El PP deja impune el derribo de parte de la muralla liberal de Castell¨®n

Tanto el Ayuntamiento de Castell¨®n como la Consejer¨ªa de Cultura pretenden dejar impune a la empresa Lubasa por el derribo de 15 metros de la muralla liberal de Castell¨®n, pese a que est¨¢ declarada Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC). Por ello, el grupo municipal socialista ha anunciado que en el caso de que no se determine sanci¨®n alguna, llevar¨¢ el tema a los tribunales porque 'no se puede consentir que Castell¨®n pierda su patrimonio art¨ªstico de esta manera', seg¨²n se?al¨® ayer el concejal socialista de Castell¨®n, Fernando Nos.

El pasado mes de octubre, los trabajadores de Lubasa, concesionaria municipal para la construcci¨®n de un aparcamiento en la avenida del Mar de Castell¨®n, hallaron una parte de la muralla liberal, hecho que la empresa no notific¨® ni al Ayuntamiento ni a la Consejer¨ªa de Cultura. Una vez conocido el hallazgo, el consistorio procedi¨® a ordenar la paralizaci¨®n de las obras, a la espera de informes t¨¦cnicos que evaluaran los vestigios. Seg¨²n indic¨® en su d¨ªa el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castell¨®n, Alberto Fabra, se le notific¨® a la empresa la orden de paralizaci¨®n, que fue incumplida.

En un principio, el Ayuntamiento anunci¨® su intenci¨®n de iniciar un expediente informativo contra la empresa. Sin embargo, seg¨²n asegur¨® ayer el edil Nos, la concejal¨ªa de Cultura ha afirmado no tener constancia ni noticia del mismo. En lo que se refiere a la parte sancionadora, ¨¦sta depende de la Consejer¨ªa de Cultura que, en boca de su m¨¢ximo representante, el consejero Manuel Taranc¨®n, ha reconocido que no ha abierto expediente sancionador alguno. En una comparecencia realizada la pasada semana a instancias de Esquerra Unida, Taranc¨®n admiti¨® que no se ha iniciado ning¨²n procedimiento pese a que, tal como estipula la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, las sanciones por deterioro o p¨¦rdida de bienes de inter¨¦s cultural est¨¢n en manos de la administraci¨®n auton¨®mica. Adem¨¢s, la consejer¨ªa cuenta con el informe redactado por los servicios territoriales de Cultura en Castell¨®n que califican los hechos de 'muy graves'.

Para Fernando Nos, el Ayuntamiento tiene su parte de responsabilidad como promotor de la obra, a lo que a?adi¨® que 'se trata de una empresa muy concreta a la que se permite ciertas cosas que quiz¨¢ en otros casos no pasar¨ªa por alto'.

La Ley de Patrimonio obliga a suspender los trabajos y a comunicar el hallazgo, no s¨®lo en el momento de su aparici¨®n sino al primer indicio de su existencia. La misma normativa contempla adem¨¢s la posibilidad de declarar 'il¨ªcitas' las obras por haber efectuado el derribo a sabiendas de la existencia de un hallazgo arqueol¨®gico.