Injusticia de emergencia

Las medidas contra el terrorismo desplegadas tras el 11 de septiembre est¨¢n provocando una merma de las libertades civiles y del Estado de derecho en las democracias amenazadas. Que por una misma acusaci¨®n de sospecha de terrorismo una persona, seg¨²n sea ciudadano de EE UU o extranjero, pueda ser juzgada por un tribunal civil o una corte militar, como ha dictado Bush en una orden ejecutiva, atenta contra principios b¨¢sicos del derecho.

La orden ejecutiva de Bush, que invoca normas arcaicas no abolidas, lleva a que EE UU pueda juzgar a cualquier extranjero sospechoso de terrorismo por un tribunal militar en territorio nacional, lo que incluye una embajada, un buque o un avi¨®n. La ansiedad suscitada por las nuevas amenazas no deber¨ªa hacer olvidar que, por ejemplo, los responsables del atentado de 1993 contra las Torres Gemelas fueron juzgados y condenados por la jurisdicci¨®n ordinaria.

La supresi¨®n del secreto en las comunicaciones entre detenidos y sus abogados, la posibilidad de detenci¨®n indefinida sin cargos, incluso la hip¨®tesis del recurso a la tortura, han sido invocadas como necesidades impuestas por las caracter¨ªsticas de la amenaza del terrorismo a gran escala. La paradoja es que con ello se estar¨¢ facilitando uno de los objetivos de los terroristas: socavar los cimientos de la sociedad democr¨¢tica.

No se trata s¨®lo de Estados Unidos. La propuesta de internamiento de emergencia indefinido, sin juicio previo, para extranjeros sospechosos de terrorismo en el Reino Unido constituye otra aberraci¨®n. La situaci¨®n creada tras el 11-S no justifica que Blair declare el estado de emergencia o de guerra para dejar en suspenso parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que entr¨® en vigor hace apenas 13 meses. El rechazo de la tortura es una cuesti¨®n de principios. Hasta Israel, que la ha practicado oficialmente bajo el eufemismo de 'presi¨®n f¨ªsica moderada', vio ilegalizado este tipo de pr¨¢cticas por su Tribunal Supremo.

Cosa distinta es que los pa¨ªses europeos, o la propia Uni¨®n Europea como tal, adopten medidas para controlar el derecho de asilo y la inmigraci¨®n ilegal. Los m¨¢s rigurosos controles policiales en los viajes a¨¦reos o de las cuentas bancarias suponen incomodidades ciertas, pero no constituyen un atentado a las libertades civiles.

Muchos reg¨ªmenes democr¨¢ticos est¨¢n revisando sus legislaciones para mejorar la lucha antiterrorista. Espa?a sabe bastante de esto: la presi¨®n terrorista ha obligado a afinar la legislaci¨®n, pero el Tribunal Constitucional ha intervenido cada vez que el Ejecutivo hab¨ªa traspasado ciertos l¨ªmites; y, en general, los debates p¨²blicos han mantenido a la opini¨®n ciudadana bien informada sobre lo que estaba en juego, sin deslizamientos demag¨®gicos.

En la tradici¨®n democr¨¢tica norteamericana es caracter¨ªstico un juego de contrapesos que refuerza la influencia del legislativo o del judicial cada vez que el Gobierno abusa de su poder. Ahora, senadores y congresistas han manifestado su inquietud ante las iniciativas de Bush e instado a un debate sobre la legalidad de las mismas. Es significativo que, tanto entre los pol¨ªticos como entre los periodistas, personalidades conservadoras figuren entre las m¨¢s cr¨ªticas. Ello indica que si bien existe un riesgo de involuci¨®n autoritaria en materia de derechos y garant¨ªas, tambi¨¦n hay una clara conciencia de ello y capacidad de reacci¨®n institucional y social. Lo mismo ocurre en Europa.

El Congreso norteamericano ya limit¨® a siete d¨ªas las detenciones sin comunicaci¨®n de extranjeros, cuando el Gobierno quer¨ªa que fueran indefinidas. En el Reino Unido, las propuestas de Blair han levantado serias cr¨ªticas en su propio partido, en una parte de la prensa, y en organizaciones de defensa de los derechos humanos que consideran, con fundamento, que pueden llevar al encarcelamiento ilimitado sin cargos ni juicio de inocentes. La lucha contra la agresi¨®n terrorista no puede pasar por dar marcha atr¨¢s en conquistas que son las que diferencian a las democracias de los reg¨ªmenes autoritarios que implantar¨ªan, si pudieran, los autores de esas agresiones.