?Es inevitable que existan los 'ni?os de la calle'?

'Es m¨¢s f¨¢cil pedirnos que los ni?os de la calle est¨¦n dentro, que no tenerlos fuera porque entonces se ven y pueden alterar la seguridad ciudadana'. As¨ª de claro se expresa un alto cargo del Departamento de Justicia de la Generalitat para censurar la 'hipocres¨ªa' que, en su opini¨®n, muestra la sociedad hacia este problema. 'Todo el mundo pide que se encierre a estos menores, pero nadie quiere que los centros a los que han de ir se instalen en su edificio o en su barrio', a?ade con la misma contundencia.

Ahora, despu¨¦s de tres a?os de intentar sortear el problema, la administraci¨®n auton¨®mica est¨¢ decidida a que los ni?os de la calle que rechazan las tutela de la Generalitat de la administraci¨®n y que cometen peque?os delitos dejen de escaparse de los centros de acogida. Para ello ha reformado la ley civil de protecci¨®n de menores y siempre que la fiscal¨ªa no se oponga, se retendr¨¢ a estos ni?os en los centros de acogida, sin necesidad de tutela judicial. Con toda seguridad, la fiscal¨ªa no mostrar¨¢ ninguna reticencia a aplicar estas medidas, porque el mismo fiscal jefe, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, ya pidi¨® hace tres semanas a la Generalitat que asumiera sus competencias y se hiciera cargo de los ni?os de la calle.

La pregunta que ahora se plantea es si bastar¨¢ con el internamiento forzoso de estos menores y con imponerles unas normas de conducta y educaci¨®n para evitar que vuelvan a deambular por las calles y caigan en las redes de la delincuencia. Gemma Calvet, de la Comisi¨®n de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, considera que con esa reforma legal no basta y opina que existe una actitud de desidia por parte de las administraciones. De todas. 'La Generalitat no cumple con su obligaci¨®n legal de tutelar a esos ni?os, pero el Ayuntamiento de Barcelona tampoco pone los recursos preventivos, como educadores de calle, centros de d¨ªa de acogida o talleres de formaci¨®n', asegura la letrada. Y en cuanto a la fiscal¨ªa, opina que act¨²a 'en connivencia con la Generalitat'. El resultado es, en su opini¨®n, que se acent¨²an los ¨ªndices de criminalidad por esa 'falta de responsabilidad de las administraciones' y se recurre al internamiento forzoso. 'Algunos creemos que ¨¦sa deber¨ªa ser la ¨²ltima medida y primero se deber¨ªa trabajar preventivamente', asegura Calvet.

Falta de competencias

Frente a esas consideraciones, el Ayuntamiento de Barcelona, argumenta que carece de competencias para abordar el problema, que hace un a?o se las reclam¨® a la Generalitat y que la administraci¨®n auton¨®mica no se ha pronunciado todav¨ªa.

Desde el Departamento de Justicia ya se admite que la reforma legal no ser¨¢ la panacea del problema y que se trata de un camino 'largo y complicado' porque cada menor es distinto y requiere un tratamiento espec¨ªficio y diferenciado. Y eso implica m¨¢s dinero en personal y en instalaciones para acogerlos, cuya ubicaci¨®n ni siquiera est¨¢ decidida porque topa continuamente con la oposici¨®n de los vecinos afectados. Un trabajo complicado porque le toca a la administraci¨®n ejercer de padres hasta que los ni?os tengan 18 a?os. Y a partir de entonces, ya se ver¨¢.

Algunos piensan que la reforma legal tendr¨¢ efectos disuasorios y que cuando los menores sean internados de manera forzosa huir¨¢n a otras ciudades, pero otros piensan que en algunos casos actuar¨¢ como efecto llamada.