La amalgama

LAS NEGOCIACIONES DEL GOBIERNO de Aznar con el equipo formado por el Ejecutivo de Vitoria y las diputaciones forales de Vizcaya, Guip¨²zcoa y ?lava para renovar el Concierto Econ¨®mico del Pa¨ªs Vasco han terminado como el rosario de la aurora; vencido el plazo de vigencia -veinte a?os- del anterior concierto fijado por la Ley de 13 de mayo de 1981, la incapacidad de los interlocutores para ponerse de acuerdo antes del 31 de diciembre de 2001 ha provocado un grave conflicto institucional. Las causas de la ruptura est¨¢n ocultas por la espesa maleza formada por las acusaciones mutuas entre los negociadores y las versiones contradictorias acerca de sus diferencias. La h¨ªbrida naturaleza jur¨ªdico-pol¨ªtica del Concierto -una ley aprobada por el Parlamento presentada ret¨®ricamente como un pacto entre iguales- imposibilita un debate con luz y taqu¨ªgrafos; las negociaciones a puerta cerrada, de las que dan sesgada cuenta los interlocutores en funci¨®n de sus intereses y prejuicios, espesan todav¨ªa m¨¢s las brumas en torno a un litigio en s¨ª mismo opaco por su complejidad t¨¦cnica y sus or¨ªgenes hist¨®ricos.

El Gobierno de Vitoria intenta condicionar la aprobaci¨®n de los acuerdos econ¨®micos y financieros para la autonom¨ªa fiscal vasca a su presencia con voz propia en las instituciones europeas

Promulgada en la resaca de derrota de la segunda carlistada, la Ley de 21 de julio de 1876 suprimi¨® la exenci¨®n tributaria disfrutada hasta entonces por los habitantes de Vizcaya, Guip¨²zcoa y ?lava; un decreto posterior de 1878, sin embargo, concedi¨® una amplia autonom¨ªa fiscal a las tres provincias: Navarra hab¨ªa aceptado una f¨®rmula semejante tras la primera guerra carlista. Restablecidos por la democracia a la muerte de Franco los conciertos de Vizcaya y Guip¨²zcoa derogados en 1937 (la dictadura respet¨® a Navarra y ?lava), el Estatuto de Gernica modific¨® su modelo: el Gobierno de Vitoria comparte ahora con los tres territorios hist¨®ricos la negociaci¨®n de concierto.

El lehendakari Ibarretxe impuso la amalgama de dos asuntos de naturaleza diferente dentro de la misma agenda negociadora: de un lado, los tradicionales aspectos econ¨®micos, financieros y jur¨ªdico-fiscales que afectan a las tres diputaciones forales; de otro, la participaci¨®n -de manera imprecisa-del Gobierno vasco en las instituciones de la Uni¨®n Europea (UE) para defender sus intereses propios. Esa fusi¨®n aparentemente inextricable entre dinero y status condiciona la firma del acuerdo econ¨®mico-financiero deseado por las diputaciones a la satisfacci¨®n de una reivindicaci¨®n pol¨ªtica concebida como un paso hacia la soberan¨ªa del Pa¨ªs Vasco.

La resistencia del PP a admitir la posibilidad de que las regiones puedan participar en la toma de decisiones comunitarias -al lado de los representantes del Estado- cuando su contenido les concierna ha privado al ministro Montoro de un convincente argumento pol¨¦mico. La exclusivista pretensi¨®n del Gobierno vasco de introducir con calzador en el Concierto -ahora o dentro de seis meses- su derecho a estar presente en las instituciones europeas siempre que se discutan materias relacionadas con el Concierto olvida la existencia de otras diecis¨¦is comunidades que tambi¨¦n aspiran al mismo objetivo cuando est¨¦n en juego sus competencias exclusivas. Los mecanismos de participaci¨®n europea de todas las autonom¨ªas y la reforma constitucional del Senado evitar¨ªan probablemente los conflictos nacidos -como en este caso- del bilateralismo.

A la vista del bloqueo de la negociaci¨®n, el Gobierno del PP ha empleado su mayor¨ªa absoluta para prorrogar un a?o el Concierto de 1981, una soluci¨®n pol¨ªticamente realista y constitucionalmente viable; la ley del cupo, de vigencia quinquenal, prev¨¦ de manera expl¨ªcita esas pr¨®rrogas. Entre las represalias anunciadas por el Gobierno de Vitoria contra esa decisi¨®n unilateral figura la disminuci¨®n -tambi¨¦n unilateral- de la cuota a pagar al Estado durante 2002, calculada sobre la base del prorrogado Concierto de 1981: todo parece indicar que el lehendakari Ibarretxe se ha excedido de sus competencias y est¨¢ al borde de conculcar su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes.