Los consejos sociales y la aritm¨¦tica

Las universidades ya causaban quebraderos de cabeza -problemas de orden p¨²blico incluidos- a los gobiernos franquistas. As¨ª, pues, no cabe considerar a la autonom¨ªa universitaria, reconocida en la Constituci¨®n de 1977 y materializada en la Ley de Reforma Universitaria (LRU), como el origen de los enfrentamientos entre gobiernos y universidades. Es m¨¢s, descartado el uso de la fuerza en los campus, los inevitables conflictos que han ido surgiendo se han resuelto de forma civilizada, lo que no excluye el uso de presiones econ¨®micas y medi¨¢ticas por parte de los litigantes y, en ¨²ltimo extremo, el recurso a los tribunales de justicia. As¨ª, en el caso de la Comunidad Valenciana, sucesivos conflictos entre la Universidad de Alicante (UA) y el gobierno (socialista o popular, tanto da) provocaron la dimisi¨®n de dos de los tres magn¨ªficos rectores que la han regido, mientras que est¨¢n a la espera de resoluci¨®n judicial recursos acerca de los estatutos de las universidades de Valencia y Castell¨®n, as¨ª como el relativo a la segregaci¨®n forzosa, en 1997, de centros y estudios de la UA.

El statu quo descrito podr¨ªa modificarse pr¨®ximamente gracias al descubrimiento, por el Gobierno valenciano, de una singular panacea: La Ley de Consejos Sociales. Aprovechando al m¨¢ximo (o un poco m¨¢s del m¨¢ximo) la capacidad normativa que la LRU concede a las comunidades aut¨®nomas, la nueva ley dar¨ªa la primac¨ªa a tales ¨®rganos sobre las juntas de gobierno emanadas de las urnas, al tiempo que modificar¨ªa su composici¨®n de tal manera que garantizase una mayor¨ªa d¨®cil a los dictados gubernamentales. Esta es, al menos, la apreciaci¨®n de las juntas de gobierno de las cuatro universidades p¨²blicas estatutarias, de los sindicatos, de las asociaciones estudiantiles mayoritarias y de muchos universitarios no encuadrados en estas organizaciones, como quien suscribe, por mucho que la campa?a de desinformaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n oficialistas nos haya obsequiado con titulares tan equ¨ªvocos como La ley de consejos sociales sigue adelante con un solo rector en contra o A favor de los consejos sociales (en un art¨ªculo relativo a las cr¨ªticas de la asociaci¨®n Joan Llu¨ªs Vives al proyecto). Tambi¨¦n los partidos de la oposici¨®n han manifestado su desacuerdo con el proyecto y su intenci¨®n de presentar el oportuno recurso de inconstitucionalidad en el caso, muy probable, de que el grupo popular haga valer su mayor¨ªa absoluta en las Cortes Valencianas.

Para explicar a los lectores menos informados el papel reservado por el proyecto de ley al Consejo Social (CS para abreviar) en las universidades valencianas, nada mejor que recurrir al s¨ªmil del consejo de administraci¨®n en las empresas, que aprueba el plan estrat¨¦gico que debe ser ejecutado por el equipo directivo (l¨¦ase rectoral). El nuevo sistema permitir¨ªa, por ejemplo, que, mientras el CS de una universidad solicita del Gobierno valenciano el cierre de una parte de sus centros y estudios, el CS de otra demanda -en perfecta sincron¨ªa- la incorporaci¨®n de los mismos. Se acabaron las segregaciones forzosas y los correspondientes recursos de inconstitucionalidad. Si los actuales CCSS han sido calificados de 'floreros' por uno de sus actuales presidentes, a partir de la entrada en vigor de la ley, los floreros ser¨¢n los claustros y las juntas de gobierno, vaciando as¨ª de contenido a la autonom¨ªa universitaria.

