Del Castillo acepta que los representantes pol¨ªticos no intervengan en el gobierno de las universidades

La ministra lanz¨® ayer, en declaraciones a la Cadena SER, una contrapropuesta a los rectores sobre los ¨®rganos de gobierno de las universidades, la primera de las objeciones que ¨¦stos le plantearon sobre el texto de la Ley de Universidades (LU). Pilar del Castillo se anticip¨® a la contestaci¨®n que las universidades ten¨ªan previsto hacer ayer sobre el rechazo manifestado inicialmente por el ministerio acerca de la petici¨®n de los m¨¢ximos representantes de las universidades.

Los rectores no quieren que en el consejo de gobierno, el nuevo ¨®rgano que en el anteproyecto sustituye a la actual junta de gobierno, haya una parte de representantes pol¨ªticos porque consideran que eso 'afectar¨ªa seriamente al derecho constitucional de la autonom¨ªa universitaria'. A este ¨®rgano corresponde, seg¨²n el texto del ministerio, el gobierno de cada universidad y, por tanto, la toma de decisiones de ¨ªndole acad¨¦mico (como planes de estudios, plazas de profesorado y nuevas titulaciones).

Del Castillo se?al¨® que 'no descarta adoptar otro modelo de ¨®rganos de gobierno' y apunt¨® dos alternativas que est¨¢ barajando su ministerio para tratar de llegar a un acuerdo con los rectores.

La primera posibilidad la explic¨® as¨ª a la SER: 'En el consejo de gobierno estar¨ªa s¨®lo la comunidad acad¨¦mica y los consejos sociales tendr¨ªan una definici¨®n muy precisa de competencias y funciones, de tal manera que pudiera haber una real participaci¨®n de la parte social en las decisiones presupuestarias de las universidades'.

Esto significa que la ministra est¨¢ dispuesta a aceptar que no se incluyan representantes pol¨ªticos en el consejo de gobierno. A cambio, las funciones de los consejos sociales deber¨ªan reforzarse para que pudieran, por ejemplo, participar en la elaboraci¨®n del proyecto de presupuestos de las universidades (que ahora realiza el ¨®rgano de gobierno) y no s¨®lo en su aprobaci¨®n, o que puedan rechazar medidas acad¨¦micas (como la creaci¨®n de nuevas c¨¢tedras) por motivos presupuestarios.

Esta alternativa perseguir¨ªa, seg¨²n el ministerio, el objetivo de que los presupuestos no sean echados atr¨¢s por los consejos sociales tras haber sido elaborados exclusivamente por el consejo de gobierno.

Los consejos sociales ya existen actualmente y ejercen la funci¨®n de fiscalizar a las universidades p¨²blicas (aprueban los presupuestos, supervisan sus servicios) y est¨¢n integrados por los miembros de la comunidad universitaria y representantes asignados por los sindicatos, las patronales y los gobiernos de las comunidades aut¨®nomas.

La segunda alternativa que baraja el ministerio es que los representantes designados por la Administraci¨®n participen en el consejo de gobierno, pero que tengan voto exclusivamente 'en aquellos asuntos que derivaran en cuestiones econ¨®micas', seg¨²n dijo la ministra. En las cuestiones meramente acad¨¦micas s¨®lo tendr¨ªan voz.

Los rectores consideran que esta segunda alternativa 'no resuelve el fondo de la cuesti¨®n, que es diferenciar claramente gobierno y control social, como ocurre en las universidades del resto de los pa¨ªses', seg¨²n el presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza. El portavoz de los rectores a?adi¨®: 'Andar buscando estas mezclas complica m¨¢s que arregla el funcionamiento e impide que las decisiones sean operativas'.

De la Plaza reiter¨® la petici¨®n de los rectores de que se ampl¨ªe el plazo de debate social del anteproyecto de la ley hasta despu¨¦s del verano y resalt¨® que el ministerio 'a¨²n no ha explicado por qu¨¦ no quiere retrasar este debate'.