La Direcci¨®n General de Funci¨®n P¨²blica tiene a ocho de sus nueve jefes en comisi¨®n de servicios

Los pleitos que enredan al director general de Funci¨®n P¨²blica, Joaqu¨ªn Segarra, son s¨®lo la vertiente jur¨ªdica de un conflicto que afecta desde hace a?os al aparato de la Generalitat y que se alimenta sobre la falta de respeto a los criterios de m¨¦rito, capacidad y libre concurrencia que deben soportar una administraci¨®n profesional y sobre el volumen de personal interino al servicio de la Generalitat. La propia Direcci¨®n General de Funci¨®n P¨²blica es un claro exponente de la situaci¨®n. Su estructura incluye dos jefes de ¨¢rea y siete jefes de servicio. S¨®lo uno de los jefes de ¨¢rea tiene la plaza en propiedad. Los ocho restantes ocupan sus puestos en comisi¨®n de servicios, por designaci¨®n pol¨ªtica.

Segarra acudi¨® a un juzgado de Instrucci¨®n de Valencia el pasado viernes y declar¨® por espacio de tres horas y media como imputado por un supuesto delito de falsedad documental y falta de auxilio a la justicia. El director general de Funci¨®n P¨²blica alega un supuesto problema de interpretaci¨®n para explicar que negara por escrito la existencia de nombramientos de personal interino al servicio de la Generalitat para ocupar puestos de jerarqu¨ªa en el aparato administrativo, una posibilidad que qued¨® descartada en el reglamento de selecci¨®n y provisi¨®n de puestos de trabajo en la carrera p¨²blica acordado en marzo de 1999 y publicado como decreto.

Lo cierto es que decenas de interinos han sido nombrados para ocupar cargos con m¨¢s o menos mando en plaza despu¨¦s de la publicaci¨®n del decreto en cuesti¨®n. En muchos casos, el personal que carece de una plaza fija en el seno de la Administraci¨®n es trasladado por orden superior ante la disyuntiva de aceptar el cargo o perder el empleo. Pero en otros casos, muchos tambi¨¦n, la designaci¨®n de personal interino para ocupar puestos de jerarqu¨ªa es una forma c¨®moda de situar a empleados afines en puestos de responsabilidad al margen de los criterios de m¨¦rito, capacidad y libre concurrencia sobre los que deber¨ªan consolidarse equipos profesionales.

Un estudio exhaustivo de las convocatorias de empleo p¨²blico en el seno de la Administraci¨®n auton¨®mica a lo largo del a?o pasado, que deja al margen las ¨¢reas sensibles de Sanidad, Educaci¨®n y Justicia, revela que s¨®lo se ha recurrido al concurso de m¨¦ritos en 10 de las 53 convocatorias para dotar plazas de funcionario. El modelo natural resulta ser marginal. En el resto de los casos se ha optado por la libre designaci¨®n, un sistema definido legalmente como extraordinario pero que resulta ser el m¨¢s utilizado.

El propio Eduardo Zaplana anunci¨® el pasado mes de febrero medidas urgentes para paliar las carencias derivadas del volumen de personal interino al servicio de la Administraci¨®n. El ¨²nico secreto para resolver el problema pasa por la convocatoria masiva de ofertas de empleo p¨²blico. El consejero de Administraciones P¨²blicas, Carlos Gonz¨¢lez Cepeda, ha pactado con los representantes sindicales de los funcionarios el anuncio de varios concursos, pero el aparato se mueve despacio.

A lo largo de 2000, se ofertaron a trav¨¦s del sistema de libre designaci¨®n 52 puestos del grupo A, en su mayor¨ªa de car¨¢cter t¨¦cnico. Y surgieron algunos casos sorpredentes. Las plazas de jefe de la Divisi¨®n de Carreteras, que l¨®gicamente deber¨ªa ser cubierto por un ingeniero, o de responsable del jefe de Servicio de Gesti¨®n Inmobiliaria, sobre el papel destinado a un arquitecto, fueron ofertadas sin necesidad de cumplir tales requisitos de titulaci¨®n. Lo mismo que los directores territoriales de Medio Ambiente en Alicante y Castell¨®n resultan ser docentes.

Durante el a?o pasado, s¨®lo se convoc¨® una plaza de jefe de servicio, que se otorg¨® a la funcionaria que ya ocupaba el puesto y que abandon¨® el cargo poco despu¨¦s. La adjudicaci¨®n ha sido recurrida ante los tribunales. El resto de jefaturas de servicio se dotaron a trav¨¦s de comisiones de servicio discrecionales.

El resultado es que decenas de funcionarios al servicio de la Generalitat no han superado un concurso de m¨¦ritos en su vida y las comisiones de servicio, que s¨®lo pueden prolongarse durante dos a?os, se prorrogan sistem¨¢ticamente de manera ilegal.

Una Administraci¨®n en precario s¨®lo fomenta la dependencia de los responsables pol¨ªticos y pone en entredicho la igualdad de trato que reciben los ciudadanos. Y mientras la propia Direcci¨®n General de Funci¨®n P¨²blica no predique con el ejemplo, el problema s¨®lo tender¨¢ a enquistarse.