Esta parece ser la autonom¨ªa universitaria equilibrada que nos propone el director general de Ense?anzas Universitarias, quien nos recordaba recientemente que 'la financiaci¨®n del sistema p¨²blico no procede mayoritariamente de los usuarios directos del mismo (las tasas de matr¨ªcula suponen apenas el 15% de la financiaci¨®n universitaria) sino de un conjunto social que, mediante los impuestos, nutre de recursos a las universidades y, mediante el voto, decide qui¨¦nes est¨¢n legitimados para ejercer las responsabilidades en materia de pol¨ªtica universitaria'. En efecto, alrededor del 80% de los ingresos de las universidades se produce por la v¨ªa de las subvenciones pero, ?acaso son insuficientes los mecanismos de control? Tambi¨¦n el sector agr¨ªcola europeo recibe subvenciones por valor del 40% del total producido y, que yo sepa, nadie ha propuesto poner al frente de cada explotaci¨®n agropecuaria un todopoderoso CS que vele por el buen uso de los fondos p¨²blicos, dotado de una estructura administrativa propia y cuyos miembros reciban gratificaciones equiparadas 'a la asistencia a tribunales'. Para esas labores de control est¨¢n, se supone, los servicios de inspecci¨®n de las administraciones competentes. Sin embargo, encuentra uno con mayor frecuencia noticias sobre fraudes en el sector agr¨ªcola que en las universidades p¨²blicas, cuyas actividades son controladas por los actuales CCSS y por organismos como la Sindicatura de Cuentas.

Contrariamente a lo que afirma el consejero de Educaci¨®n, el verdadero debate gira en torno a la aritm¨¦tica. En efecto, los sucesivos proyectos de ley pretenden mantener la representaci¨®n de las juntas de gobierno en el 40% actual, mientras que la cuota correspondiente a las centrales sindicales -que suelen unirse al sector acad¨¦mico en las votaciones trascendentales- pasa del actual 13,3 % al 5,7 % del primer anteproyecto, incrementado hasta el 6,7 % en el anteproyecto definitivo. Como ven, todo es negociable, menos la mayor¨ªa. En cuanto a los restantes miembros de los CCSS, a la vista de la actitud adoptada por los responsables de las administraciones controladas por el PP durante el largo enfrentamiento entre la UA y el Gobierno valenciano, todo hace pensar que formar¨¢n un bloque monol¨ªtico los miembros designados por las Cortes Valencianas, por las consejer¨ªas de Educaci¨®n y Econom¨ªa, por la Diputaci¨®n Provincial y por el Ayuntamiento de la capital. En cuanto a los representantes de las organizaciones empresariales, c¨¢maras de comercio y los anacr¨®nicos colegios profesionales, ?podemos esperar una actuaci¨®n independiente en los temas clave? No parece probable, a juzgar por episodios tan significativos como la famosa inauguraci¨®n del curso 96-97 en la UA. Cuando el a?orado empresario Isidro Mart¨ªn (ex presidente de la CAPA en tiempos de la UCD y, m¨¢s recientemente, de las organizaciones empresariales Coepa y Cierval) se encontr¨®, a las puertas del Paraninfo, con quienes le hab¨ªan sucedido al frente de estas organizaciones, les espet¨®: '?Pero qu¨¦ hac¨¦is vosotros aqu¨ª? ?No ten¨ªais tantas ocupaciones que os imped¨ªan venir? ?Os llevan a golpe de pito! ?No os da verg¨¹enza?'. '?Hombre, Isidro, que hay un periodista!', le contest¨® alguien. '?Pues mejor!', zanj¨® Mart¨ªn, alej¨¢ndose. No he le¨ªdo ning¨²n desmentido de esta versi¨®n de los hechos por Juan R. Gil (Informaci¨®n, 6-9-00). Es verdad que el anteproyecto definitivo contempla la incorporaci¨®n de dos miembros 'pertenecientes a entidades legalmente constituidas que representen los intereses profesionales, econ¨®micos y financieros, o de antiguos alumnos', cuyo voto podr¨ªa ser decisivo. L¨¢stima que sean designados por el presidente del CS, a su vez designado por el consejero de Educaci¨®n. Como ven, todo queda atado y bien atado.

Miguel A. Goberna pertenece al departamento de Estad¨ªstica e Investigaci¨®n Operativa de la Universidad de Alicante.