La Generalitat pretende que el Estado asuma gastos de inversi¨®n en Sanidad y Educaci¨®n

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, niega que haya sugerido al Ministerio de Hacienda la posibilidad de alterar el denominado 'escenario de consolidaci¨®n presupuestaria' que establece los topes de deuda y de d¨¦ficit a los que debe ce?irse el Consell desde 1998 hasta 2001 para cumplir con las exigencias de convergencia econ¨®mica impuestas por la Uni¨®n Europea.

Sin embargo, a principios de marzo, su consejero de Hacienda, Vicente Rambla, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Cristina Moreno, portavoz socialista de Hacienda en las Cortes, afirma: 'El escenario de consolidaci¨®n presupuestaria de la Comunidad Valenciana con el Estado est¨¢ siendo objeto de revisi¨®n'.

Ni lo uno ni lo otro. La Generalitat se ha aferrado a la indefinici¨®n del denominado 'coste efectivo' de las competencias transferidas desde el Estado a las comunidades aut¨®nomas para trasladar al Gobierno las facturas de determinadas inversiones p¨²blicas, sobre todo en las ¨¢reas de Educaci¨®n y Sanidad.

Crist¨®bal Montoro, ministro de Hacienda y adalid de la estabilidad presupuestaria -el equilibrio entre ingresos y gastos que pretende imponer por ley a todas las administraciones p¨²blicas-, no puede permitirse modificar el escenario de deuda y d¨¦ficit de la Generalitat. La disciplina presupuestaria quedar¨ªa en entredicho y todas las comunidades aut¨®nomas que disfrutan de competencias similares podr¨ªan exigir la misma flexibilidad.

Pero las arcas de la Generalitat no disponen de capacidad para afrontar las inversiones necesarias para construir todos los centros educativos previstos en el mapa escolar ni el coste de la desviaci¨®n en el gasto corriente de la Sanidad p¨²blica sin recurrir al endeudamiento.

El mismo problema afecta, esencialmente, a Catalu?a y Andaluc¨ªa, comunidades que, como la valenciana, asumieron las competencias sobre los servicios p¨²blicos m¨¢s costosos con el af¨¢n de recuperar la identidad auton¨®mica y sin reparar en el detalle de las obligaciones financieras aparejadas a aquel gesto pol¨ªtico.

A?os despu¨¦s, el Consell que preside Zaplana ha disparado la deuda de la Generalitat hasta situar a la Comunidad Valenciana en el indicador m¨¢s alto del Estado en la relaci¨®n entre sus obligaciones financieras y su capacidad de producci¨®n industrial, su Producto Interior Bruto.

Adem¨¢s, el Consell, de supuesto corte liberal, ha multiplicado desde 1995 el n¨²mero de empresas p¨²blicas para trasladar obligaciones financieras a entes formalmente aut¨®nomos. Pero los nuevos sistemas contables que aplica la Uni¨®n Europea han arruinado una estrategia destinada a centrifugar la deuda p¨²blica y han sacado a relucir el volumen de los compromisos adquiridos por la Generalitat. La situaci¨®n se hace insostenible, al menos hasta la revisi¨®n del actual modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, y el Consell ha decidido pedir auxilio al Gobierno central.

El informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio de 1999 detecta la primera llamada de socorro financiero desde la Generalitat. El 29 de diciembre de 1999, el Ministerio y la Consejer¨ªa de Hacienda firmaron un convenio para financiar 'determinadas obras ya ejecutadas con fondos propios de la Generalitat Valenciana' por un importe de 44.981 millones de pesetas, seg¨²n reza el informe.

El s¨ªndic subraya, adem¨¢s, que los gastos se autorizaron antes de disponer del soporte documental que aval¨® el cr¨¦dito necesario para afrontarlos. Es decir, se?ala c¨®mo el Gobierno tuvo que asumir con posterioridad gastos que el Consell hab¨ªa comprometido sin capacidad para financiarlos.

Rambla se niega a revelar el volumen de los convenios que negocia en la actualidad con el ministerio para 'evitar malas interpretaciones', seg¨²n fuentes oficiales. Pero una alta fuente de la Generalitat estima que la desviaci¨®n anual entre el presupuesto de Sanidad y el coste real del servicio ronda el 15%. El presupuesto de la Consejer¨ªa de Sanidad para 2001 suma 464.000 millones de pesetas, de modo que la desviaci¨®n rondar¨ªa los 70.000 millones.

En el ¨¢rea de Educaci¨®n, el Consell se ha comprometido a invertir hasta 150.000 millones en el plazo m¨¢s breve posible para culminar las construcciones escolares pendientes en el mapa escolar. Un esfuerzo que tambi¨¦n es ajeno al presupuesto ordinario y que exige el recurso a la deuda forzando las exigencias del Gobierno central.

El mismo responsable de Hacienda que revela el soporte de las negociaciones con Montoro explica que tanto la ley de Sanidad como la LOGSE son de ¨¢mbito estatal y contienen exigencias de m¨ªnimos en la dotaci¨®n de los servicios al ciudadano que las comunidades aut¨®nomas no pueden ajustar a su medida, de modo que es l¨®gico que el Estado contribuya a sufragar parte de los gastos que implica su aplicaci¨®n.

Otra cosa es que semejante razonamiento no se hubiera planteado cuando Zaplana accedi¨® a la presidencia de la Generalitat hace casi seis a?os.