La Universidad ante los dictados de la Moncloa

Menos de acoso sexual, en los ¨²ltimos meses se ha acusado de todo a los profesores y profesoras de la Universidad espa?ola. 'Irresponsables, corporativos y mal seleccionados', titulaba con amarga iron¨ªa nuestro compa?ero Joaqu¨ªn Azagra uno de sus ¨²ltimos art¨ªculos referidos al tema, aparecido en las p¨¢ginas valencianas del diario EL PA?S (2.04.01). Ahora le ha llegado el turno a los rectores, los cabecillas de los grupos que han gobernado las diversas universidades durante los ¨²ltimos a?os, 'grupos cuya existencia se debe a la ley que se pretende derogar', que tronaba m¨¢s que dec¨ªa don Gabriel Tortella en junio pasado (EL PA?S, 9.06.01). Estos jerifaltes, sindicados en la corporativa CRUE, una especie de SEPLA acad¨¦mico, se nos dice ahora, se han amarrado a sus poltronas y se oponen a la obligaci¨®n de dimitir en cuanto entre en vigor la nueva ley.

Deteng¨¢monos un momento y apelemos a la cordura. El Gobierno de Espa?a, presidido por don Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, y con ¨¦l su ministra de Educaci¨®n do?a Pilar del Castillo, quiere reformar la Universidad. Pues muy bien, en eso coincide con la mayor¨ªa de los universitarios, muchos de los cuales (vayamos a las hemerotecas para leer declaraciones, por ejemplo, de la denostada CRUE y de los rectores) hace a?os que demandamos un buen diagn¨®stico y una buena terapia para mejorar la ense?anza superior espa?ola. Y decimos mejorar, no resucitar. La ciudadan¨ªa debe saber que la Universidad espa?ola, en contra de lo que machaconamente repiten algunos jactanciosos elitistas, est¨¢ en la mejor ¨¦poca de su ya centenaria historia. Repasemos algunos datos.

En 1960 menos de cien mil muchachos y muchachas, aproximadamente el 2,5% de los j¨®venes entre 18 y 25 a?os, cursaban estudios universitarios. En la actualidad superan el mill¨®n y medio, es decir, suponen m¨¢s del 30% de las personas comprendidas en esa cohorte de edad. Desde la promulgaci¨®n de la ley que ahora nos rige, hace dieciocho a?os, hemos pasado de 750.000 a 1.600.000 estudiantes, de 77.000 a 235.000 titulados y el n¨²mero de universidades se ha incrementado de 29 a 48, y el de profesores de poco m¨¢s de cuarenta y dos mil a m¨¢s de setenta mil. A su vez, el n¨²mero de las tesis doctorales defendidas anualmente ha crecido de 2.200 a 12.500.

No es necesario memorizar estas cifras, sin embargo. Lo importante, amable lector o lectora, lo que se oculta, parece que interesadamente (?por qu¨¦?), es que Espa?a ha pasado en esos poco m¨¢s de tres lustros de ocupar el puesto vig¨¦simo segundo en el r¨¢nking cient¨ªfico mundial a ocupar el d¨¦cimo segundo. No est¨¢ nada mal para haberlo conseguido una panda de inanes endog¨¢micos, dirigidos por un gremio de rectores apoltronados. Y no deja de tener su m¨¦rito que estemos en ese lugar de la clasificaci¨®n cuando el gasto por alumno/a?o en la universidad espa?ola es de 5.038 d¨®lares, mientras que la media de los pa¨ªses de la OCDE es de 9.063.

Entonces, se preguntar¨¢ el lector o lectora no avezado en estas cuestiones, ?no es cierto que la Universidad es un desastre? Pues no, amigo o amiga, no s¨®lo no lo es, sino que funciona razonablemente bien en nuestro entorno europeo y occidental. Claro que hay problemas, claro que hay mucho que modificar y reparar. Evidentemente, podemos desarrollar, intensificar y perfeccionar el funcionamiento de esta instituci¨®n. Pero, para hacerlo, debemos ponernos de acuerdo en el cat¨¢logo de problemas a abordar. No es honesto por parte del gobierno circunscribirlo a dos asuntos: la selecci¨®n del profesorado y el gobierno de las universidades.

Los actuales rectores, m¨¢ximos responsables universitarios y, por tanto, los m¨¢s interesados en el buen funcionamiento de sus respectivas instituciones, no han rehu¨ªdo la discusi¨®n. M¨¢s a¨²n, han presentado una propuesta conciliadora en torno a la selecci¨®n del profesorado: que los candidatos sean evaluados y acreditados de forma centralizada y que, luego, cada universidad seleccione a los que considere m¨¢s adecuados entre los que hayan conseguido la habilitaci¨®n. Es decir, que cada instituci¨®n opte por aquellos que mejor se acomoden a sus necesidades. Y que lo haga, l¨®gicamente, con criterios que tiendan a la mejora de su docencia y de su investigaci¨®n.

