?Qui¨¦n pagar¨¢ el pato taurino?

La Diputaci¨®n de Valencia ha de indemnizar con 157 millones de pesetas, m¨¢s intereses, a un empresario que licit¨® en 1998 para gestionar la Plaza de Toros de esta capital y que, a pesar de formular la mejor oferta, le fue adjudicada a otro postor. As¨ª lo ha estimado y fallado el Tribunal Superior de Justicia de la CV. La corporaci¨®n, pues, tendr¨¢ que rascarse el bolsillo y cargarnos a los contribuyentes el coste de la obstinaci¨®n -dej¨¦moslo as¨ª- de un diputado y, seg¨²n parece, las presiones de un cr¨ªtico taurino cuyas presuntas responsabilidades no vienen al caso, pero que, de confirmarse, y sumado a lo ya dicho, ilustrar¨ªan los trapicheos que puede auspiciar un gobierno de mayor¨ªa absoluta y manga ancha.

La oposici¨®n pol¨ªtica, como le cumple, ha pedido que rueden cabezas, pues alguien deber¨ªa de pagar el pato. La v¨ªctima propiciatoria bien podr¨ªa ser el diputado de Asuntos Taurinos -?valiente anacronismo!- de esa casa, Miguel Tatay. Y hasta es posible que le haya tocado la bola negra. Pero se nos antoja injusto, aunque ignoramos las circunstancias que le implican en este episodio. Uno contempla el gesto de este corporativo, que no tenemos el gusto de conocer, y colige que le han endosado el marr¨®n. Al fin y al cabo, su culpa ser¨ªa la parte al¨ªcuota que le corresponde, habida cuenta que todo el grupo popular, con el presidente al frente, bendijo el abuso o desm¨¢n. O sea, todos al te¨®rico trullo.

Como es previsible, en unos pocos d¨ªas el asunto ser¨¢ agua pasada y hasta es probable que nadie cargue con el muerto. Otro gallo cantar¨ªa si en trances semejantes y mediando sentencia firme, los causantes pol¨ªticos del estropicio tuviesen que asumir, personal o partidariamente, el pago de las indemnizaciones. Seguro que se andar¨ªan con m¨¢s tiento a la hora de administrar sus preferencias o darle curso a las recomendaciones recibidas. Por desgracia, todav¨ªa estamos muy lejos de perfeccionar hasta ese punto el ejercicio de la democracia. ? Y tan lejos! Con decir que al protagonista principal de este desmadre lo han premiado con un ascenso...

Con ser lamentable este embrollo por la desconfianza que propicia en torno a los entes p¨²blicos, m¨¢s todav¨ªa nos ha de parecer si al cabo resultare probado -o con indicios bastantes para tenerlo por tal- que la adjudicaci¨®n invalidada por el TSJ se efectu¨® siguiendo indicaciones de personajes asentados en la capital del Reino. Tal, y por ahora virtual, obsecuencia agravar¨ªa la arbitrariedad ti?¨¦ndola de sumisi¨®n, por m¨¢s que no faltase quien adujera la reiteraci¨®n con que acontecen estas genuflexiones en otros ¨¢mbitos de los negocios p¨²blicos. En el reparto de la obra p¨²blica, por ejemplo, es un clamor la pr¨¢ctica de las adjudicaciones hechas despu¨¦s del oportuno recado soplado desde las cruj¨ªas madrile?as.

Claro est¨¢ que no nos chupamos el dedo ni acabamos de descubrir que estos desv¨ªos del gobierno corporativo o institucional son tan viejos como la pol¨ªtica misma. Pero en estos momentos son doblemente llamativos por la insistencia del PP en su vocaci¨®n moralizadora de la vida p¨²blica y por la presunci¨®n de que, en dem¨¦rito del enarbolado Poder Valenciano, se han seguido pautas ajenas y lejanas. La oposici¨®n habr¨ªa de exprimir toda la sustancia de este enredo que nos cuesta una millonada.