los paras han crecido en los ¨²ltimos dos a?os a un ritmo cinco veces mayor que la guerrilla, revela un reciente informe del Ministerio de Defensa. Hoy estos hombres y mujeres que lucen prendas militares y un brazalete donde se lee AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en letras gigantes, que aterrorizan con su presencia, suman 8.000 seg¨²n el informe oficial. Seg¨²n Carlos Casta?o, m¨¢ximo dirigente de los paramilitares, este ej¨¦rcito irregular tiene ya 11.000 hombres.

Se sienten orgullosos de su labor contrainsurgente. 'Una tarea que le qued¨® grande al Ej¨¦rcito', le dijo a este peri¨®dico un comandante paramilitar a finales del a?o pasado, en la Hormiga, provincia de Putumayo, el epicentro de la ejecuci¨®n del Plan Colombia y su ayuda militar donada por Estados Unidos. Lo dijo en una larga entrevista, un caluroso mediod¨ªa, en un restaurante c¨¦ntrico, mientras en las cuatro esquinas rondaban los soldados regulares.

Un profesional de esta misma provincia argument¨® con desfachatez : 'El Ej¨¦rcito est¨¢ maniatado por el cuento de los derechos humanos'. Y ante el asombro de quien lo escuchaba agreg¨® en tono confidencial: 'Una persona en la que conf¨ªo me asegura que s¨®lo mata a los que son'. Pero todos saben que los 160 muertos de este a?o, los casi mil del a?o pasado, son hombres y mujeres desarmados, a los que asesinan a mansalva.

El informe oficial dice que han crecido al ritmo que aumentan sus ingresos por cuenta del narcotr¨¢fico, ya que desde siempre han estado ligados estos dos fen¨®menos. Hay otras razones. El a?o pasado, el analista Alfredo Rangel se refiri¨® a estos grupos como 'una realidad militar y pol¨ªtica inocultable', y pronosticaba que sus 'crecientes nexos con el establecimiento' les garantizaba 'su crecimiento futuro'.

Un reciente editorial del diario El Tiempo -el m¨¢s influyente del pa¨ªs- lo confirma: 'Hay quienes desde las altas esferas pol¨ªticas o empresariales apuestan a la f¨®rmula salvadora de Casta?o'. Y advierte: 'El remedio puede ser peor que la enfermedad'. 'Hemos sido demasiado complacientes con los paramilitares. El Estado, los militares, los medios y la sociedad', escribi¨® Francisco Santos tambi¨¦n en El Tiempo.

Para muchos, las AUC han crecido aprovechando la tolerancia abonada por las 'atrocidades de la guerrilla'. Los secuestros, los atentados contra la infraestructura econ¨®mica son la excusa para quienes los apoyan, de frente o en voz baja.

Mary Robinson, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, visit¨® el pa¨ªs a finales del a?o pasado y se fue preocupada; preocupada porque constat¨® la tendencia de los colombianos a apoyar a estos grupos: 'Espero que no caigan en esa trampa. Los paramilitares no son sus amigos, ellos no apoyan a la poblaci¨®n civil porque est¨¢n violando la ley y debilitando la legitimidad del Gobierno', dijo.

'Hay toda una estrategia de opini¨®n p¨²blica para mostrar que la reacci¨®n paramilitar, por los excesos de la guerrilla, es una acci¨®n pol¨ªtica que tiene el respaldo de muchos sectores. Crearon un monstruo que se va a salir de sus vestiduras', dice Jorge Rojas, de la ONG Paz Colombia.

La visita de la alta comisionada se dio a comienzos de diciembre pasado, cuando estaba a¨²n viva la imagen dolorosa de otra matanza paramilitar: la de la Ci¨¦naga Grande de Santa Marta, en la regi¨®n Caribe. Setenta paras cubiertos por la noche entraron a los pueblos lacustres y asesinaron de una vez a 45 -las cifras extraoficiales hablan de 60- hombres del agua, como se definen estos humildes pescadores de la ci¨¦naga. 'La guerrilla deambula por ac¨¢ y luego esos malditos [los paras] creen que uno est¨¢ con ellos. Todos los armados son contrincantes de nosotros, los del pueblo', le dijo a este peri¨®dico un pescador d¨ªas despu¨¦s de la matanza.

