Los derechos en Barcelona a la vista de G¨¦nova

Los sucesos ocurridos en el paseo de Gr¨¤cia de Barcelona el pasado domingo 24 de junio est¨¢n siendo analizados desde variadas perspectivas. ?stas no pueden separarse, sin duda, del marco general en que se produjeron los acontecimientos, o sea, el de la ya abierta confrontaci¨®n para cubrir las tremendas desventajas que est¨¢ provocando la globalizaci¨®n econ¨®mica y cibern¨¦tica. Las ventajas que genera no tienen hasta ahora, en absoluto, car¨¢cter social; antes bien, son para los menos, es decir, no alcanzan a una parte de la poblaci¨®n que es segregada y se convierte en excluida. El v¨ªnculo que sostiene a las grandes mayor¨ªas sin ventajas, cuando no marginadas, es el de la solidaridad frente a ese avance desmedido que no s¨®lo las est¨¢ despojando de los derechos sociales, sino que asimismo est¨¢ destruyendo desde las posibilidades de subsistencia mediante el trabajo hasta la cotidianidad de familia, de barrio, de comunidad. Lo que es lacerante verificar en ?frica, en Am¨¦rica Latina y en otros rincones del planeta nos golpea sin duda tambi¨¦n en Europa.

Ante estas situaciones, la protesta y la reclamaci¨®n de que se limiten los efectos perversos se confronta con el desenfado de quienes como representantes empresariales o de la banca internacional, o directamente como agentes de las verdaderas protagonistas de la globalizaci¨®n desmedida, las multinacionales, mantienen reuniones para planear sus actividades. Y esta confrontaci¨®n se hace con los medios que posee cada una de las partes. Una, con sus enormes capacidades econ¨®micas y organizativas; la otra, a trav¨¦s de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y del ejercicio de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente en todas las democracias, que para colmo se autocalifican de 'sociales'. Esos derechos estipulados por la Constituci¨®n espa?ola son los opini¨®n, de reuni¨®n y de asociaci¨®n. Es verdad que, como ya han expresado otros comentaristas, el movimiento social que ha producido las protestas y que con tanta legitimidad y rapidez ha concitado la atenci¨®n social y medi¨¢tica, cambiando la agenda pol¨ªtica mundial, corre el riesgo de perder esa legitimidad y esa atenci¨®n si resulta confundido o copado por quienes no participan en sus manifestaciones con los mismos fines. Quiz¨¢ no hace falta repetir que manifestarse no supone querer alterar el orden p¨²blico ni ejercer violencia. En este caso, y s¨®lo en este caso, puede negarse la autorizaci¨®n a reunirse en lugares de tr¨¢nsito p¨²blico. Sobre esta base, la Delegaci¨®n del Gobierno en Barcelona se equivoc¨® al querer cambiar el lugar de reuni¨®n de los convocantes el domingo 24 de junio. Mas ya no cabe duda de que las alteraciones ocurridas al final de la manifestaci¨®n no tuvieron ninguna relaci¨®n con los convocantes ni con los que all¨ª se manifestaban pac¨ªficamente. Antes bien, se investiga la provocaci¨®n de tales alteraciones e incluso la participaci¨®n policial en esa provocaci¨®n. Pero todav¨ªa es de temer que se pretenda trastocar los argumentos y, de este modo, criminalizar al movimiento, asemej¨¢ndolo a la lucha callejera vasca, aunque la pac¨ªfica y l¨²dica manifestaci¨®n del domingo 1 de julio en Barcelona contra la violencia policial ha ratificado la legitimidad del movimiento social contra la globalizaci¨®n perversa.

En G¨¦nova se prev¨¦ algo may¨²sculo. La ciudad, en particular su centro hist¨®rico, est¨¢ viviendo contra el reloj la reuni¨®n del G-8. Los ciudadanos saben que durante una semana algunas decenas de miles de personas estar¨¢n pr¨¢cticamente secuestradas en sus casas, con los negocios cerrados, los transportes parados, los trenes bloqueados, los tribunales desiertos y en las calles miles de polic¨ªas, mientras francotiradores, servicios secretos y fuerzas especiales ocupan los tejados, las traves¨ªas y las zonas neur¨¢lgicas de los alrededores de las sedes que ocupar¨¢ el G-8. El aire que se respira es muy pesado en la ciudad, donde las fuerzas policiales acaban de dar bastonazos a los obreros que se manifestaban al ver amenazados sus puestos de trabajo, cuando hac¨ªa 30 a?os que esto no ocurr¨ªa. Pero el alarmismo de la prensa y de los politicos est¨¢ transformando el encuentro de julio en un enorme embrollo anunciado.

Lo que surge de todo esto, tanto de lo ocurrido en Barcelona como de lo que podr¨ªa acontecer en G¨¦nova, es un sombr¨ªo cuadro sobre el cual es necesario intervenir, sustray¨¦ndolo a la l¨®gica militar o policial con que lo est¨¢ analizando el poder pol¨ªtico. Las ocasiones de 'di¨¢logo social' que pretende propiciar la Uni¨®n Europea -Prodi ha dicho que la UE debe 'acercarse siempre m¨¢s a sus ciudadanos'- son, sin embargo, consideradas de forma alarmante como problemas de orden p¨²blico, creando una deformaci¨®n de partida, tanto que la discusi¨®n preventiva y la posibilidad de asegurar espacios para las discusiones y las manifestaciones se tiene antes por una concesi¨®n que por el ejercicio de unos derechos. El d¨¦ficit de gobierno que est¨¢ provocando el fin de la soberan¨ªa nacional, la internacionalizaci¨®n de mercados y capitales, etc¨¦tera, es un d¨¦ficit de gobierno democr¨¢tico ya que las sedes informales del poder -el FMI, el WTO, el G-7 y ahora el G-8- no est¨¢n democr¨¢ticamente legitimadas, pero irrumpen en los ¨¢mbitos nacionales dictando hasta sus pol¨ªticas de orden p¨²blico; es decir, subvirtiendo el respeto de los derechos y las libertades p¨²blicas.

Roberto Bergalli es jefe de estudios de Criminolog¨ªa y Pol¨ªtica Criminal en la Universidad de Barcelona.