Cambio pisos por estadio

El 8 de junio de 1999, en un mitin celebrado ante el estadio Colombino, el entonces candidato por el PSOE a la alcald¨ªa de Huelva, Jos¨¦ Juan D¨ªaz Trillo, prometi¨®, con la camisa granate ba?ada en sudor, que all¨ª no se construir¨ªa ninguna vivienda. Entre las 300 personas del p¨²blico asistente al acto estaban cuatro vecinos de Isla Chica: Crist¨®bal Forj¨¢n Ruzo, Cinta Vargas, Jorge Puente y Manuel Mu?oz. Jos¨¦ Juan D¨ªaz Trillo, cuando regresaba por la noche en coche a casa,lamentaba que en esa campa?a electoral s¨®lo se estaba hablando de f¨²tbol. Casi nada de propuestas. O de pol¨ªtica. El PP ¨²nicamente hab¨ªa incluido un punto en su programa electoral: La salvaci¨®n del Recreativo de Huelva, que precisaba de 2.700 millones de pesetas para convertirse en Sociedad An¨®nima Deportiva y no descender a Tercera Divisi¨®n.

El alcalde, Pedro Rodr¨ªguez, del Partido Popular (PP), ide¨® una compleja operaci¨®n urban¨ªstica para conseguir ese dinero: Vender el suelo del estadio Colombino por 2.700 millones de pesetas a la inmobiliaria Odeinsa -participada en un 20% por El Monte-, a fin de que se construyeran all¨ª 570 viviendas, en una de las zonas m¨¢s masificadas de la ciudad.

El proyecto provoc¨® el inmediato rechazo de numerosos ciudadanos. Aquellos cuatro vecinos que asistieron al mitin de D¨ªaz Trillo constituyeron la Plataforma Pro Isla Chica. Llenaron de pancartas los balcones del barrio: 'Ni una sola vivienda en el estadio', se lee en ellas. Tiempo despu¨¦s buscaron un abogado, Juan Torres Toronjo. Ese letrado, que curiosamente milita en el PP, interpuso una denuncia en marzo del 2001, que tres meses despu¨¦s elev¨® a querella criminal, contra Pedro Rodr¨ªguez; Francisco Moro, concejal de Urbanismo; Enrique P¨¦rez Vigueras, concejal de Personal y presidente de la empresa municipal Huelva Deportes; Maikel Dumois Le¨®n, gerente de Huelva Deportes y Jos¨¦ Zamorano, gerente de la Empresa Municipal de Urbanismo. El abogado les acusa de la comisi¨®n de un total de 54 delitos, incluidos en los tipos de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, prevaricaci¨®n y contra la ordenaci¨®n del territorio.

El titular del Juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Huelva, Jos¨¦ Manuel Balerdi M¨²gica, se hizo cargo de la instrucci¨®n del sumario. El pasado 26 de septiembre envi¨® al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) el auto, en el que califica como imputado a Pedro Rodr¨ªguez, que adem¨¢s de alcalde tambi¨¦n es parlamentario andaluz por el PP y, por tanto, aforado. El informe del juez es demoledor. El magistrado observa en el auto la existencia de numerosos indicios de delito, 'suficientes para considerar que el proceso global no hubiera podido seguirse sin el conocimiento y directa intervenci¨®n, colaboraci¨®n, y hasta direcci¨®n en determinados aspectos del querellado'. El informe concluye diciendo que 'se desprende de lo actuado una imputaci¨®n de hechos contra el aforado individualizada y veros¨ªmil'.

D¨ªaz Trillo y el secretario provincial de UGT-Huelva, Jos¨¦ Mar¨ªa Mu?oz, se personaron como acusaci¨®n particular en la querella. Desde la sombra, cuentan con el apoyo de Francisco Nieves, que en las pasadas elecciones municipales concurri¨® como n¨²mero dos del PP en la lista electoral, pero hace un a?o abandon¨® el partido debido a sus diferencias pol¨ªticas con Pedro Rodr¨ªguez. Nieves, ex secretario provincial del PP, es un profundo conocedor de los entresijos del partido y de las actuaciones del grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva. 'El tiempo ha demostrado que estamos ante un caso de supuesta corrupci¨®n. Pedro Rodr¨ªguez miente', afirm¨® ayer Nieves.

La lucha de la Plataforma, seg¨²n sus integrantes, no ha hecho m¨¢s que empezar. Sus dirigentes anunciaron ayer que llamar¨¢n a declarar como testigos ante el TSJA a Te¨®fila Mart¨ªnez, presidenta del PP de Andaluc¨ªa, y a Antonio Sanz, secretario regional del PP, para que aclaren todo lo que saben del proyecto de Isla Chica y de los negocios de Rodr¨ªguez.

El proyecto elaborado por el Ayuntamiento sobre la barriada de Isla Chica contemplaba en principio la construcci¨®n de 900 viviendas en el nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). La presi¨®n vecinal hizo que los redactores de ese plan rebajaran el n¨²mero de pisos a 570. Pero las protestas vecinales continuaron, con el argumento de que Isla Chica es la zona de mayor densidad de poblaci¨®n de la capital onubense. Desde ese momento, el alcalde y el concejal de Urbanismo se han escudado en que la Junta de Andaluc¨ªa, que finalmente debe dar la luz verde definitiva al nuevo PGOU, sea quien marque el n¨²mero de viviendas a construir. Desde el PSOE se ha replicado que debe ser el Ayuntamiento quien proponga exactamente la cifra de casas que se pretende levantar.