Los rectorados dar¨¢n la batalla jur¨ªdica para evitar que la Generalitat 'controle' los consejos sociales

La posibilidad de que la Generalitat se haga con el control de hecho de la gesti¨®n universitaria mediante los cambios previstos en la composici¨®n, estructura y competencias de los consejos sociales de la Universidad -desarrollados en el anteproyecto de ley entregado el mi¨¦rcoles a los rectores- ha disparado la alarma en el sistema universitario p¨²blico valenciano. 'Las universidades har¨¢n una evaluaci¨®n cr¨ªtica', adelant¨® el rector en funciones de la Universidad de Alicante, Salvador Ord¨®?ez, quien se limit¨® a precisar: 'No es que la universidad no est¨¦ dispuesta a someterse a un determinado control. Agradecemos la colaboraci¨®n de la sociedad, pero no el intervencionismo pol¨ªtico', en referencia al peso pol¨ªtico que se reserva la Generalitat, en alianza con las patronales, al dise?ar un ¨®rgano en el que designar¨¢n a 20 de los 35 miembros. '?ste es el aspecto de m¨¢s calado', coinciden fuentes de la Universidad de Valencia y de la Polit¨¦cnica.

En definitiva, la sobrerrepresentaci¨®n pol¨ªtica y 'el incremento de las competencias econ¨®micas y de gesti¨®n universitaria', que quedar¨ªa blindado con 'rango de ley', edificado sobre una potente estructura administrativa paralela a la acad¨¦mica, son los aspectos jur¨ªdicos en los que trabajan los rectorados y los servicios jur¨ªdicos para evitar 'el intervencionismo' y medir las consecuencias de la entrada en funcionamiento de la futura ley. 'Se est¨¢ realizando una exhaustiva evaluaci¨®n sobre la posible repercusi¨®n negativa que pudiera tener, no la ley en s¨ª misma, sino su aplicaci¨®n y desarrollo reglamentario sobre la autonom¨ªa universitaria'.

El consejero Manuel Taranc¨®n rechaz¨® ayer este extremo asegurando que 'todas las modificaciones introducidas en el borrador est¨¢n en vigor en las leyes de otras autonom¨ªas'. Un principio que es cierto, pero incompleto. Lo in¨¦dito del modelo Zaplana es que introduce de golpe m¨¢s de medio centenar de modificaciones realizadas en los consejos sociales de 15 autonom¨ªas, cuyo resultado es un potente instrumento jur¨ªdico de consecuencias dif¨ªciles de evaluar (deroga las leyes vigentes desde 1985 y obliga a cambiar los Estatutos universitarios).

Con todo, y en previsi¨®n a las cr¨ªticas de los rectores, el Consell anex¨® al proyecto un 'argumentario' en el que subraya que 'los consejos sociales son un ¨®rgano de la Universidad y, por tanto, el ejercicio de sus competencias no vulnera la autonom¨ªa universitaria, en tanto son ejercidas por la propia Universidad a trav¨¦s de un ¨®rgano propio como es el consejo social'. Sin embargo, este argumento, seg¨²n juristas consultados, 'no garantiza por s¨ª s¨®lo que el ulterior desarrollo y aplicaci¨®n de la ley se sit¨²e al borde de la inconstitucionalidad'.