Justicia y raz¨®n patri¨®tica

Hay quien todav¨ªa piensa que el tiempo de la resistencia no ha terminado. S¨®lo as¨ª se puede explicar la ins¨®lita actitud de un consejero de la Generalitat de manifestarse -con c¨¢nticos patri¨®ticos incluidos- en la puerta de unos juzgados. Ocurri¨® en Tarragona. El protagonista fue Andreu Mas-Colell, comisionado de Universidades. El motivo, el juicio contra el rector de la Universidad Rovira i Virgili, Llu¨ªs Arola, por presunta prevaricaci¨®n al tomar, supuestamenete, represalias contra la profesora Josefina Albert a ra¨ªz de un desacuerdo sobre el uso del castellano en la selectividad. No tengo nada que objetar a la presencia de diversos ciudadanos, libres de manifestarse donde quieran con tal de que no obstaculizaran el desarrollo del juicio. Tampoco a la de los rectores de otras universidades, sea por razones pol¨ªtica, culturales o gremiales. El gremialismo es una de las enfermedades profesionales m¨¢s extendidas. Pero la m¨¢s elemental cultura democr¨¢tica indica que un responsable del Ejecutivo no puede permitirse actos manifiestos de coacci¨®n al poder judicial. Y el Gobierno catal¨¢n es poder ejecutivo en Catalu?a, por m¨¢s que la pol¨ªtica nacionalista busque la ambig¨¹edad en todas partes, incluso en las relaciones con los otros poderes.

Se me dir¨¢ que el consejero ha hecho abiertamente lo que en otros muchos casos judiciales muchos gobiernos hacen subrepticiamente. O a trav¨¦s del fiscal general del Estado, como hemos visto tantas veces en Espa?a. No es ni siquiera un atenuante. La separaci¨®n de poderes deber¨ªa ser sagrada en democracia. Y un representante del poder ejecutivo s¨®lo deber¨ªa ir al juzgado como v¨ªctima de un delito o convocado por un juez para declarar como testigo o como imputado. Todo lo dem¨¢s es excederse en sus funciones, rompiendo las l¨ªneas, a menudo invisibles, que separan la actitud democr¨¢tica del comportamiento autoritario. Entiendo que el consejero no quiera manchas judiciales en la aplicaci¨®n de las normas ling¨¹¨ªsticas en el mundo universitario. Pero un acto de coacci¨®n de un poder sobre otro es impropio de las normas de conducta que deben regir las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo. ?Le parecer¨ªa bien al consejero que un grupo de jueces se manifestara ante su despacho para pedir, por ejemplo, la resoluci¨®n favorable de un concurso en el que participara un compa?ero suyo? Es preocupante la actitud de Mas-Colell y lo es tambi¨¦n el escaso eco que el hecho ha tenido en la opini¨®n catalana. ?Ser¨¢ que la cultura de resistencia es todav¨ªa dominante?

Y sin embargo, los intentos de interferir en las razones de la justicia con las razones de Estado o las razones patri¨®ticas es demasiado habitual en la democracia espa?ola. Mas-Colell podr¨ªa ciertamente aducir que los gobiernos de Madrid no predican precisamente con el ejemplo. Y adem¨¢s gozan de un instrumento que no tiene el Gobierno catal¨¢n: la capacidad de indultar. Estos d¨ªas, sin ir m¨¢s lejos, se anuncia un inminente indulto para los cinco agentes condenados por las escuchas del Cesid. Un indulto concedido por un Gobierno del mismo color -el azul del PP- que el que indult¨® -parcialmente- a Barrionuevo y Vera o a G¨®mez de Lia?o, para se?alar algunos ejemplos de inequ¨ªvoca motivaci¨®n pol¨ªtica. El indulto es un prerrogativa del poder ejecutivo que goza en general del prejuicio favorable del ciudadano probablemente porque, de modo inconsciente, todo el mundo entiende que alg¨²n d¨ªa podr¨ªa ser beneficiado. Y porque, a pesar de los miedos y las paranoias de la sociedad contempor¨¢nea, cogidos en fr¨ªo los ciudadanos tenemos pocos enemigos a los que deseemos la c¨¢rcel. Pero el uso abusivo del indulto es una manifiesta intromisi¨®n del poder ejecutivo en el poder judicial que puede acabar socavando las competencias de los jueces y convertir al Gobierno en lo que no es, una especie de ¨²ltima instancia del poder judicial. Y el Gobierno del PP cuenta ya por miles sus indultos.

El indulto es una prerrogativa de origen predemocr¨¢tico que viene a confirmar la convicci¨®n espont¨¢nea de todo gobernante: que el poder ejecutivo tiene cierta supremac¨ªa sobre los dem¨¢s poderes, tanto sobre el judicial como sobre el legislativo, del que en cierto modo emana. El argumento es la generosidad del gobernante, que le permite ser caritativo -o incluso equitativo- donde la justicia puede haber sido demasiado r¨ªgida, poco sensible a la peripecia humana. El indulto tiene una dimensi¨®n de arbitrariedad que no hace m¨¢s que reforzar la tendencia de todo Gobierno a actuar de modo discrecional. Con el fiscal general del Estado concebido como sumiso int¨¦rprete de la raz¨®n de Estado -o del inter¨¦s propio de los gobernantes, que muchas veces es la elemental realidad que esconde este eufemismo- y el indulto como arma correctora de las razones de la justicia, ciertamente los gobiernos est¨¢n s¨®lidamente armados para manejar las decisiones del poder judicial. Si a ello a?adimos el enorme poder de disuasi¨®n que tiene quien fija nombramientos y salarios, la realidad cotidiana de la separaci¨®n de poderes queda descrita en sus reales y humanas proporciones.

Naturalmente, Andreu Mas-Colell puede argumentar que su Gobierno -que lo es de una comunidad aut¨®noma, pero no de un Estado- est¨¢ en clara inferioridad respecto a la capacidad de abuso legal que tiene el Gobierno espa?ol. ?Hay que entender que esta realidad le legitima para actuar como manifestante ante la justicia? Su cuota de poder ejecutivo es la que corresponde seg¨²n el sistema constitucional defendido y aprobado por el Gobierno del que forma parte. Con mucho o poco poder -bastante m¨¢s de lo que el victimismo convergente nos querr¨ªa hacer creer para eludir responsabilidades-, el consejero representa a un poder ejecutivo frente al poder judicial. Y no cabe la acci¨®n de protesta por su parte, salvo que entendamos que hasta convertir a la potencia nacional catalana en el acto que es un Estado propio podemos seguir consider¨¢ndonos en situaci¨®n de resistencia. Pero ¨¦sta no es la l¨®gica que ha presidido el comportamiento de los gobiernos de Pujol y mucho menos su actual alianza con el PP. Estar en la calle y en el despacho oficial a la vez es dif¨ªcil siempre, pero a veces adem¨¢s es, pese a los malos ejemplos que vienen de Madrid, democr¨¢ticamente irresponsable. Por m¨¢s que sea en nombre de la raz¨®n patri¨®tica.