El punto no es final

La decisi¨®n de Gabriel Cavallo, juez federal argentino, de anular 'por inconstitucionalidad e invalidez' las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, de 1986 y 1987, sienta un precedente que puede reabrir judicialmente el oscuro pasado de la dictadura de la Junta argentina de 1976-1983. La decisi¨®n, cuyo alcance general deber¨¢ calibrarse, supone otro paso importante en la lucha contra la impunidad de responsables de cr¨ªmenes contra la humanidad.

El juez cita en su resoluci¨®n el fallo de la Corte Suprema al conceder a Italia, en 1998, la extradici¨®n del nazi Erick Priebke, condenado por un tribunal romano por una matanza en 1944. Ser¨ªa contradictorio que los cr¨ªmenes for¨¢neos no prescribieran y los nacionales s¨ª, o que un ex militar argentino torturador como Ricardo Miguel Cavallo pueda ser extraditado de M¨¦xico a Espa?a, pero no juzgado en su propio pa¨ªs. Sin embargo, incluso si el fallo de ayer se consolida en jurisprudencia, no deja de resultar parad¨®jico que varios cientos de oficiales pudieran ser juzgados por horrendos cr¨ªmenes de la dictadura de las Juntas Militares entre 1976 y 1983, pero no sus jefes, condenados en su d¨ªa, pero posteriormente indultados individualmente, con la excepci¨®n de los casos de secuestros de ni?os, como los que ahora persiguen al ex dictador Videla y a algunos de sus compinches.

El auto que intenta deshacer las leyes en cuesti¨®n se refiere espec¨ªficamente al secuestro en 1978 de una ni?a de ocho meses cuyos padres desaparecieron v¨ªctimas de un 'grupo de trabajo' formado por ocho militares que deber¨¢n declarar ahora. La ni?a fue ilegalmente entregada a un matrimonio. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha movido el caso de tal modo que casi 700 militares acudieron hace unos d¨ªas a este grupo pro derechos humanos y a los organismos gubernamentales correspondientes para presentar recursos de h¨¢beas data, lo que les permitir¨ªa acceder a la informaci¨®n referida a s¨ª mismos disponible en archivos p¨²blicos y privados.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron aprobadas por el Gobierno de Ra¨²l Alfons¨ªn, cuatro a?os despu¨¦s del restablecimiento de la democracia, como mal menor frente a las amenazas de levantamientos militares. En 1998 fueron derogadas, con lo que s¨®lo pod¨ªan ser juzgadas las personas acusadas de cometer delitos perpetrados despu¨¦s de esa fecha. Las leyes fueron impulsadas en su momento por el reci¨¦n estrenado nuevo ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, para el cual 'Argentina tiene que cerrar definitivamente un pasado y no se puede mantener en la indefinici¨®n'. Bien; ci¨¦rrese el pasado, pero con justicia.