La Junta propone ceder las depuradoras a empresas para desbloquear su ejecuci¨®n en m¨¢s de 200 pueblos

Los plazos marcados por la UE para garantizar la depuraci¨®n de aguas residuales se echan encima y a la Junta no le salen las cuentas. A s¨®lo cuatro a?os de la fecha l¨ªmite de 2005, a¨²n hay m¨¢s de 200 municipios, cerca de un 30% de la poblaci¨®n andaluza, en los que ni tan siquiera se ha iniciado la obra. La escasez de fondos de los Ayuntamientos ha bloqueado las actuaciones de la Junta que, en todo caso, tampoco dispone de recursos suficientes para cumplir el objetivo. Para buscar una salida al callej¨®n, la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas propondr¨¢ en 2002 a estos Ayuntamientos la firma de convenios para ceder la construcci¨®n y explotaci¨®n de las depuradoras a empresas, p¨²blicas o privadas, que adelanten 100.000 millones de inversi¨®n pendiente.

Obras P¨²blicas pretende aplicar para las depuradoras una f¨®rmula muy similar a la que ha anunciado para las l¨ªneas 1 de metro en Sevilla, M¨¢laga y Granada: la cesi¨®n a empresas de la construcci¨®n y gesti¨®n de un servicio p¨²blico que, una vez en marcha, las Administraciones subvencionar¨¢n en funci¨®n de su utilizaci¨®n para garantizar un precio social. De hecho, la ley de acompa?amiento de los Presupuestos de la Junta de Andaluc¨ªa para 2002 incluye un art¨ªculo en el que regula los convenios con las 'entidades locales' que prev¨¦ el uso de concesiones administrativas para 'infraestructuras de transporte de inter¨¦s metropolitano e infraestructuras hidr¨¢ulicas'.

Al igual que en el metro, el principal problema es que las Administraciones se han fijado un objetivo, en este caso incluso con fecha de caducidad, pero no tienen o no destinan dinero suficiente para hacer frente a las obras. Cuando en 1995 se firm¨® el plan nacional de depuraci¨®n y saneamiento, el Gobierno central asumi¨® la construcci¨®n de las plantas en 'zonas de inter¨¦s general' y la Consejer¨ªa de Medio Ambiente se encarg¨® de las poblaciones incluidas en parques naturales o parajes de especial protecci¨®n. El resto (la mayor¨ªa) deb¨ªa ser cosa de los Ayuntamientos, con 'el auxilio' de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas.

Seis a?os despu¨¦s el balance dista de ser satisfactorio. Bien es verdad que el 70% de la poblaci¨®n andaluza cuenta ya con alg¨²n sistema de depuraci¨®n, cuando en 1992 apenas alcanzaba al 28% y, mayoritariamente, las aguas residuales acababan en r¨ªos o en el mar. Pero a cuatro a?os de la fecha marcada por la UE, tan s¨®lo en las localidades ubicadas en parques naturales el ritmo de construcci¨®n permite anticipar que se conseguir¨¢ el objetivo. En las cinco 'zonas de inter¨¦s general' -entorno de Do?ana, Campo de Gibraltar, Costa del Sol, Campo de Dal¨ªas y valle del Guadiaro-, al Gobierno central le queda ejecutar cerca de la mitad de la inversi¨®n prevista (86.750 millones).

Es sin embargo en las depuradoras que deben construir los Ayuntamientos con auxilio de Obras P¨²blicas, donde est¨¢n los mayores problemas. No tanto por la inversi¨®n pendiente (que tampoco llega a la mitad de los 175.000 millones previstos), como porque hay m¨¢s de 200 pueblos en los que no se han iniciado las obras.

'Con este instrumento de gesti¨®n queremos blindar a los Ayuntamientos frente a la demagogia que generan los temas del agua', explica Juan Corominas, secretario general de Aguas de Obras P¨²blicas. El bloqueo de los gobiernos municipales 'no conformes', que tienen la competencia sobre la gesti¨®n de las depuradoras, se deben exclusivamente a cuestiones econ¨®micas.

Tarifas impopulares

Los Ayuntamientos, en general deben aportar el 40% de la financiaci¨®n de la obra, que cuesta de media unas 50.000 pesetas por habitante, aunque en algunos casos Obras P¨²blicas ha puesto hasta el 80% de los fondos. Pero a¨²n con este 'auxilio', muchos gobiernos municipales se resisten a construir las depuradoras por falta de fondos. Desde 1996, la Junta faculta a los Ayuntamientos para incluir un canon de mejora en la tarifa del agua para sufragar la construcci¨®n, pero su aplicaci¨®n ha resultado muy impopular y ha sido usada como argumento por la oposici¨®n, como ocurri¨® en el Ayuntamiento de Ja¨¦n hace semana y media.

Las comarcas del litoral y las grandes ciudades (salvo C¨¢diz) cuentan ya con depuradoras en marcha. Pero los problemas se concentran en el interior: en Ja¨¦n, C¨®rdoba y Granada, un tercio de la poblaci¨®n vive en municipios donde no se han iniciado las obras. La pretensi¨®n de Obras P¨²blicas es que estos Ayuntamientos se organicen en entes supramunicipales y convoquen concursos para ceder a empresas p¨²blicas y privadas no s¨®lo la construcci¨®n, tambi¨¦n la explotaci¨®n. 'Si las empresas repercuten el coste de sus servicios, se podr¨ªa pasar de tarifas de 15 pesetas por litros a 80 pesetas por litro; la subvenci¨®n rebajar¨ªa ese precio hasta las 40 pesetas', ejemplifica Corominas. Con este instrumento, la Junta tambi¨¦n se beneficiar¨ªa del adelantamiento de inversiones. Su presupuesto anual para estas obras ronda los 10.000 millones y tiene pendientes de aqu¨ª al 2005 m¨¢s de 60.000.