Espejismo UMTS

Los Gobiernos y las empresas depositaron grandes esperanzas econ¨®micas y tecnol¨®gicas en la telefon¨ªa m¨®vil UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), considerada como la tercera generaci¨®n de la telefon¨ªa celular. Algunos Gobiernos como el brit¨¢nico o el alem¨¢n organizaron subastas billonarias para conceder las licencias de explotaci¨®n, y otros menos avispados como el espa?ol prefirieron la f¨®rmula m¨¢s anticuada del concurso, que gener¨® ingresos m¨¢s bien escasos para las arcas p¨²blicas, corregido despu¨¦s con la imposici¨®n de una tasa por utilizaci¨®n del espacio radioel¨¦ctrico que tan s¨®lo consigui¨® provocar la irritaci¨®n entre las empresas ganadoras del concurso.

Pero ahora el espejismo de la UMTS se ha desvanecido. Primero, porque la nueva tecnolog¨ªa no est¨¢ disponible, en parte porque la anterior, GSM, y la intermedia, GPRS, todav¨ªa no est¨¢n amortizadas, y despu¨¦s, porque la demanda para cubrir las multibillonarias inversiones ni est¨¢ clara ni se espera que lo est¨¦ a medio plazo. Empresas como la espa?ola Xfera o su socio internacional, la finlandesa Sonera, se han visto obligadas a paralizar las inversiones previstas en Espa?a, y esta ¨²ltima har¨¢ lo propio en el resto de Europa. Si era necesario un aldabonazo p¨²blico que confirmara este fracaso, los Gobiernos de Espa?a y Francia han rebajado las tasas p¨²blicas para insuflar algo de vida empresarial a las cuentas de resultados de las compa?¨ªas con licencia.

En el caso espa?ol, la crisis de las empresas de UMTS encubre la extrema confusi¨®n de la pol¨ªtica tecnol¨®gica espa?ola -incapaz de dar cobertura legal sostenida a un negocio de futuro- y un inadecuado proceso de liberalizaci¨®n de la telefon¨ªa m¨®vil, equivocado en cuanto que concedi¨® licencias para actividades excesivamente fragmentadas (cable, acceso por radio) que est¨¢n impidiendo el desarrollo de las empresas encargadas de gestionar las concesiones. No es ¨¦ste el momento para perder los nervios, pero s¨ª para reflexionar sobre las condiciones que debe garantizar cualquier Gobierno a las empresas: seguridad jur¨ªdica y estabilidad en sus exigencias econ¨®micas. En el caso de Espa?a, tales garant¨ªas son, simplemente, inexistentes.