A Mary Robinson le sorprendi¨® que ni el presidente ni ninguno de sus ministros hubiera estado en el entierro de estos hombres. Y le tir¨® de las orejas al Gobierno: 'Tengo la impresi¨®n de que el Gobierno, pese al compromiso verbal muy firme de combatirlos, en la pr¨¢ctica no ha contrarrestado la acci¨®n de estos grupos'.

El Gobierno no desconoce la gravedad del problema: 'Est¨¢ afectando de lleno a la sociedad y a todas las pol¨ªticas del Gobierno: la de derechos humanos, la de b¨²squeda de la paz y la de la b¨²squeda de convivencia y seguridad ciudadana', reconoci¨® hace poco a la revista Cambio Gonzalo de Francisco, consejero presidencial.

Pero tambi¨¦n cree que es el Gobierno el que m¨¢s ha hecho para frenar las matanzas de estas bandas de matones. Dan cifras: las detenciones pasaron de 100 en 1997 a 300 en 1998. De enero a noviembre del a?o pasado se dieron 145 acciones en su contra. Este a?o detuvieron a Niche, mano derecha de Casta?o, en la costa Caribe, y en un intento de rescate con helic¨®ptero incluido se present¨® el primer enfrentamiento de la polic¨ªa y los hombres de la AUC. En la lista de logros figura tambi¨¦n el retiro, el a?o pasado, de m¨¢s de 300 militares, 38 de ellos oficiales. Algunos de ellos, lo registr¨® la televisi¨®n, se enrolaron de inmediato en las filas paramilitares.

Este a?o, a medida que aumentan las matanzas, ha aumentado el anuncio de nuevas medidas: una brigada para judicializar a quienes financien a estos grupos de extrema derecha, comandos especiales, se activ¨® el Centro de Coordinaci¨®n para esta lucha creado hace un a?o. Para la Comisi¨®n Colombiana de Juristas, una de las ONG m¨¢s respetadas en el pa¨ªs, esta ¨²ltima es una medida mal concebida. 'Las operaciones las hacen las unidades militares locales, unidades que, supuesta o realmente, tienen nexos con estos ej¨¦rcitos irregulares'.

Esta organizaci¨®n, que funciona en pleno centro de Bogot¨¢, en oficinas blindadas, se remite a los antecedentes de estos grupos: nacieron como autodefensas en l965, cuando se autoriz¨® a la fuerza p¨²blica para armar a los civiles y hacer frente a la guerrilla; en 1989 fueron ilegalizados, pero siguieron creciendo en medio de denuncias de nexos con narcotraficantes y militares.

Un reciente editorial de The New York Times planteaba un temor: de no romperse los nexos entre paramilitares y fuerzas militares, los dineros del Plan Colombia terminar¨¢n financiando a las bandas criminales. La embajadora norteamericana ya lo advirti¨®: puede peligrar el Plan si no se frenan las acciones de las AUC. Y anunciaron que retirar¨¢n el visado a quienes los apoyen.

El comandante de las fuerzas militares, general Fernando Tapias, se defiende: 'Son algunos miembros los que han asumido una actitud delictiva, no la instituci¨®n', repiti¨® en una reciente entrevista, y se remiti¨® a una encuesta que revela que hay m¨¢s militares que civiles que piden 'combatir sin tregua el fen¨®meno paramilitar'.

El horror de Barranca

Hace un tiempo, Casta?o anunci¨® que esperaba tomarse un caf¨¦ en los barrios norte y sur orientales de Barranca Bermeja, que han crecido en los ¨²ltimos a?os con los desplazados que ha dejado la violencia de m¨¢s de 30 a?os en la regi¨®n del Magdalena Medio.

