El consejero Mas-Colell y los rectores catalanes apoyan a Arola en el juicio por prevaricaci¨®n
La consejera Rigau, llamada a declarar como testigo en el caso de la profesora Albert
Junto al rector de la URV se sentar¨¢ en el banquillo de los acusados el coordinador de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) de este centro, Joan Igual.
Numerosos pol¨ªticos de la provincia, entre ellos el presidente de la intercomarcal de CDC, Joan Aregio; el presidente de la Diputaci¨®n, Josep Marin¨¦, y el secretario general de ERC, Josep Llu¨ªs Carod Rovira, ya han confirmado su presencia y su asistencia a la concentraci¨®n convocada desde la Oficina del Estudiante de la URV en el exterior de los juzgados.
El juicio contra Arola, a quien el fiscal acusa de haber apartado del tribunal de correcci¨®n de los ex¨¢menes de selectividad de 1999 a la profesora de gram¨¢tica espa?ola Josefina Albert como represalia por haber acudido al Defensor del Pueblo y cuestionado ante ¨¦l la posible discriminaci¨®n del castellano en la prueba de acceso a la universidad, se inicia hoy despu¨¦s de su suspensi¨®n el pasado 19 de abril. La juez, Mar¨ªa Jos¨¦ Gago, declar¨® su incompetencia puesto que hab¨ªa dictado una providencia durante la fase de instrucci¨®n. El TSJC, finalmente, consider¨® que la juez s¨ª era competente, por lo que se convoc¨® una nueva fecha para la vista oral. El fiscal pide ocho a?os de inhabilitaci¨®n para los dos acusados por el delito de prevaricaci¨®n, y solicita una indemnizaci¨®n de 500.000 pesetas a favor de Josefina Albert por da?o moral. La acusaci¨®n particular, por su parte, demanda ocho a?os y seis meses de inhabilitaci¨®n para cada uno de los acusados por un delito de prevaricaci¨®n y dos a?os y seis meses de inhabilitaci¨®n, tambi¨¦n para ambos, por un delito contra los derechos individuales. Paralelamente, la acusaci¨®n particular solicita una indemnizaci¨®n de 10.120.000 pesetas para la profesora Albert en concepto de da?os morales.
En el proceso se ver¨¢ obligada a declarar como testigo la actual consejera de Bienestar Social de la Generalitat, Irene Rigau, que entonces ocupaba la secretar¨ªa del Consejo Interuniversitario. Adem¨¢s de Rigau, tambi¨¦n deber¨¢ declarar el vicerrector de la URV, Estanislau Pastor, as¨ª como varios decanos de esta universidad y el profesor Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez, quien, al igual que Albert, fue apartado del tribunal de correcci¨®n y vigilancia de las pruebas de acceso a la universidad por razones similares. La URV siempre ha asegurado que cumpli¨® la normativa vigente.
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