Cuotas con subterfugio

La Administraci¨®n reconoce que las escuelas privadas concertadas no pueden cobrar una sola peseta por escolarizar a sus alumnos. Sabe tambi¨¦n que el recurso a fundaciones opacas para recolectar este dinero es ilegal. Pero cuando los padres protestan, Ense?anza se limita a aplicar un inocuo proceso administrativo y permite que el centro denunciado siga haciendo lo mismo. En octubre de 1999, en una asamblea de padres de la Escuela P¨ªa de Olot, un grupo pidi¨® informaci¨®n sobre el destino del dinero que se les cobraba por medio de un recibo destinado a la Fundaci¨®n Joan Profit¨®s. Carme Grau, madre de un escolar con s¨ªndrome de Down, insisti¨® en reclamar estos datos.

'Lo que tiene que hacer es pagar y callar', le espet¨® otra madre apropi¨¢ndose del micr¨®fono. 'A¨²n tendr¨ªa que dar gracias porque acepten tener a su hijo en clase', a?adi¨®. El matrimonio formado por Lloren? Panella y Carme Grau decidi¨® cambiar de escuela a su hijo e iniciar un proceso para denunciar el cobro ilegal de mensualidades por parte de los centros privados concertados a trav¨¦s de fundaciones y reclamar su devoluci¨®n.

La Escuela P¨ªa fue muy concisa al pregunt¨¢rsele la raz¨®n por la que los recibos se hab¨ªan de desdoblar en uno para la escuela y otro para la Fundaci¨®n Joan Profit¨®s. 'Hace unos a?os factur¨¢bamos un recibo por los costes de la ense?anza. Ahora las orientaciones del Departamento de Ense?anza nos llevan a desdoblar el recibo en dos partes. Una, a la que llamamos de escuela, que tiene una cantidad m¨¢xima que no podemos superar. Y otra, de la fundaci¨®n. Si juntan las dos cantidades, sabr¨¢n lo que les cuesta la educaci¨®n de sus hijos'.

Los Panella denunciaron el hecho al Departamento de Ense?anza. Lo primero que descubrieron fue que sus denuncias se convert¨ªan en pelotas que todo el mundo se pasaba sin que nadie las quisiera. Diez meses tard¨® la Administraci¨®n en reaccionar, aunque s¨®lo fuera para constituir la comisi¨®n de conciliaci¨®n que prev¨¦ la ley en estos casos por 'indicios de presuntos incumplimientos de las obligaciones derivadas del r¨¦gimen de conciertos por parte del centro'.

Los Panella, sin embargo, optaron por abrir varios frentes: el S¨ªndic de Greuges y el Departamento de Justicia. El S¨ªndic admiti¨® a tr¨¢mite su queja, pero seis meses despu¨¦s les comunic¨® que Ense?anza le daba la callada por respuesta. Escribieron a la entonces consejera de Justicia, N¨²ria de Gispert, sin ning¨²n resultado.

A finales de octubre pasado se reuni¨® la mencionada comisi¨®n de conciliaci¨®n, que componen representantes de la escuela concertada y de la Administraci¨®n, pero a la que no tienen acceso los padres que plantean la queja. La comisi¨®n no pudo por menos que dar la raz¨®n a los padres, pero a estas alturas, m¨¢s de seis meses despu¨¦s, los Panella no han recibido una sola peseta de las que supuestamente pagaron de m¨¢s a la fundaci¨®n ni parece que vayan a hacerlo. Todo lo que han recibido ha sido una carta de disculpa de la Escuela P¨ªa por haberles cobrado.

La Fundaci¨®n Profit¨®s sigue recibiendo la mitad, m¨¢s o menos, de los pagos que los padres realizan para escolarizar a sus hijos en una escuela que recibe financiaci¨®n p¨²blica y que, legalmente, deber¨ªa ser gratuita.

Ense?anza pretende que todo se arregle sin esc¨¢ndalo y recomienda al centro que haga una circular m¨¢s clarificadora sobre el sistema de pagos y que pida disculpas a la familia Panella.