La Amazonia ha sufrido en un a?o la deforestaci¨®n de un 15% de su territorio
Seg¨²n un informe del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, en un solo a?o (1999-2000) se ha vuelto a deforestar otro 14,9% del territorio amaz¨®nico, considerado el gran pulm¨®n de la humanidad. En dicho periodo, ha desaparecido la vegetaci¨®n en 17.000 kil¨®metros cuadrados. Con este nuevo desastre el territorio de la Amazonia destruido hasta ahora ya supera los 589.000 kil¨®metros.
Mientras se pensaba -y el Gobierno lo hab¨ªa prometido- que la devastaci¨®n de la Amazonia se hab¨ªa bloqueado o por lo menos reducido en los ¨²ltimos cinco a?os, los datos del INPE revelan lo contrario, que no s¨®lo no se ha parado la deforestaci¨®n sino que ha continuado al mismo ritmo de los a?os anteriores, es decir a casi un 15% anual.
El documento oficial destaca que durante la actual legislatura del presidente brasile?o, Fernando Henrique Cardoso, que es uno de los que mayor preocupaci¨®n ha demostrado en el asunto, se han deforestado 114.925 kil¨®metros cuadrados de bosque amaz¨®nico. Los datos del INPE fueron revelados con los nuevos sistemas de fotograf¨ªas tomadas por sat¨¦lites.
El Ejecutivo est¨¢ preocupado y ya ha anunciado mayor rigor, incluso en las autorizaciones que antes se daban a los peque?os propietarios en la l¨ªnea de un desarrollo sostenible. El 54% de la deforestaci¨®n ocurri¨® en propiedades de entre seis y 100 hect¨¢reas; el 26%, en ¨¢reas de 100 a 500 hect¨¢reas y el 24%, de 500 hect¨¢reas en adelante. La secretaria de Coordinaci¨®n de Amazonia del ministerio de Medio Ambiente, Mary Helena Alegretti, ha criticado la falta de pol¨ªticas econ¨®micas alternativas para evitar que los campesinos tengan que recurrir a la deforestaci¨®n para poder vivir.
Mientras tanto, sigue sin aprobarse en el Parlamento el nuevo C¨®digo Forestal, ya que existe una dura pol¨¦mica entre quienes defienden que la reserva legal de la Amazonia se mantenga en un 80% y quienes desean reducirla al 50%. En el enfrentamiento entran en juego los intereses del lobby de los terratenientes presentes en el Congreso, que consiguen no pocas veces corromper no s¨®lo los registros de la propiedad sino incluso a funcionarios del Gobierno.
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