Acci¨®n impropia

La norma que permite al Gobierno intervenir en las decisiones de las empresas p¨²blicas privatizadas, conocida como acci¨®n de oro, ha tenido consecuencias perversas para los mercados espa?oles. As¨ª se puede comprobar en los casos en los que se ha aplicado de forma m¨¢s o menos expl¨ªcita -la prohibici¨®n impuesta a Telef¨®nica para que no cerrase su operaci¨®n con la holandesa KPN- y en aquellos en los que pendi¨® como una amenaza latente sobre negociaciones conflictivas en marcha, como en el caso de Endesa y Repsol a prop¨®sito de Iberdrola, sin ir m¨¢s lejos. Ha puesto en evidencia la naturaleza intervencionista de los Gobiernos de Aznar, pero en ning¨²n caso ha servido para ordenar los mercados, evitar accionistas indeseables o favorecer operaciones de inter¨¦s nacional.

La decisi¨®n de imponer una acci¨®n de oro a la compa?¨ªa a¨¦rea Iberia desde el momento de su privatizaci¨®n es una sorpresa desagradable que no puede explicarse sino desde el empecinamiento del Gobierno en controlar empresas privatizadas sobre las que no le compete otra jurisdicci¨®n que la que marcan las leyes generales de la naci¨®n o de la Uni¨®n Europea. El argumento esgrimido por el vicepresidente Rato para autoconcederse cinco a?os de derecho a intervenir en la Iberia privatizada es que 'nosotros tenemos una ley nacional que nos ampara'. No deja de ser una tautolog¨ªa. Se entiende menos cuando se comprueba que la Comisi¨®n Europea se opone a la acci¨®n de oro y que tiene abiertos procedimientos de infracci¨®n contra varios Estados, entre ellos Espa?a. Una prudencia elemental aconsejaba abstenerse de imponer medidas restrictivas en el caso de Iberia; pero ya se ve que la avidez intervencionista es a veces m¨¢s poderosa que cualquier apelaci¨®n al sentido com¨²n.

Lo peor de la acci¨®n de oro es que confiere al Gobierno m¨¢s poder del que realmente le concede la letra de la ley. No s¨®lo cualquier ministro puede esgrimir su facultad para intervenir en cualquier momento, sino que ni siquiera es necesario que la intenci¨®n sea expl¨ªcita; basta con que exista la precauci¨®n de que puede utilizarse para que la gesti¨®n de las empresas opere bajo coacci¨®n. En mercados complejos es dif¨ªcil encontrar razones que justifiquen tal palanca. Por eso la Comisi¨®n Europea tiene raz¨®n en cuestionarla, y por eso hace mal el Gobierno espa?ol en guardarse ases de ese tenor en la manga.