Las continuas irregularidades obligan a Gimeno a aplazar unas oposiciones
Al PP le crecen los problemas en las oposiciones para cubrir plazas en las administraciones. Si los ¨²ltimos meses la Generalitat ha salido a la palestra por, entre otras cosas, extra?as relaciones entre miembros de los tribunales y opositores, ahora es el Ayuntamiento de Castell¨®n, que preside Jos¨¦ Luis Gimeno, el que se ha visto obligado a paralizar las pruebas para una plaza en propiedad de intendente de la Polic¨ªa Local.
En este caso, al igual que en otros que han sido denunciados por el Grupo Socialista municipal, el problema est¨¢ en la composici¨®n del tribunal. Un informe de t¨¦cnicos municipales indica que tres de sus componentes 'no pueden formar parte de ¨¦l' por no cumplir el requisito de pertenecer al mismo grupo o superior al de la plaza ofertada. Una comisi¨®n extraordinaria decidi¨® la semana pasada aplazar las pruebas hasta que se despejen las dudas. Sin embargo, la decisi¨®n no fue adoptada ¨²nicamente por el informe de los t¨¦cnicos.
Seg¨²n los concejales socialistas Josefina Gimeno y Juli Domingo, las discrepancias sobre la presunta ilegalidad de la composici¨®n de los tribunales son 'habituales' en la convocatoria de oposiciones para el Ayuntamiento. Y, habitualmente, por el mismo motivo: no cumplir el ya citado requisito, aunque el grado de especializaci¨®n requerido tambi¨¦n ha sido causa de conflicto.
Informe sobre los requisitos
Durante los ¨²ltimos meses se han convocado m¨¢s de medio centenar de plazas para el Consistorio castellonense. Las discrepancias llevaron al Grupo Socialista, que encabeza Ignacio Sub¨ªas, a solicitar un informe, ajeno a los t¨¦cnicos de la casa, para determinar exactamente los requisitos que deb¨ªan cumplir los miembros del tribunal y, en su caso, si a alguno se le exim¨ªa de ello. Desde enero, en varias comisiones, los socialistas reiteraron su petici¨®n. Fueron pasando las oposiciones y, en mayo, lleg¨® la convocatoria de las correspondientes a cuatro plazas de T¨¦cnico de Administraci¨®n General. El informe, solicitado a la Consejer¨ªa de Administraciones P¨²blicas, no llegaba y, pese a las reticencias de los socialistas, la comisi¨®n y la junta de personal decidieron pasar al tribunal calificador. Las pruebas comenzaron el 12 de junio. Dos d¨ªas despu¨¦s, seg¨²n el sello del propio documento, sali¨® de la consejer¨ªa el tan reclamado informe que, sin embargo, no lleg¨® al Ayuntamiento hasta el 22 de junio y no fue entregado al Grupo Socialista hasta el 2 de julio. ?ste es claro y tajante: en cinco folios repite hasta ocho veces que todos los miembros con voto, excepto el cargo p¨²blico que preside el tribunal, deben cumplir con el requisito de ser funcionario del mismo grupo y titulaci¨®n que la del personal a seleccionar. El texto hace especial menci¨®n a los representantes sindicales que han de integrar el tribunal. Para ellos, se reclama la necesidad de cumplir los mismos requisitos que los dem¨¢s miembros y aporta, en el mismo sentido, una sentencia del Supremo, precisamente a ra¨ªz de una alegaci¨®n sindical.
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