La comunidad universitaria vasca rechaza al un¨ªsono la futura Ley de Universidades

La reacci¨®n de la comunidad universitaria vasca ante la Ley de Universidades que pretende sacar adelante el Partido Popular se resume en una palabra: rechazo. A las posturas ya conocidas de los ¨®rganos de gobierno de las universidades, que han escenificado una y otra vez su desacuerdo con la futura normativa, se suman las de los sindicatos de profesores y personal de administraci¨®n y servicios, alumnos y representantes destacados de la vida universitaria. Todos critican un texto que, a su juicio, no soluciona los problemas y acent¨²a la rigidez uniformizadora del sistema.

Var¨ªan las siglas, cambian las ideolog¨ªas y los intereses que se defienden, las instituciones en las que trabajan o estudian son p¨²blicas o privadas; todo es diferente en la comunidad universitaria vasca, todo menos la reacci¨®n ante la Ley de Universidades promovida por la ministra Pilar del Castillo y que ha sido ya remitida al Congreso de los Diputados.

Hay dos aspectos b¨¢sicos en los que las respuestas son id¨¦nticas: uno, la norma con la que se pretende sustituir a la Ley de Reforma Universitaria (LRU) no es buena; y dos, el sistema universitario necesita una reforma que le permita afrontar en buenas condiciones su futuro, algo que, en opini¨®n de las personas consultadas por este diario, no hace el texto defendido por el Gobierno del PP.

El rechazo es frontal por parte de todos los sindicatos que defienden los intereses de profesores y personal de administraci¨®n y servicios en la Universidad p¨²blica -CC OO, STEE-EILAS, ELA, FETE-UGT y LAB-. 'Tanto en las formas (se ha elaborado sin consultar y sin tener en cuenta la opini¨®n de la comunidad universitaria) como en su contenido, nos parece una mala ley. Es un texto reglamentista, en el que se habla de vertebraci¨®n y lo ¨²nico que se va a lograr es encorsetar y uniformizar el sistema', denuncia Arantza Urkaregi, representante de STEE-EILAS.

Con similares palabras se expresa Marisa Uriarte, de FETE-UGT, que destaca la p¨¦rdida de autonom¨ªa universitaria que supondr¨¢ la puesta en marcha de la ley. 'Va a suponer un retroceso', advierte.

La valoraci¨®n es com¨²n tambi¨¦n en lo referente a la situaci¨®n en la que pueden quedar los profesores y el personal de administraci¨®n y servicios (PAS). En este sentido, Kepa Altuna, representante de ELA en el Consejo Social de la UPV es claro. 'En el caso de los PAS, se imposibilita la creaci¨®n de mecanismos de homologaci¨®n con el funcionariado propio de la comunidad aut¨®noma, y respecto a los profesores, precariza la situaci¨®n de los asociados, es decir, de los que no son funcionarios, y puede generar inestabilidad en el profesorado que no encaje en las categor¨ªas definidas por la nueva ley', explica. Mikel Fern¨¢ndez, responsable de LAB-Universidad, subraya este aspecto. 'Esta ley empuja a la precariedad al 49% del profesorado'.

Cirug¨ªa mayor

No s¨®lo los sindicatos, tambi¨¦n destacados miembros de la comunidad universitaria muestran su desacuerdo con el proyecto. 'Lo que hace falta es una reforma en profundidad, actuar con cirug¨ªa mayor. Y esta ley no lo hace, y, adem¨¢s, aporta un problema adicional, ya que impide una estructura m¨¢s flexible, que es precisamente lo que pide la universidad del siglo XXI', resalta Juan Colmenero, ganador de la ¨²ltima edici¨®n del Premio Euskadi de Investigaci¨®n.

As¨ª lo cree tambi¨¦n Javier Elzo, catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa de la Universidad de Deusto. Elzo se muestra muy cr¨ªtico con la exigencia de que el 15% del profesorado de los centros privados tenga que superar el examen de habilitaci¨®n nacional. 'Me parece mal, me parece un insulto. ?Acaso creen que las universidades privadas tienen intenci¨®n de traer a malos profesores? De cualquier forma, si hay universidades privadas con nivel bajo, ya se hundir¨¢n', se?ala Elzo.

Tampoco ahorra objeciones Javier Retegi Albisua, director de la Escuela Polit¨¦cnica Superior de Mondragon Unibertsitatea. 'Impide la modernizaci¨®n de la universidad, parece una vuelta al pasado, recorta la autonom¨ªa universitaria, establece un sistema de acceso al funcionariado absolutamente retr¨®grado, define una estructura r¨ªgida y uniforme que va a dificultar la gesti¨®n. En relaci¨®n a los centros privados, supone una injerencia en su autonom¨ªa organizativa y de funcionamiento que estimamos abiertamente inconstitucional'.

Tambi¨¦n los alumnos tienen algo que decir sobre el nuevo texto. Y no es precisamente bueno. 'Con la nueva ley, los alumnos desaparecen literalmente del gobierno de los centros universitarios. Si se aprueba tal y como est¨¢ redactada, nuestro poder de reivindicaci¨®n se diluye en todos los ¨®rganos', advierte el presidente del Consejo de Estudiantes de la UPV, Pablo G¨®mez Salazar.