Una ley contra la historia

Dec¨ªamos hace ya unos meses que la pol¨ªtica de inmigraci¨®n debe ser asumida por todos los poderes p¨²blicos y organizaciones sociales, como una verdadera cuesti¨®n de Estado que propicie un gran pacto pol¨ªtico, social y moral, para evitar que nuestro pa¨ªs se desgarre con actitudes racistas, xen¨®fobas y demag¨®gicas, cada d¨ªa m¨¢s frecuentes. Y si propici¨¢bamos este compromiso global de toda la sociedad en materia de inmigraci¨®n, lo hac¨ªamos no s¨®lo por razones de pura justicia y solidaridad, sino tambi¨¦n, convencidos de que una actitud unitaria de toda la sociedad en esta trascendental cuesti¨®n, constituir¨ªa un pedag¨®gico instrumento para afrontar con prudencia, pero tambi¨¦n con generosidad, el proceso de encuentro universal de culturas y razas hacia el que camina inexorablemente la historia de la humanidad, empujada por los tremendos desequilibrios poblacionales territoriales y por las profundas desigualdades de todo orden existentes en el planeta. Un proceso en el que unos y otros cederemos algo de nosotros mismos, porque, casi profetizan las palabras de Sami Na?r, 'sabemos que todas las identidades se van a transformar; ¨¦sta es una certeza para el siglo XXI; y m¨¢s vale prepararse para ello; es decir, educar a los pueblos, en vez de confiar ciegamente a las leyes del mercado'.

Pero este proceso hist¨®rico de mestizaje universal tiene en el racismo y la xenofobia la mayor amenaza al comienzo del nuevo siglo. Un racismo que se manifiesta terrorista, violento o sutil y oculto, pero presente en nuestras sociedades desarrolladas. Por eso, advert¨ªamos tambi¨¦n en v¨ªsperas del debate parlamentario sobre la Ley de Extranjer¨ªa, ahora regresivamente reformada por impulso del PP, y en cumplimiento de una de las promesas electorales que le proporcionaron la mayor¨ªa absoluta, que quien impidiera u obstaculizara el necesario acuerdo o pacto global en materia de inmigraci¨®n, por razones partidistas o simplemente ego¨ªstas, incurrir¨ªa en una grave responsabilidad de la que alg¨²n d¨ªa deber¨¢ rendir cuentas ante la sociedad. Y sin lugar a dudas, los hechos m¨¢s recientes ocurridos en nuestro pa¨ªs, en torno a la dif¨ªcil cuesti¨®n, que no problema, de la inmigraci¨®n, comienzan ya a poner en evidencia el grav¨ªsimo error hist¨®rico que supone la regresiva reforma de las pol¨ªticas de inmigraci¨®n en nuestro pa¨ªs y que permiten calificar a la nueva Ley de Extranjer¨ªa como una ley contra la historia.

Porque ninguna ley podr¨¢ impedir ni frenar el flujo constante a las sociedades favorecidas de inmigrantes sin recursos. Podr¨¢ obstaculizarse este proceso; y seguro que una ley como la aprobada, contribuye a fomentar y generalizar actitudes ego¨ªstas y de rechazo al inmigrante pobre, diferente y extra?o. ?sta es la consecuencia necesaria de una pol¨ªtica de inmigraci¨®n que potencia la imagen social del inmigrante como una persona sin derechos. Primero son la explotraci¨®n laboral y sexual; ya comienza a aflorar la siniestralidad laboral; despu¨¦s, cuando la bonanza decline, ser¨¢ la persecuci¨®n. Triste bagaje el que se llevar¨¢ este obcecado legislador a las vitrinas de un poder coyuntural, del que le despertar¨¢ el griter¨ªo de las conciencias cr¨ªticas.

Por eso, no debemos renunciar a una acci¨®n pol¨ªtica, social y jur¨ªdica imaginativa, decidida y constructiva, para propiciar la integraci¨®n de los que reclaman una parte de nuestro bienestar, luchando por el pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales. Instituciones como el Defensor del Pueblo en sus diferentes ¨¢mbitos territoriales, la judicatura, el ministerio fiscal, los colegios de abogados y las organizaciones sociales comprometidas en la defensa de los derechos de las personas, debemos alzar nuestra voz y aplicar nuestros conocimientos y compromisos en la defensa y vigencia del Estado social y democr¨¢tico de Derecho que nuestra Constituci¨®n proclama, exigiendo el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, con independencia de su origen, condici¨®n, cultura o color; al tiempo que debemos exigir tambi¨¦n de todos los poderes p¨²blicos y de todas las organizaciones pol¨ªticas una regulaci¨®n humanitaria y generosa de los flujos migratorios.

Ante el retroceso que supone la nueva Ley de Extranjer¨ªa, que tira por tierra todo el trabajo de los ¨²ltimos a?os, creemos ineludible la asunci¨®n generalizada de los siguientes compromisos en materia de inmigraci¨®n: 1?) Es necesario fomentar el conocimiento y la denuncia de situaciones injustas, racistas, xen¨®fobas e insolidarias, que atentan contra los derechos humanos de los inmigrantes. 2?) Se debe proceder a la regularizaci¨®n de todas las personas inmigrantes que residen en nuestro pa¨ªs, y que pueden acreditar cualquier tipo de arraigo laboral o social, reformando el sistema de permisos de trabajo y residencia, as¨ª como los tr¨¢mites de renovaci¨®n, en orden a evitar las inseguridades e inconvenientes de la normativa actual. 3?) Es necesaria una verdadera pol¨ªtica de integraci¨®n, basada en la plenitud de los derechos fundamentales, pol¨ªticos, sociales y culturales de todos los inmigrantes, que permita el reagrupamiento familiar autom¨¢tico de los inmigrantes regularizados o no, casados o que acrediten uniones de hecho. 4?) Se debe garantizar el acceso de todos los inmigrantes a la formaci¨®n ocupacional, la atenci¨®n sanitaria autom¨¢tica, a una vivienda digna y a los servicios sociales generales. 5?) Es ineludible la escolarizaci¨®n total de sus hijos e hijas, independientemente de su situaci¨®n jur¨ªdica y la de sus padres. 6?) Se deben suprimir las facultades discrecionales de la Administraci¨®n en la interpretaci¨®n de normas y permisos, garantizando una tutela judicial efectiva de las personas inmigrantes sobre cualquier decisi¨®n de la Administraci¨®n, incluidas las medidas previas de expulsi¨®n. 7?) Se deben suprimir las campa?as policiales indiscriminadas de identificaci¨®n y detenci¨®n, para comprobar los permisos de personas con rasgos sociales determinados. 8?) Toda persona que llegue a nuestro pa¨ªs en situaci¨®n de necesidad y por cualquier medio de transporte, debe ser atendido humanitariamente por los poderes y servicios p¨²blicos, al margen de la decisi¨®n posterior sobre su status jur¨ªdico. Esta actitud es especialmente reclamable para las personas conocidas como polizones, y con todas aquellas que arriesgan su vida para llegar a nuestro pa¨ªs en pateras. 9?). La actual Ley de Extranjer¨ªa no permite la consecuci¨®n de estos objetivos. Ello hace inevitable que reclamemos su derogaci¨®n y sustituci¨®n por una Ley de Inmigraciones justa y solidaria.

Jos¨¦ Ram¨®n Ju¨¢niz Maya y Vicente B¨®veda Soro son miembros de Abogados del Mundo.