El gobierno de las universidades p¨²blicas

Acercarse a la reforma universitaria desde una perspectiva totalizadora, tratando de recomponer un completo rompecabezas mediante un texto legal ¨²nico, es un intento in¨²til. Lo pr¨¢ctico ser¨ªa, m¨¢s bien, identificar una variable clave y dejar que las diversas administraciones auton¨®micas competentes en esta materia y las propias universidades, amparadas en su autonom¨ªa, hagan su trabajo experimentador y de fomento de la competitividad.

A nuestro juicio, la variable clave es el gobierno de la universidad. Es cierto que otras variables, como la financiaci¨®n o la endogamia, podr¨ªan considerarse como claves, pero creemos que ¨¦stas podr¨ªan encauzarse correctamente al socaire de un buen gobierno universitario. Si se tiene en cuenta que la mayor¨ªa de las reacciones al proyecto de la nueva Ley Universitaria subrayan este asunto del gobierno, no parece que nuestra propuesta est¨¦ fuera de lugar. Las pocas voces que se han escuchado desde las administraciones auton¨®micas han denunciado la intromisi¨®n del proyecto de ley en sus competencias exclusivas. Los Consejos Sociales, con un deseo admirable de ayudar, han pedido (y obtenido en el anteproyecto) una ampliaci¨®n de sus competencias y una mejor definici¨®n de su cometido. La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Espa?olas), que cuenta, con todo el poso del Informe Universidad 2000, o informe Bricall, ha preferido no hacer uso de ¨¦l y centrar sus cr¨ªticas al primer borrador del proyecto de ley en esta materia del gobierno de la universidad, expresando su resentimiento ante la propuesta de que en el Consejo de Gobierno haya un 'tercio externo', que interpretan como una posible injerencia en la autonom¨ªa universitaria, injerencia que confundir¨ªa, seg¨²n ellos, el gobierno de la Universidad con el control econ¨®mico, propio del Consejo Social. Y, finalmente, el escrito de 300 catedr¨¢ticos y titulares encabezados por Gabriel Tortella, catedr¨¢tico de Historia Econ¨®mica, critica al ministerio por timorato y ofrece una sugerencia detallada para poner en marcha el gobierno de los mejores, es decir, un gobierno en el que sus diferentes ¨®rganos, unipersonales o colectivos, est¨¦n copados por los profesores que hayan demostrado una mayor y continuada excelencia acad¨¦mica.

Nuestra estrategia en este breve art¨ªculo consiste en criticar la iniciativa Tortella y la protesta rectoral y proponer, como aportaci¨®n al debate sobre la nueva Ley Universitaria, que las comunidades aut¨®nomas y las universidades, en el uso de su autonom¨ªa respectiva, experimenten nuevas formas de gobierno que den entrada a personas externas al mundo acad¨¦mico.

La iniciativa Tortella propone que 'el m¨¦rito sea la base del gobierno de la Universidad'. (EL PA?S, 9 de junio). Es dif¨ªcil poner alguna objeci¨®n a la conveniencia de implicar a los profesores que posean el mayor nivel de excelencia en el gobierno de la instituci¨®n universitaria, ya que es un hecho que la calidad de la Universidad depende, en buena parte, de la de su profesorado y que en ¨¦ste radica la fuente de innovaci¨®n y renovaci¨®n. Sin embargo, parad¨®jicamente, los individuos inteligentes no siempre generan organizaciones inteligentes. Betty Zucker, especialista en gesti¨®n del conocimiento, advierte claramente que 'las universidades son aglomeraciones de personas l¨²cidas, pero no son ejemplos de lucidez colectiva', y a?ade contundente que, 'debido a la falta de circulaci¨®n de conocimientos, la Universidad como totalidad no es inteligente'. Esta afirmaci¨®n pone de manifiesto que, en organizaciones como las universidades, donde el conocimiento es la principal materia prima, la inteligencia organizativa ha de ocupar un lugar protagonista. En otras palabras, la meritocracia no es condici¨®n suficiente para la mejora significativa del gobierno de las universidades.

A nuestro juicio, el gobierno de los mejores ni tan siquiera es necesario. Lo que realmente necesitan las universidades p¨²blicas es constituirse en verdaderas organizaciones inteligentes, capaces de gestionar el trabajo creativo de la comunidad acad¨¦mica y hacerlo en el contexto de una estrategia clara, bien definida y participativa, que optimice la capacidad competitiva de cada una de ellas. Nuestra previsi¨®n es que, si esto se consigue, los mejores profesores y los investigadores m¨¢s cualificados podr¨ªan dedicar m¨¢s tiempo y atenci¨®n a aquello en lo que destacan y aceptar¨ªan, con menos reticencias que hoy, colaborar en aquellas tareas organizativas donde su ayuda pudiera resultar de utilidad. En este punto la reacci¨®n de la CRUE es especialmente decepcionante. Jugar con la participaci¨®n de la sociedad en el Consejo de Gobierno como moneda de cambio a utilizar en la negociaci¨®n con el ministerio e involucrar en ese juego el derecho constitucional a la autonom¨ªa es no entender el problema y revestirse de grandes principios para justificar la miop¨ªa propia. Esta reacci¨®n plantea serios interrogantes sobre las verdaderas intenciones de los rectores y una cierta sensaci¨®n de que pueden primar intereses corporativos y pereza institucional m¨¢s que el genuino deseo de renovaci¨®n.

