Un juzgado de lo Social pide al TSJ que investigue a academias que gestionan fondos de formaci¨®n

El caso lo destap¨® Lourdes Calatayud, contratada como profesora por las empresas T¨¦cnicas de Ense?anzas Europeas e Integral Tecno, dedicadas a la ense?anza no reglada y colaboradoras con la Consejer¨ªa de Trabajo de la Generalitat en la organizaci¨®n de cursos de formaci¨®n profesional ocupacional.

Seg¨²n la sentencia, fechada el 30 de marzo, la docente fue contratada entre julio y agosto de 2000 y entre septiembre y octubre del mismo a?o para impartir dos cursos de 360 y 252 horas lectivas. Sin embargo, la empresa le imput¨® por el primero de los cursos 170 horas y 168 por el segundo, es decir casi un 50% menos. Tres d¨ªas antes de la finalizaci¨®n del segundo contrato la empresa le comunic¨® a la demandante que 'ya no volviera m¨¢s', 'que estaba expulsada' de su puesto de trabajo. Esta profesora se hab¨ªa negado a firmar facturas por impartir los cursos para estas dos academias por un importe 'muy inferior' a lo que le correspond¨ªa y se justificaba ante la Generalitat, responsable de la concesi¨®n y tramitaci¨®n de estas subvenciones.

El juzgado ha declarado el citado despido como improcedente y ha condenado a T¨¦cnicas de Ense?anza Europeas a pagar 278.869 pesetas como indemnizaci¨®n y 63.370 en concepto de salarios de tramitaci¨®n. Pero lo relevante es uno de los ¨²ltimos p¨¢rrafos de la sentencia donde textualmente se afirma: 'Firme que sea la presente resoluci¨®n, ded¨²zcase testimonio de lo actuado para su remisi¨®n a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por si los hechos fueran constitutivos de una infracci¨®n penal en relaci¨®n a la gesti¨®n de subvenciones p¨²blicas'.

La investigaci¨®n de estos hechos no s¨®lo compete a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia sino tambi¨¦n a los ¨®rganos de fiscalizaci¨®n de la Generalitat y a la Comisi¨®n Europea, dado que el importe de las subvenciones otorgadas a los centros es financiado en un 75% por el Fondo Social Europeo.

Otras organizaciones colaboradoras de la Administraci¨®n que forman profesionalmente a parados (formaci¨®n ocupacional) o reciclan a los trabajadores en en activo (continua) tienen procesos judiciales abiertos por una gesti¨®n irregular de los fondos p¨²blicos.