?Qui¨¦n despide?

Una profesora de religi¨®n ha perdido su trabajo por casarse con un divorciado. Acaba de ocurrir en Espa?a, concretamente en el colegio p¨²blico Ferrer Guardia, en Almer¨ªa. La profesora -Resurrecci¨®n Galera, de 36 a?os- ten¨ªa contrato con el Ministerio de Educaci¨®n y llevaba siete a?os en el puesto a plena satisfacci¨®n de alumnos, empleador, claustro de profesores y padres de alumnos.

Este suceso, repetido en otros centros de ense?anza, es incontestable, y se sab¨ªa que iba a producirse desde mayo pasado, porque el Obispado de Almer¨ªa lanz¨® entonces un anatema contra la docente tras enterarse de su nuevo -y legal- estado civil. Quiere decirse que la jerarqu¨ªa cat¨®lica ha actuado con premeditaci¨®n, despreocupada de la l¨®gica conmoci¨®n que producir¨ªa una decisi¨®n as¨ª. Lo curioso es que la Iglesia no se siente responsable porque, dicen los prelados, quien 'contrata y cesa' a los profesores de religi¨®n desde 1999 es el Ministerio de Educaci¨®n, no los obispos. Un profano creer¨ªa que el Gobierno de Aznar firm¨® en 1999 con la Conferencia Episcopal un convenio leonino, que le obligar¨ªa a comportarse al margen de la legalidad: como si, de pronto, Espa?a hubiera perdido la Constituci¨®n de 1978 y el Estatuto de los Trabajadores de 1980. No es verdad. En ninguna parte de ese acuerdo bilateral figura que el Estado deba aceptar que casarse por lo civil pueda provocar la p¨¦rdida de empleo.

Los hechos son testarudos. Si quien contrata y paga a los profesores es el Ministerio de Educaci¨®n, y si quien gestiona el colegio Ferrer Guardia es la Junta de Andaluc¨ªa, ?qu¨¦ hace un prelado imponiendo el despido de una docente acusada de casarse? Estamos en agosto de 2001, no en el a?o 1953, cuando, con fecha de 27 de agosto, el Estado de la Santa Sede y el r¨¦gimen del general Franco firmaron el concordato que conced¨ªa a la Iglesia cat¨®lica el t¨ªtulo de 'sociedad perfecta'. Los espa?oles no pudieron entonces opinar sobre tan desafiante proclamaci¨®n m¨¢s que con los consabidos chistes sobre el cura que se saltaba en rojo los sem¨¢foros porque se lo permit¨ªa el concordato. En cambio, la Espa?a democr¨¢tica no deber¨ªa tolerar que le impongan normas contrarias a la Constituci¨®n y al sentido com¨²n, amparadas, al parecer, en aquel convenio entre Estados. Har¨ªan mal los eclesi¨¢sticos despachando las cr¨ªticas con el aburrido sambenito del anticlericalismo trasnochado. Hablamos de legalidad, no de religi¨®n; de centros de ense?anza propiedad del Estado, no de catequesis parroquiales.