Frente a la meritocracia no necesaria, y frente a la sospecha de corporativismo, nosotros pensamos que el futuro de las universidades p¨²blicas espa?olas pasa por la reforma de su arquitectura institucional, que d¨¦ paso a la posibilidad de crear un ambiente en el que, por una parte, se optimice la producci¨®n de bienes intelectuales y, por otra, se preste especial atenci¨®n a obtener los beneficios asociados al indiscutible valor potencial de los mismos. Pero, para conseguir esta forma de organizaci¨®n inteligente, nos parece absolutamente necesario que haya una amplia presencia de la sociedad en el ¨¢mbito universitario. Es bien cierto que la experiencia general de los consejos sociales no supone una inyecci¨®n de optimismo, ya que la labor por ellos realizada se ha limitado, en la mayor¨ªa de los casos, a una m¨ªnima supervisi¨®n econ¨®mica, condicionada habitualmente por acuerdos previos de los ¨®rganos acad¨¦micos con los responsables pol¨ªticos, que son los que nombran a los miembros no acad¨¦micos de los consejos sociales. Este galimat¨ªas persistir¨¢ aunque se les asignen m¨¢s funciones, tal como hace el anteproyecto, a menos que se plantee la necesidad de tomarse en serio, no tanto el control o la supervisi¨®n, sino el gobierno de la Universidad. Ser¨ªa una experiencia de gran calado que un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno pudiera estar formado por personas que hayan demostrado sus conocimientos en la gesti¨®n empresarial de actividades creativas. En este sentido, y como ejemplo, nos parecer¨ªa m¨¢s pertinente un productor de cine que un miembro del Consejo Social nombrado por razones de equilibrio pol¨ªtico por el correspondiente legislativo aut¨®nomo. No es necesario que estos miembros del Consejo de Gobierno sean miembros del Consejo Social o dependan de ¨¦l, ni tampoco es necesario que se les considere miembros de la comunidad universitaria. S¨ª creemos necesario que a este 'tercio externo' se les nombre y se les incentive con estrictos criterios profesionales y se les encomiende la organizaci¨®n y supervisi¨®n de la gesti¨®n general, las relaciones con el entorno, la administraci¨®n de las finanzas y, sobre todo, los procesos de puesta en valor de la producci¨®n intelectual universitaria.

Es claro que cualquier iniciativa a este respecto deber¨ªa ser totalmente respetuosa con la autonom¨ªa universitaria, de manera que sea cada universidad la que, dentro del marco que le proporcione la Ley Universitaria, defina la forma m¨¢s ¨²til para aprovecharse de las ventajas de poder decidir sobre su propia estructura organizativa. Creemos que el peligro de que todas las universidades se confabulen para cerrar la puerta al aire fresco de una organizaci¨®n inteligente propiciada por la iniciativa social es pr¨¢cticamente inexistente. Desaparecer¨ªa totalmente en cuanto la primera universidad p¨²blica se decidiera a lanzarse por el camino que aqu¨ª apuntamos. La competencia entre ellas contagiar¨ªa a las dem¨¢s y, de esta forma, la organizaci¨®n interna se convertir¨ªa en una verdadera variable competitiva.

Puesto que pensamos que lo esencial es que se abran cauces para que las universidades puedan competir entre s¨ª, es crucial abrir el gobierno de las instituciones universitarias a la sociedad civil. A este fin, nos gustar¨ªa resaltar la importancia de que cada comunidad aut¨®noma se aproveche de sus centros universitarios ofreci¨¦ndoles incentivos para ser competitivos. Y para conseguir esto no hace falta hacer nada. Hace falta dejar de hacer y dejar hacer. Es preferible no ser reglamentista en el 'tercio social' y recordar a quienes corresponda, comunidades aut¨®nomas y universidades, que ¨¦stas pueden llegar a ser rentables, que, si lo son, atraer¨¢n a los mejores y que, con la ayuda de ¨¦stos, empezar¨¢n a cumplir con sus verdaderos objetivos de calidad en la ense?anza y la investigaci¨®n.

Juan Urrutia y Aurelia Modrego son ex presidente y ex secretaria del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid.