Jugar al fuera de juego

Ser¨ªa un error pol¨ªtico alimentar el victimismo nacionalista dejando fuera de juego al PNV, y eventualmente a CiU, en la renovaci¨®n de los cargos institucionales que PP y PSOE negociar¨¢n esta semana. Hay 36 cargos a cubrir: los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los 12 miembros del Tribunal de Cuentas y 4 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional. Los delicados equilibrios que mantienen el Estado auton¨®mico se resentir¨ªan si el criterio de favorecer la integraci¨®n de los nacionalismos se supedita a otras consideraciones en el acuerdo final.

Es l¨®gico que la negociaci¨®n de la composici¨®n de los organismos institucionales recaiga fundamentalmente en PP y PSOE, que suman casi el 90% de los diputados. Pero la responsabilidad (y el sentido com¨²n) aconseja realizar esa negociaci¨®n teniendo en cuenta el car¨¢cter auton¨®mico, descentralizado pol¨ªticamente, del Estado. Los nacionalistas son minoritarios en el Congreso, pero mayoritarios en sus comunidades. La negociaci¨®n deber¨ªa suplir aqu¨ª lo que en los sistemas federales garantiza la C¨¢mara territorial.

La discusi¨®n se ha envenenado al mezclarse con el problema de la personalidad, demasiado marcada pol¨ªticamente, de algunos candidatos. Desde luego, en un sistema de divisi¨®n de poderes ser¨ªa deseable que los miembros del ¨®rgano de gobierno del Poder Judicial no fueran profesionales de la pol¨ªtica, a fin de evitar una imagen de parcialidad. Lo mismo cabe decir de los miembros del Tribunal de Cuentas, entre cuyas funciones est¨¢ la de fiscalizar los gastos de los partidos. Si ya el sistema de cuotas hace dif¨ªcil romper esa imagen, la cosa se agrava si se produce un tr¨¢nsito directo del esca?o parlamentario a alguno de esos ¨®rganos (o a otros de supervisi¨®n como la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores). Pero es cierto que la ley no establece ninguna limitaci¨®n al respecto. Si se quiere tomar en serio el problema, habr¨ªa que establecerla, reformando la norma correspondiente. Mientras no se haga, podr¨¢ recomendarse, pero no imponerse, que los partidos presenten candidatos menos marcados que, por ejemplo, Margarita Ur¨ªa, diputada del PNV.

El PP se escud¨® en esa condici¨®n para rechazar una propuesta de consenso de los socialistas que inclu¨ªa a Ur¨ªa para uno de los puestos vacantes del CGPJ. El propio PSOE ha vacilado luego, abandonando o retomando, en funci¨®n de consideraciones partidistas, el criterio de que la presencia de los nacionalista era una cuesti¨®n casi de principio. No lo es que est¨¦ Ur¨ªa, pero s¨ª es esencial no dejar fuera al PNV. Las funciones del CGPJ -incluyendo la de proponer dos de los candidatos para el Constitucional- hacen pol¨ªticamente conveniente esa presencia, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Tambi¨¦n ser¨ªa un error que en el intercambio de nombres quedara fuera del Tribunal Constitucional el candidato avalado por el nacionalismo catal¨¢n, aunque sea falso que ello suponga dejar de lado a Catalu?a: CiU no es Catalu?a, y s¨ª ha sido propuesto un candidato catal¨¢n, aunque no sea nacionalista.

El Estado auton¨®mico se invent¨® para facilitar la integraci¨®n de los nacionalismos vasco y catal¨¢n. Es incongruente, por ello, ampararse en la abrumadora mayor¨ªa de los dos grandes partidos en el Parlamento para marginar a los partidos nacionalistas de las instituciones en las que se deciden cuestiones como los conflictos competenciales, por poner el ejemplo m¨¢s obvio. Algunos dirigentes del PNV han recordado estos d¨ªas el error que supuso su exclusi¨®n de la ponencia constitucional. Fue en error, incluso si Arzalluz se empe?a ahora en decir que su partido en ning¨²n caso hubiera respaldado una Constituci¨®n espa?ola. Quienes no comparten esa obsesi¨®n sobrevenida deber¨ªan ser los m¨¢s interesados en evitar repetir el error.