?Del pacto a la imposici¨®n?

Mercado laboral, universidad, impuestos sobre la gasolina... Parece que estamos llegando a una encrucijada en la que hay que decidir qu¨¦ sendero queremos seguir. El del di¨¢logo, dif¨ªcil pero democr¨¢tico o el de la imposici¨®n, r¨¢pido y viable con mayor¨ªa parlamentaria, pero menos democr¨¢tico.

Parece que la sociedad no est¨¢ admitiendo f¨¢cilmente las actitudes prepotentes del Gobierno. En el marco laboral, la oposici¨®n de sindicatos y patronal al proyecto gubernamental de reforma de la negociaci¨®n colectiva, la amenaza de movilizaciones de los sindicatos y la urgencia de conseguir un marco laboral lo m¨¢s estable posible ante las incertidumbres pol¨ªticas y econ¨®micas que enturbian el horizonte han inducido al Gobierno a aparcar su reforma.

Se ha evitado por el momento la ruptura del di¨¢logo social sobre la actualizaci¨®n del sistema de negociaci¨®n colectiva. A cambio, est¨¢ el compromiso de los agentes sociales de establecer un acuerdo interconfederal respecto a las condiciones de trabajo (incrementos salariales, fundamentalmente) para el a?o 2002, como marco de referencia de los distintos convenios colectivos. Los escenarios econ¨®micos y pol¨ªticos (internacionales, europeos, del pa¨ªs) no son los m¨¢s favorables para conseguir mejoras laborables sustanciales. Pero el sistema de negociaci¨®n colectiva vigente ofrece v¨ªas de negociaci¨®n para evitar que se agudicen los desequilibrios en el poder negociador de empresarios y trabajadores.

No obstante, la partida no ha finalizado. Simplemente se ha pospuesto. Todo hace suponer que tan pronto haya finalizado la negociaci¨®n de los convenios, se abrir¨¢ de nuevo el juego. Cuanto antes, ya que al Gobierno le interesa introducir sus reformas del marco legal en el momento m¨¢s alejado posible del pr¨®ximo periodo electoral, especialmente si abre el juego donde lo ha dejado. Es decir, si ante la previsible persistencia de los desacuerdos entre las tres partes implicadas (patronal, sindicatos, Gobierno) decide utilizar su mayor¨ªa parlamentaria para imponer su proyecto.

La apertura de este periodo de espera permite iniciar una nueva etapa de reflexi¨®n y debate sobre la puesta al d¨ªa de la negociaci¨®n colectiva y aunar fuerzas para evitar la imposici¨®n del proyecto gubernamental, que durante algunos viernes mantuvo en vilo a quienes la informaci¨®n sobre su contenido hab¨ªa desvelado la trascendencia de su posible aprobaci¨®n por parte del Consejo de ministros. Trascendencia porque supondr¨ªa: 1) una rotura en el di¨¢logo social, 2) una progresiva reducci¨®n del papel y del poder negociador de los sindicatos, 3) anular pr¨¢cticamente la posibilidad de crear espacios sociolaborales propios, tal como se intenta en Catalu?a y 4) avanzar de forma sustantiva en el ya iniciado recorrido hacia una sociedad con unos rasgos neoliberales cada vez m¨¢s notorios.

A nuestro atractivo, pero complejo y a¨²n demasiado joven y poco desarrollado Estado de Bienestar, le est¨¢ siendo cada vez m¨¢s dif¨ªcil resistir los embates del modelo neoliberal poco favorable para la mayor¨ªa, pero simple y potente econ¨®micamente.

?Y por qu¨¦ es atractivo el Estado de Bienestar para los europeos desde 1945 y tambi¨¦n para nosotros desde 1977? Porque pretende construir una sociedad cada vez m¨¢s libre, justa y democr¨¢tica y, a pesar de los pesares de algunos, ha conseguido avances no despreciables en este sentido.

Crecimiento econ¨®mico sostenido y sostenible, mayor y mejor oferta para todos de educaci¨®n, sanidad, vivienda, transportes, prestaciones sociales, mejor distribuci¨®n de la renta, mayor y mejor cooperaci¨®n con los pa¨ªses pobres son algunos de los principales retos que prev¨¦ este modelo. Reconoce el conflicto de intereses en nuestras sociedades y el predominio de la ley del m¨¢s fuerte. Opta por la regulaci¨®n de los mercados para tratar de establecer un mayor equilibrio entre las disparidades respecto a los intereses y el poder de las fuerzas concurrentes. Y establecer cauces para el di¨¢logo y la negociaci¨®n constituye uno de los elementos clave de esta normativa.

La historia ha evidenciado que si se dejan actuar libremente a las fuerzas del mercado aumentan los desequilibrios econ¨®micos y las desigualdades sociales y se producen p¨¦rdidas de libertad. En el mercado de trabajo, por ejemplo, empeoran las condiciones de trabajo dada la mayor fuerza del empleador. S¨®lo con la presi¨®n sindical y las normativas reguladoras acordadas para equilibrar el distinto poder negociador de empresarios y trabajadores se han conseguido establecer relaciones laborables que han logrado, a la vez, desarrollo econ¨®mico y avances en el bienestar de la mayor¨ªa de trabajadores y de sus familias. Sindicatos representativos, negociaci¨®n colectiva, concertaci¨®n social han sido y son algunos de los elementos indispensables para conseguir mayores y mejores equilibrios en el mercado de trabajo.

En Espa?a disponemos de normativas reguladoras. La Constituci¨®n establece la libertad de sindicaci¨®n como un derecho fundamental, y la negociaci¨®n colectiva como un derecho de la actividad sindical con fuerza vinculante en los convenios. Articulado que forma parte de los eslabones dise?ados en dicho documento para construir una sociedad del bienestar.

Si bien debe limpiarse el sendero de basuras y corrupciones, quiz¨¢ no es menos importante pensar si seguimos y queremos seguir en el sendero iniciado. La reforma de la negociaci¨®n colectiva (o de la Universidad) no es s¨®lo un problema sindical (o de la comunidad universitaria), es un problema de todos. Y puede ser nuestro grano de arena, ya que la asunci¨®n de los valores y de los objetivos propios de las democracias que persiguen el bienestar social se est¨¢ revelando como la mejor y quiz¨¢ ¨²nica arma capaz de atajar los problemas que est¨¢n convirtiendo nuestro a¨²n bello mundo en un polvor¨ªn.

Carme Massana profesora de Pol¨ªtica Econ¨®mica en la UB.