Los usuarios podr¨¢n exigir un presupuesto previo y una factura a las empresas de gr¨²as

Un automovilista que necesite el servicio de una gr¨²a tras un accidente o una aver¨ªa es muy vulnerable a cualquier tipo de fraude debido a la situaci¨®n de emergencia en la que se encuentra. Para evitar abusos, el Gobierno regional aprob¨® ayer una serie de medidas que obligar¨¢n a las empresas del sector a informar previamente al cliente del precio y caracter¨ªsticas del traslado, as¨ª como a la posterior entrega de una factura que describa el servicio. Esta medida permitir¨¢ al usuario, seg¨²n sostiene el Ejecutivo, detectar, denunciar y, en caso de sufrir pr¨¢cticas irregulares, ser compensado.

Este decreto, aprobado ayer, desarrolla la Ley 11/1998 de Protecci¨®n de los Consumidores en el ¨¢mbito de atenci¨®n en carretera. La intenci¨®n del Gobierno regional es acabar con la vulnerabilidad del automovilista cuando, 'en una situaci¨®n de espacio y tiempo desfavorables para tomar decisiones', debido a un accidente o aver¨ªa que le impide mover el coche, debe contratar obligatoriamente un servicio de gr¨²a. En muchas ocasiones, el usuario no conoce ni sus derechos ni el importe que le va a ser cobrado, seg¨²n explic¨® el consejero de Presidencia y Hacienda, Manuel Cobo, al t¨¦rmino de la reuni¨®n semanal del Consejo de Gobierno, que aprob¨® este decreto.

A partir de ahora, explic¨® Cobo, las empresas de gr¨²as estar¨¢n obligadas a detallar previamente a los usuarios un presupuesto del servicio y entregar una hoja informativa en la que consten sus datos, tarifas y las caracter¨ªsticas de las operaciones a realizar.

Los usuarios tambi¨¦n tendr¨¢n a su disposici¨®n hojas de reclamaci¨®n y deber¨¢n recibir una factura que acredite las operaciones realizadas. Todo ello, a?adi¨® Cobo, con el objetivo de 'garantizar los derechos b¨¢sicos de los ciudadanos'.

Empresarios del sector se mostraron ayer esc¨¦pticos con el decreto gubernamental, que entrar¨¢ en vigor tras su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad en las pr¨®ximas semanas. 'Mientras no arreglen problemas del sector, como la gran cantidad de gr¨²as piratas que trabajan sin licencia, dudo mucho que una medida como ¨¦sta sea efectiva', explic¨® Emiliano Pedraza, propietario deGr¨²as Mendoza, que tiene tres de estos veh¨ªculos en propiedad. 'Adem¨¢s, ser¨¢ dif¨ªcil que muchos aut¨®nomos que van todo el d¨ªa con la gr¨²a arriba y abajo y sin otra herramienta que su tel¨¦fono m¨®vil est¨¦n dispuestos a llevar todo este papeleo encima', a?adi¨®.

Tambi¨¦n en materia de defensa del consumidor, el Gobierno aprob¨®, tras m¨¢s de un a?o de tramitaci¨®n, el Reglamento de la Ley de Protecci¨®n de los Consumidores, cuyo aspecto m¨¢s relevante es la adhesi¨®n de empresas p¨²blicas, como el Canal de Isabel II, el Metro y la ITV, al sistema arbitral de consumo para dirimir las hipot¨¦ticas controversias que surjan entre estas compa?¨ªas y los consumidores. Madrid es la primera comunidad de Espa?a que adopta esta medida.

El reglamento tambi¨¦n establece un sistema unificado de reclamaciones para que todos los profesionales y titulares de establecimientos que comercialicen bienes o servicios dispongan de hojas de reclamaci¨®n.

Canal de Isabel II

Por otra parte, el Canal de Isabel II trasladar¨¢ a una empresa privada de nueva creaci¨®n, en la que este organismo tendr¨¢ una participaci¨®n minoritaria aunque controlar¨¢ el consejo de administraci¨®n, la gesti¨®n de las relaciones con sus clientes, seg¨²n informaron Cobo y Jos¨¦ Antonio de Cachavera, director econ¨®mico del Canal. La empresa p¨²blica destinar¨¢ casi 496 millones de pesetas a la compra del 20% de la empresa Global Sales Solutions Line S.L. Posteriormente, seg¨²n De Cachavera, esta compa?¨ªa y el Canal crear¨¢n una nueva empresa, de la que tendr¨¢n el 75% y el 25%, respectivamente, para hacerse cargo del servicio de atenci¨®n telef¨®nica y gesti¨®n de las nueve oficinas comerciales del Canal.

Actualmente, una empresa externa se encarga de estas funciones con un presupuesto para este a?o de 160 millones. De Cachavera inform¨® que, 'al ser actualmente un servicio externalizado, no habr¨¢ personal del Canal que pase a desarrollar sus funciones en la nueva empresa'. El objetivo del Gobierno es entrar en un sector 'en plena expansi¨®n que factura 90.000 millones al a?o en Espa?a y con un gran potencial de crecimiento', explic¨® Cobo, que a?adi¨® que 'el cliente recibir¨¢ una atenci¨®n m¨¢s c¨®moda, r¨¢pida y personalizada' cuando el servicio pase a la nueva empresa.

El Consejo de Gobierno tambi¨¦n aprob¨® enviar el anteproyecto de Ley de Rentas M¨ªnimas al Consejo Econ¨®mico y Social como paso previo a su remisi¨®n a la Asamblea, que deber¨¢ aprobarlo antes de fin de a?o. La renta m¨ªnima sustituir¨¢ a partir del pr¨®ximo 1 de enero al actual Ingreso Madrile?o de Integraci¨®n (IMI). El anteproyecto, pactado con sindicatos y patronal, establece una ayuda mensual de 48.895 pesetas para los madrile?os que carezcan de cualquier otro ingreso. Esta cantidad subir¨¢ en 12.224 pesetas al mes por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia y en 7.335 por cada uno de los siguientes, siempre que el total no supere el salario m¨ªnimo interprofesional (72.120 pesetas mensuales).