Cortejo transversal

En las v¨ªsperas del Aberri Eguna (el D¨ªa de la Patria), celebrado el pasado domingo de forma separada por las tres formaciones nacionalistas, el lehendakari Ibarretxe -por segunda vez candidato presidencial del PNV a las elecciones auton¨®micas- analiz¨® ante un grupo de periodistas los escenarios pol¨ªticos imaginables tras el 13 de mayo y apost¨® por una alianza transversal entre nacionalistas y constitucionalistas. A su juicio, el Gobierno de Vitoria no puede -o no debe- ser confiado con caracter excluyente a ninguno de esos dos bloques electorales. A Ibarretxe no le faltan en teor¨ªa argumentos para defender esa tesis; sin embargo, la trayectoria del nacionalismo desde el verano de 1998 priva de verosimilitud a la propuesta, interpretable mas bien como una artima?a para enciza?ar a los constitucionalistas y seducir al PSOE con el espejismo de una coalici¨®n con el PNV.

Ciertamente, los gobiernos de mayor¨ªa simple o absoluta, id¨®neos para producir los positivos efectos de la alternancia en el poder, pueden ocasionar consecuencias indeseadas de exclusi¨®n y discriminaci¨®n para las minor¨ªas en sociedades fragmentadas seg¨²n l¨ªneas divisorias de alto contenido emocional; las democracias mayoritarias del modelo Westminster (donde el ganador se lo lleva todo y el perdedor se queda sin nada) s¨®lo parecen funcionar de manera plenamente satisfactoria en sociedades homeg¨¦neas con experiencia institucional y respeto a las reglas de juego. En cambio, los pa¨ªses segmentados por razones ling¨¹¨ªsticas, ¨¦tnicas o religiosas (como Holanda, Suiza o B¨¦lgica) pueden obtener buenos resultados con el modelo consociativo de democracia, que distribuye cuotas de poder entre todas las piezas del mosaico y ofrece a las minor¨ªas la oportunidad de participar en el gobierno. El Pa¨ªs Vasco resultaba en principio un escenario apropiado para esa variante de democracia, tan leg¨ªtima como la mayoritaria; a partir de 1986, las coaliciones de nacionalistas y socialistas en los niveles auton¨®mico, foral y municipal parecieron marcar ese camino.

Sin embargo, la apuesta del PNV por esa democracia consociativa tan a?orada ahora por Ibarretxe fue superficial y -sobre todo- perecedera. El PSOE fue relegado a papeles subalternos durante su estancia en el Gobierno de Vitoria y despedido de malos modos cuando su presencia se consider¨® innecesaria. Lejos de fortalecer y ampliar los consensos entre los dem¨®cratas nacionalistas y constitucionalistas, el acuerdo secreto del PNV con ETA en el verano de 1998 y su Pacto p¨²blico de Estella con el brazo pol¨ªtico de la organizaci¨®n terrorista decretaron la exclusi¨®n de populares y socialistas de la vida p¨²blica vasca.

Se comprende, as¨ª pues, que ni el PP ni el PSOE se hayan tomado en serio el cortejo transversal de Ibarretxe: si el pacto suscrito entre los dos partidos el pasado diciembre condiciona cualquier entendimiento con el nacionalismo moderado a su previa ruptura con el Pacto de Estella, la coalici¨®n electoral formada por PNV y EA ha concurrido a las urnas con un programa que insiste en el derecho a la autodeterminaci¨®n. Las razonables palabras del lehendakari en torno a la necesidad de que los dem¨®cratas vascos -nacionalistas o no- unan sus fuerzas de manera consociativa tropiezan con la desafiante respuesta dada en su d¨ªa a I?aki Gabilondo por Arzalluz sobre la legitimidad de una eventual independencia del Pa¨ªs Vasco proclamada por la mitad m¨¢s uno de los ciudadanos a quienes los nacionalistas hubiesen otorgado derecho al voto. En cualquier caso, los entendimientos transversales no dejar¨¢n de resultar factibles aunque PP y PSOE conquisten el derecho a convertirse en la alternativa de gobierno tras 21 a?os de hegemon¨ªa nacionalista. El PNV y EA seguir¨¢n ocupando importantes parcelas de influencia social y de poder parlamentario, foral y municipal; los eventuales acuerdos del gobierno constitucionalista de Vitoria con las diputaciones de Vizcaya y Guipuzcoa y los numerosos ayuntamientos bajo control nacionalista permitir¨ªan poner en marcha ese experimento de gobernaci¨®n consociativa que Ibarretxe reivindica ahora y Arzalluz boicote¨® en 1998.