Por cuanto hace al gobierno de las universidades, la propuesta del Ejecutivo aboga por un tipo de rector de corte presidencialista y relega a colectivos como el PAS, los estudiantes y los profesores contratados, lo cual no s¨®lo es inaceptable, sino torpe, porque atenta contra la convivencia democr¨¢tica en las universidades. Es como si volvieramos al Antiguo R¨¦gimen: el rey (rector), la nobleza (funcionarios doctores) y el pueblo sometido (resto de la comunidad).

Adem¨¢s, a todo ello debe a?adirse la obligatoria dimisi¨®n de los actuales rectores, incluidos aquellos que pudieran ser elegidos en los meses previos a la publicaci¨®n de la Ley en el BOE, lo cual es sencillamente delirante. Cuesta trabajo encontrar alg¨²n argumento s¨®lido tras esta imposici¨®n, por lo que parece altamente verosimil que se trate de una rabieta del equipo ministerial -o de la se?ora ministra, o del gobierno- ante la actitud de una CRUE que no ha sido suficientemente sumisa a los dictados de la Moncloa.

El informe del Alto Consejo Consultivo para la investigaci¨®n (ACC) incorpora en la edici¨®n de 2001, que ser¨¢ tratada en una reuni¨®n a celebrar el 19 de octubre, 'los recursos que atribuyen las universidades a investigaci¨®n, financiada por la Generalitat mediante los Fondos Generales Universitarios'. Hechas as¨ª las cuentas, el Consejo sit¨²a la financiaci¨®n p¨²blica del Sistema de Ciencia Tecnolog¨ªa Empresa (SCTE) en m¨¢s de 60.000 millones de pesetas, la mitad en I+D (incluidos, por lo dicho, parte del salario pagado a los profesores universitarios) y la otra mitad en innovaci¨®n, lo que le lleva a poner de relieve, una vez m¨¢s, 'la dependencia financiera p¨²blica' del sistema. Recomienda nuevas medidas de 'incentivaci¨®n de la acci¨®n investigadora captadora de recursos'. En particular, una posible revisi¨®n de la financiaci¨®n por objetivos de las universidades p¨²blicas donde tenga m¨¢s peso la acci¨®n investigadora. En este sentido, cient¨ªficos consultados por este peri¨®dico apuntan que la pol¨ªtica m¨¢s razonable es el aumento del n¨²mero de investigadores en la medida que ello supone tambi¨¦n una mayor captaci¨®n de recursos.

La propuesta de informe se?ala 'un cierto grado de saturaci¨®n' de las universidades en la utilizaci¨®n de sus propios recursos (humanos) investigadores, ante lo que no queda otra soluci¨®n que la 'incorporaci¨®n de nuevo personal' que no tiene por qu¨¦ ser docente, o una mayor 'dedicaci¨®n investigadora' del personal actual. El gasto universitario en I+D, en cambio, ha ido en aumento: un 12'6 % en pesetas constantes de 1998 a 1999 y un 5% en pesetas corrientes del 99 al 2000.

El ACC sugiere la mecesidad de 'formalizar un mayor grado de cooperaci¨®n mutua' entre las universidades valencianas y 'la adopci¨®n de proyectos conjuntos de naturaleza investigadora', y recomienda la introducci¨®n, por parte del Gobierno, de 'alg¨²n grado de est¨ªmulo para aquellos proyectos, tanto de investigaci¨®n como de infraestructuras vinculadas a ¨¦sta, que se presenten bajo el auspicio com¨²n de varias universidades'.

En todo caso, el informe subraya 'un aumento apreciable de la productividad cient¨ªfica en el ¨¢mbito de las universidades de la Comunidad Valenciana', sobre todo en proyectos de I+D, pero tambi¨¦n en convenios y contratos. A trav¨¦s de un an¨¢lisis bibliom¨¦trico, es decir, de publicaciones (art¨ªculos, libros, tesis doctorales y patentes) se detecta que el tipo de soporte documental preferido por los investigadores valencianos son 'los art¨ªculos de revista y que existe una tendencia al alza, cada vez mayor, en la publicaci¨®n de revistas que son recogidas por las bases de datos internacionales'. En este ¨²ltimo apartado, la Comunidad Valenciana ocupa la tercera posici¨®n, tras Madrid y Catalu?a. Afinando m¨¢s a¨²n, el Alto Consejo ha establecido una relaci¨®n entre el n¨²mero de publicaciones y el de investigadores en el sector p¨²blico y llegado a la conclusi¨®n de que la valenciana es la segunda comunidad en productividad cient¨ªfica referida a art¨ªculos en revistas internacionales, con 5,9 art¨ªculos por investigador, despu¨¦s de Catalu?a y por delante de Madrid (cuatro art¨ªculos).

Por ¨¢reas cient¨ªficas, la producci¨®n valenciana se encuentra en tercera posici¨®n respecto a otras comunidades en ciencias agrarias y y m¨¦dicas, mientras que pasa a un cuarto lugar 'en ingenier¨ªa y tecnolog¨ªa, ciencias exactas, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades'. Cabe destacar que, de cinco cap¨ªtulos, el informe del ACC dedica un cap¨ªtulo entero a la biotecnolog¨ªa en la Comunidad Valenciana, en l¨ªnea con el Centro Superior para la investigaci¨®n en Medicina cuya construcci¨®n ha anunciado la Generalitat.