Asuntos Sociales critica a los jueces por su escasa protecci¨®n a las mujeres maltratadas

Dancausa se muestra satisfecha de los resultados del primer Plan de Acci¨®n contra la Violencia Dom¨¦stica (1998-2000), pero reconoce que 'no todas las medidas se aplican en la medida en que debieran'. Se?ala sobre todo hacia los jueces: 'No aplican masivamente una medida como el alejamiento f¨ªsico del agresor cuando existen indicios de riesgo para la v¨ªctima'. Esta posibilidad figura entre las reformas normativas (C¨®digo Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) aprobadas en 1999. Tambi¨¦n incluyeron la tipificaci¨®n de la violencia ps¨ªquica como delito o la posibilidad de perseguir de oficio las faltas por malos tratos.

Adem¨¢s, la responsable de Asuntos Sociales pide a los jueces 'mayor rapidez y eficacia' ante las denuncias de violencia dom¨¦stica. Igualmente, considera necesaria una mayor unidad de criterio que evite la disparidad de las sentencias judiciales sobre esas cuestiones.

Impunidad sostenida

'Al iniciarse el plan, la impunidad de los agresores era absoluta. Aunque se ha mejorado en la aplicaci¨®n de las medidas coercitivas, sigue habiendo situaciones de impunidad', afirma la secretaria general de Asuntos Sociales. Est¨¢ pendiente del informe sobre el tratamiento judicial a la violencia dom¨¦stica que prev¨¦ aprobar en los pr¨®ximos d¨ªas el Consejo General del Poder Judicial. 'Ser¨¢ muy positivo. Abrir¨¢ la puerta a la introducci¨®n de cambios normativos que se incluir¨¢n en el nuevo plan', asegura.

Dancausa respalda algunas propuestas del consejo ya difundidas, como la reforma del C¨®digo Penal para que se castiguen como delitos las agresiones familiares no habituales. Ahora se consideran faltas (ver EL PA?S del 3 de febrero). 'De todas formas, hay que estudiar si eso es, o no, viable, debido a que hay que respetar la proporcionalidad de las penas', puntualiza.

Otro paso necesario, seg¨²n Dancausa, es una mayor coordinaci¨®n entre las causas penales y las civiles, ya que gran parte de los casos de malos tratos, sobre los que entiende la justicia penal, se producen en situaciones vinculadas a la separaci¨®n (tr¨¢mite de la v¨ªa civil). El informe del Consejo General del Poder Judicial considera 'imprescindible' articular la conexi¨®n entre ambas jurisdicciones. Adem¨¢s, la responsable de Asuntos Sociales propone que los jueces de guardia puedan dictar medidas cautelares inmediatas, una posibilidad que tambi¨¦n plantea el consejo.

Otra asignatura pendiente del plan finalizado es el aumento de la coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas, se?ala Dancausa. El programa, con seis ¨¢reas de actuaci¨®n (prevenci¨®n, educaci¨®n, sanidad, legislaci¨®n, investigaci¨®n y recursos sociales) ha contado con un presupuesto de 8.941 millones de pesetas. La mayor parte se ha dedicado a crear casas de acogida y, en segundo lugar, a financiar los programas de organizaciones no gubernamentales (cerca de 1.500 millones). El nuevo plan a¨²n no tiene presupuesto fijado. 'No ser¨¢ superior, sino en todo caso igual al anterior, porque ya est¨¢n hechas las infraestructuras', puntuliza la secretaria general de Asuntos Sociales. El programa ya culminado ha permitido ampliar los servicios de atenci¨®n en juzgados, comisar¨ªas y cuartelillos.