20 a?os de espera

El d¨ªa 1 de mayo de 1981 fallec¨ªa en la localidad madrile?a de Torrej¨®n de Ardoz el ni?o de ocho a?os Jaime Vaquero. Era la primera v¨ªctima mortal de lo que pronto se conocer¨ªa como intoxicaci¨®n por aceite de colza adulterado. Le siguieron otras 1.100 personas que murieron por la misma causa. En total resultaron afectadas cerca de 25.000. Baste recordar que el n¨²mero de humanos fallecidos por el mal de las vacas locas no llega a 90 para medir la magnitud de aquella tragedia de origen alimentario. Por ello resulta tan irritante saber que el 60% de los afectados con derecho a indemnizaci¨®n todav¨ªa no la han cobrado.

La sentencia del Supremo establec¨ªa que la cat¨¢strofe 'no fue fortuita', sino motivada por 'la pol¨ªtica mercantil del propio Estado en orden a la importaci¨®n de aceite', por lo que la Administraci¨®n 'no s¨®lo tiene una obligaci¨®n jur¨ªdica, sino moral, de indemnizar a los afectados por la totalidad de las cuant¨ªas'. Tales indemnizaciones, de entre 15 millones para los herederos de las v¨ªctimas hasta 50 millones para los casos de incapacitaci¨®n m¨¢s graves, suman aproximadamente medio bill¨®n de pesetas. Por supuesto que es una cantidad muy importante, pero no es l¨®gico que dos a?os y medio despu¨¦s de la sentencia s¨®lo se hayan librado unos 127.000 millones, la cuarta parte del total; ni que de las 19.000 personas con derecho a indemnizaci¨®n, s¨®lo 7.000 la hayan percibido al d¨ªa de la fecha.

Las personas que comprometieron cr¨¦ditos u otros gastos, o simplemente hicieron planes vitales que han debido dejar en suspenso, han expresado su protesta por este retraso. El Gobierno est¨¢ obligado a dar explicaciones -ya se las ha pedido la oposici¨®n en una pregunta parlamentaria- porque ni el mito del d¨¦ficit cero ni problemas de gesti¨®n justifican este agravio adicional a las v¨ªctimas. Es una obligaci¨®n jur¨ªdica y moral, como dijo el Supremo, pero tambi¨¦n una exigencia de elemental sensibilidad humana.