Otra visita de los fantasmas del pasado

La denegaci¨®n de los ocho recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) por once de los doce condenados en el caso Marey no es sino el reverso de la validaci¨®n de la sentencia impugnada del Tribunal Supremo (TS). Centrado exclusivamente en la tarea de dilucidar si los derechos y libertades fundamentales de los recurrentes fueron conculcados o no en alg¨²n tramo del proceso penal, el TC llega a la conclusi¨®n pr¨¢cticamente un¨¢nime de que el Poder Judicial respet¨® las garant¨ªas de los acusados durante la instrucci¨®n y la vista oral. No se trata, as¨ª pues, de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ni de la repetici¨®n del anterior juicio, ni de una nueva condena del ex ministro Barrionuevo, del ex secretario de Estado Vera y de sus compa?eros de banquillo: el alto tribunal no es una ¨²ltima instancia penal sino el guardi¨¢n de los derechos fundamentales tambi¨¦n de las personas implicadas en actuaciones judiciales. Dentro de esa l¨®gica garantista, los condenados tienen ahora la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); es probable que la inexistencia de una segunda instancia en el caso Marey, debida a cuestiones de fuero procesal, sea la alegaci¨®n principal de los apelantes.

Los hechos han demostrado que las expectativas albergadas por los condenados de recibir el amparo del TC y ver as¨ª anulada la sentencia del TS eran desmesuradas; tras la entrada en prisi¨®n de Barrionuevo y Vera, la esperp¨¦ntica verbena organizada por los socialistas extramuros de la c¨¢rcel de Guadalajara sirvi¨® quiz¨¢s para elevar la moral de los dos internos, pero signific¨® una afrenta para las instituciones judiciales y democr¨¢ticas. En esa campa?a solidaria de apoyo, entendible en t¨¦rminos partidistas, los militantes del PSOE mas exaltados traspasaron fronteras que nunca deber¨ªan haber cruzado: en el ¨¢mbito judicial, con sus descalificaciones a los magistrados del Supremo que hab¨ªan condenado a Barrionuevo y Vera, y en el terreno hist¨®rico, al equiparar una sentencia dictada por el tribunal m¨¢s representativo del Estado de Derecho con la persecuci¨®n a los discrepantes durante el franquismo. Salvo algunas reacciones extempor¨¢neas facilmente previsibles, esta vez los socialistas han reaccionado de manera razonable ante el adverso pronunciamiento.

Los motivos y los argumentos de los condenados para solicitar la anulaci¨®n de la sentencia del TS han sido estudiados de forma minuciosa por los magistrados antes de proceder a su rechazo. Tal vez el ¨²nico m¨¦todo para no extraviarse en la frondosa espesura jur¨ªdica de las ocho sentencias denegadoras del amparo sea limitarse a se?alar las l¨ªneas maestras de sus principales conclusiones. El derecho de defensa y al juez predeterminado por la ley quedaron respetados. La instrucci¨®n realizada primero por el juez Garz¨®n y despu¨¦s por el magistrado Moner fue imparcial. En la vista oral hubo actividad probatoria suficiente para contrarrestar la presunci¨®n de inocencia. El aforamiento de Barrionuevo en el TS hac¨ªa inevitable la instancia ¨²nica. La interpretaci¨®n jurisprudencial sobre la interrupci¨®n del plazo de prescripci¨®n era l¨ªcita.

Llegado el caso Marey al final de su trayecto jur¨ªdico-penal, quedan todav¨ªa en la Audiencia Nacional medio arrumbados otros sumarios relacionados con los cr¨ªmenes perpetrados entre 1983 y 1986 por los GAL: los fantasmas del pasado se resisten a desaparecer pese al tiempo transcurrido. Si el establecimiento de la verdad judicial de unos acontecimientos producidos hace m¨¢s de quince a?os ha sido muy tard¨ªo, resulta demasiado pronto, en cambio, para esclarecer la verdad hist¨®rica de la guerra sucia. La lucha ilegal contra ETA arranc¨® en tiempos del franquismo, prosigui¨® con los primeros gobiernos de la transici¨®n, mantuvo su curso durante los tiempos de UCD y reapareci¨® bajo la primera legislatura del PSOE, dirigida siempre por agentes de los aparatos del Estado que utilizaban a la misma cuadrilla de mercenarios para los trabajos sucios. Aunque resulte comprensible la amargura de los socialistas por haber sido los ¨²nicos paganos de esos sangrientos episodios, el gran error del PSOE fue creer que las responsabilidades compartidas con los anteriores gobiernos eran una eximente de caracter penal invocable ante los tribunales y un argumento pol¨ªtico capaz de conseguir la indulgencia o la complicidad de la opini¨®n p¨²blica.