Apagones espa?oles

Los apagones que sufren los consumidores espa?oles no tienen nada que ver con los apagones de California. Los problemas en aquel Estado norteamericano se deben fundamentalmente a insuficiencias en la generaci¨®n y estrangulamientos de la red de alta tensi¨®n. En Espa?a, por el contrario, sobra generaci¨®n el¨¦ctrica por el momento y la red de transporte gestionada por Red El¨¦ctrica est¨¢ bien dimensionada, excepto en lo que se refiere a las interconexiones con Europa, cuyo estrangulamiento aumenta el poder de los monopolios espa?oles, pero todav¨ªa no tiene consecuencias sobre el suministro.

Los apagones en Espa?a se deben fundamentalmente a deficiencias en lo que se llama la distribuci¨®n; esto es, las instalaciones y cables de media y baja tensi¨®n que llevan la electricidad hasta las casas, tiendas y f¨¢bricas. Estos problemas no son nuevos y cualquiera que viva en la costa mediterr¨¢nea sabe que estos problemas existen desde hace a?os. Lo ¨²nico nuevo es que han ido a peor. Echar la culpa a ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas no tiene ning¨²n sentido. Es verdad que los ayuntamientos son lentos en todas sus tramitaciones, pero ¨¦sta es una realidad con la que se enfrentan todos los empresarios espa?oles y a ninguno se le ocurre utilizar este argumento para justificar que no entregan a los clientes el producto por el que ¨¦stos les pagan.

Los apagones espa?oles surgen de una mala regulaci¨®n de la distribuci¨®n el¨¦ctrica en Espa?a y tampoco se puede decir que ello se deba a que la regulaci¨®n haya reducido la remuneraci¨®n de las empresas el¨¦ctricas. Porque, as¨ª como es cierto que se ha reducido la remuneraci¨®n de la generaci¨®n (reducci¨®n insuficiente, teniendo en cuenta la ca¨ªda en los tipos de inter¨¦s), tambi¨¦n es cierto que en los ¨²ltimos a?os ha aumentado sustancialmente la remuneraci¨®n que perciben las empresas el¨¦ctricas por su actividad de distribuci¨®n.

La comisi¨®n reguladora inform¨® favorablemente del aumento de estas cargas a los consumidores justamente para que las empresas pudieran hacer frente a los problemas de calidad de suministro (apagones, oscilaciones de tensi¨®n, etc¨¦tera) que ya se observaban en la distribuci¨®n el¨¦ctrica, pero tambi¨¦n propuso al Gobierno que, a cambio de ese aumento en la remuneraci¨®n, fijara unas exigencias de calidad con el fin de que las empresas utilizaran ese dinero adicional para mejorar la calidad en el suministro. Desgraciadamente, el Gobierno aument¨® mucho la remuneraci¨®n de las empresas el¨¦ctricas por el concepto de distribuci¨®n, pero no les fij¨® ninguna exigencia de calidad. Los efectos est¨¢n a la vista de todos.

S¨®lo hace seis meses, despu¨¦s de cinco a?os sin haber regulado la calidad del suministro, que el Gobierno ha aprobado un decreto en el que se establecen unos niveles de calidad, pero, gracias a una serie de trucos reglamentarios, las empresas el¨¦ctricas seguir¨¢n sin ser sancionadas por su incumplimiento hasta dentro de dos o tres a?os. Es absurdo que el poder p¨²blico fije la remuneraci¨®n de un servicio monop¨®lico sin exigir una calidad determinada a cambio. Esto de pagar a un suministrador sin exigirle una calidad definida es algo ins¨®lito, que no sucede en ning¨²n otro negocio. Es como acordar el precio de una vivienda y que luego el vendedor pudiera suministrar los metros cuadrados que le parezca. Es como si, al comprar un coche, por el mismo precio el vendedor pudiera entregar un Mercedes o un Seat.

Se acusa a las empresas el¨¦ctricas de que los recursos crecientes que han recibido por la actividad de distribuci¨®n han sido desviados a inversiones en otros sectores o pa¨ªses, en vez de mejorar la calidad del servicio el¨¦ctrico en Espa?a. En una econom¨ªa capitalista, esta acusaci¨®n no tiene sentido, pues las empresas el¨¦ctricas, como todas, buscan su m¨¢ximo beneficio. La ¨²nica posibilidad de que sirvan al consumidor es que el poder p¨²blico, al fijar la remuneraci¨®n, fije al mismo tiempo una calidad y, si no cumplen, obligarles a reducir sustancialmente las facturas que pasan a los consumidores. El problema no ha surgido de la actuaci¨®n maliciosa de las empresas el¨¦ctricas, sino de una deficiente regulaci¨®n por parte del Gobierno, que no oblig¨® a las empresas el¨¦ctricas a respetar unos niveles m¨ªnimos de calidad.

Ahora se intentar¨¢ investigar cu¨¢l es la parte de culpabilidad de los ayuntamientos en los apagones, o en qu¨¦ se han gastado los recursos las el¨¦ctricas. Esto ser¨ªa innecesario si se hubieran aprobado unas exigencias de calidad de suministro y se hubiera establecido una sanci¨®n por su incumplimiento. Las empresas el¨¦ctricas se habr¨ªan preocupado de convencer -como fuera- a los ayuntamientos, y habr¨ªan gastado en inversi¨®n y mantenimiento lo m¨ªnimo necesario -pero no menos- para dar la calidad exigida, por la sencilla raz¨®n de que los apagones les habr¨ªan afectado negativamente a su cuenta de resultados. Hoy, el incumplimiento les sale gratis.

Es verdad que fueron las empresas el¨¦ctricas las que pidieron al Gobierno que no aprobara exigencias de calidad ni sanciones por incumplimiento, pero ello tambi¨¦n es l¨®gico, pues todo el mundo -y no s¨®lo las empresas el¨¦ctricas- intenta que la legislaci¨®n le favorezca.

El problema es que el Gobierno les hizo caso. Como en tantos otros casos, el Gobierno cay¨® en el error de pensar que la mejor regulaci¨®n es la que accede a las peticiones de las empresas del sector correspondiente. Como en tantos otros casos, y a diferencia de lo que sucede en otros pa¨ªses, ser¨¢n los consumidores, y no los monopolios, los que paguen los costes de los apagones.