Una autonom¨ªa universitaria equilibrada

Contemplado como el ¨®rgano de gobierno que sirve de medio de participaci¨®n de la sociedad en la Universidad, el Consejo Social es la expresi¨®n legal de la idea b¨¢sica que vertebra la Ley de Reforma Universitaria (LRU): que la Universidad no es patrimonio de los miembros de la comunidad universitaria sino un aut¨¦ntico servicio p¨²blico sujeto a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades aut¨®nomas. La contrapartida de la amplia autonom¨ªa universitaria de que gozan las universidades p¨²blicas espa?olas debe ser, seg¨²n la propia LRU, el control del rendimiento y el ejercicio de una responsabilidad sin los que dif¨ªcilmente podr¨ªa prestarse ese servicio p¨²blico con la eficacia y la eficiencia exigibles.

El anteproyecto de ley de Consejos Sociales que recientemente ha hecho p¨²blico la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, para su posterior tramitaci¨®n legislativa, pretende reforzar precisamente esa participaci¨®n de la sociedad en la Universidad, profundizando, tanto en la letra como en el esp¨ªritu, lo que el legislador quiso plasmar en la Ley de 1983. Desde esta ¨²ltima fecha los cambios en la Universidad y en la sociedad espa?ola han sido de gran envergadura. Tanta como para que resulte imprescindible y urgente una reforma serena y reflexiva de los marcos legislativos que, en sus distintos ¨¢mbitos competenciales, encuadran el funcionamiento de nuestras universidades.

En el transcurso de los a?os en que los Consejos Sociales establecidos por la LRU han ejercido sus funciones, las competencias de los mismos como ¨®rganos de representaci¨®n social han sido debidamente delimitadas en funci¨®n del equilibrio entre universidad, sociedad y poderes p¨²blicos que debe presidir el ejercicio de la autonom¨ªa universitaria. Ese equilibrio debe ser respetado y salvaguardado en un sistema p¨²blico cuya financiaci¨®n no procede mayoritariamente de los usuarios directos del mismo (las tasas de matr¨ªcula suponen apenas el 15 por 100 de la financiaci¨®n universitaria) sino de un conjunto social que, mediante los impuestos, nutre de recursos a las universidades y, mediante el voto, decide qui¨¦nes est¨¢n legitimados para ejercer las responsabilidades en materia de pol¨ªtica universitaria.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto no puede ser m¨¢s meridianamente clara, al establecer, en referencia concreta a los Consejos Sociales, que corresponde a la comunidad aut¨®noma fijar libremente la configuraci¨®n de la parte social de los mismos con la representaci¨®n que estime m¨¢s adecuada.

Pero es m¨¢s, el informe Universidad 2000, conocido como informe Bricall, otorga una relevancia especial al necesario aumento de las competencias y atribuciones que deben asumir dichos ¨®rganos de gobierno. Hasta el punto de proponer como ¨®rgano m¨¢ximo de gobierno de la Universidad, con las funciones que actualmente ejerce la Junta de Gobierno, un Consejo de Gobierno formado tanto por miembros de la comunidad universitaria como por representantes de los intereses sociales y de las administraciones. En todo caso, el informe Bricall postula un reforzamiento de las funciones de los actuales Consejos Sociales para que los mismos puedan ejercer de manera efectiva el control social y econ¨®mico de las instituciones universitarias.

En esa direcci¨®n se mueve el anteproyecto presentado por la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, al ampliar y diversificar significativamente la composici¨®n de dicho consejo y al delimitar y concretar las competencias y funciones que legalmente le corresponden. El prop¨®sito no es otro que hacer eficaz y operativa la representaci¨®n social en la Universidad sin que esto suponga ning¨²n tipo de amenaza para una autonom¨ªa universitaria perfectamente protegida por nuestro ordenamiento jur¨ªdico. Y mucho menos el supuesto intento de control pol¨ªtico de los campus que algunos catastr¨®ficamente anuncian, rechazando de entrada y con lamentable ligereza una propuesta que, con las matizaciones y modificaciones que constructivamente puedan aportarse, supone una apuesta firme por la mejora y la potenciaci¨®n de las relaciones entre la sociedad y la Universidad.

Salvador Forner Mu?oz es director general de Ense?anzas Universitarias.