Este puerto petrolero, ligado a la historia del ELN (Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional), con fuerte presencia insurgente y, de acuerdo a su tama?o, una de las ciudades m¨¢s militarizadas de Am¨¦rica Latina, se ha convertido para Casta?o en la china de su zapato para completar su proyecto de expulsar a la guerrilla de la zona. Tres d¨ªas antes de A?o Nuevo las AUC anunciaron 'la guerra frontal'. De seguir la tendencia de la cadena de muertes, superar¨ªa la cifra de asesinatos selectivos del a?o pasado, que fue de 482.

La Comisi¨®n Colombiana de Juristas no ha parado de hacer denuncias ante el Ministerio de Defensa: una tanqueta de la polic¨ªa que rescat¨® a un grupo de paras; otra que recorri¨® los barrios de desplazados seguida por un grupo que repart¨ªa comunicados de las AUC. El Gobierno envi¨® fuerzas especiales, pero las denuncias no paran: 'Se tomaron casas, dimos direcciones y ah¨ª est¨¢n' .

A muchos habitantes les han dado el plazo de 24 horas para abandonar sus viviendas. 'Dejo aqu¨ª lo que me cost¨® 15 a?os levantar', dijo una mujer anegada en l¨¢grimas mientras echaba candado a su humilde port¨®n. El pasado s¨¢bado, por la ma?ana, hombres de la AUC llegaron a un comedor popular de una organizaci¨®n femenina de las barriadas nororientales. De manera amenazante, les anunciaron que deb¨ªan desalojar antes de las seis de la tarde, pues necesitaban el local como centro de operaciones. Las ONG nacionales e internacionales reaccionaron en bloque, se logr¨® que la polic¨ªa fuera al lugar y detuviera a uno de los hombres. Las mujeres siguen all¨ª, resistiendo, al frente de su labor comunitaria

?Qu¨¦ hacer? '?Qui¨¦n para a los paras ?', titul¨® la revista Cambio en una nota que termina pidiendo entrar en raz¨®n a los que 'se han dejado seducir por Casta?o'.

Para el general Fernando Tapias, uno de los factores que m¨¢s ha fortalecido el fen¨®meno es el secuestro, 3.000 el a?o pasado, la mayor¨ªa por cuenta de la guerrilla. Por esto, dice, si se acabara este delito ser¨ªa como darle 'partida de defunci¨®n' a estos grupos.

La Comisi¨®n Colombiana de Juristas condena de manera enf¨¢tica el secuestro . 'Es de los peores atentados contra la dignidad humana', pero piensan que no justifica la acci¨®n paramilitar .

Ana Teresa Bernal de Redepaz cree que se est¨¢ haciendo tarde para hacer algo: 'Los resultados se deben medir en t¨¦rminos de protecci¨®n a la poblaci¨®n civil'. Daniel Garc¨ªa Pe?a, ex comisionado de paz del pasado Gobierno, es partidario de una decisi¨®n de alto nivel; lo primero, dice, deslindar claramente las fuerzas institucionales de las paramilitares. 'Desafortunadamente, en Colombia se mantiene la idea de que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo' .

El defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, reconoce que el Estado, desbordado con tantos problemas, debe hacer m¨¢s, frente a este fen¨®meno, entre otras cosas, fortalecer la justicia, pues la impunidad 'ha reducido el precio de la vida en Colombia' .

Para algunos, los paramilitares son ya el 'ej¨¦rcito del establecimiento'; para otros hay detr¨¢s de ellos un s¨®lido proyecto pol¨ªtico de corte fascista. Lo real es que hay que terminar con esta 'cacer¨ªa de humanos', como lo calific¨® una campesina doblada por el dolor mientras contemplaba lo cuerpos de su hijo y de su hermano, asesinados sin piedad por los paramilitares.