Fondos delictivos

La justicia ha dictado sentencia -recurrible en casaci¨®n ante el Supremo- tras el largo proceso sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior, abierto en 1994 tras la denuncia presentada ante el juzgado de guardia por el diputado popular Federico Trillo, hoy ministro de Defensa. La sentencia de la Audiencia de Madrid absuelve a los ex ministros socialistas de Interior Barrionuevo y Corcuera, sobre quienes no hay rastro alguno de enriquecimiento personal, y condena al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y a otros antiguos altos cargos de Interior. Algunos de los condenados han anunciado su intenci¨®n de recurrir y no es descartable que el fiscal Luz¨®n impugne, por su parte, la absoluci¨®n de los m¨¢ximos responsables de la antigua c¨²pula de Interior.

La sentencia establece varios hechos probados no susceptibles de modificaci¨®n: el uso de los fondos reservados de Interior entre 1983 y 1993 deriv¨® en pr¨¢cticas delictivas de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y sirvi¨® de medio para el enriquecimiento personal en algunos casos. No es el caso de Barrionuevo y Corcuera, a los que absuelve por no haber certeza de que 'conoc¨ªan y consent¨ªan las sustracciones'. Una posibilidad avalada por la experiencia de Manuel Fraga al frente de Interior en el Gobierno de Arias Navarro durante 1976 y cuyo testimonio en el juicio -'de los fondos reservados ya se ocupaban dos generales del Ej¨¦rcito de toda confianza'- ha servido de referencia al tribunal para concluir que los ex ministros socialistas no ten¨ªan por qu¨¦ estar enterados de lo que hac¨ªan quienes se ocupaban de gestionar los fondos. El tribunal tambi¨¦n parte del testimonio del denunciante, Federico Trillo, sobre los regalos navide?os que hizo ¨¦l mismo durante su posterior etapa de presidente del Congerso, para concluir que los obsequios hechos por Corcuera a las esposas de sus subordinados respond¨ªan a una larga tradici¨®n, asumida por todos, a pesar de las diferencias entre unos y otros.

Sobre Rafael Vera, administrador de hecho de los fondos reservados, recae la mayor condena por haberlos usado en beneficio propio y en el de los otros ex altos cargos de Interior condenados, en forma de sobresueldos e indemnizaciones: los directores generales Juli¨¢n Sancrist¨®bal, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado y Luis Rold¨¢n (¨¦ste ya condenado en otra sentencia por los mismos hechos); el gobernador I?aki L¨®pez y el jefe policial Francisco ?lvarez, antiguo responsable del Mando ?nico de la Lucha Antiterrorista. Al antiguo secretario de Estado para la Seguridad se le condena a 7 a?os de c¨¢rcel por sustraer para s¨ª 141 millones de pesetas, haci¨¦ndole tambi¨¦n responsable solidario de la restituci¨®n al Estado de la mayor parte del dinero sustra¨ªdo: 3,5 millones de euros aproximadamente (unos 650 millones de pesetas). Dos fincas, a cuya adquisici¨®n destin¨® Vera parte del dinero, seg¨²n declara probado el tribunal, servir¨¢n de garant¨ªa de ese pago. A esta cantidad se a?aden unos 800.000 euros (130 millones de pesetas) de los que Sancrist¨®bal se apropi¨® directamente desde su puesto de director de la Seguridad del Estado. El tribunal concluye que el volumen total sustra¨ªdo asciende a 4,8 millones de euros (unos 800 millones de pesetas), aproximadamente el 5% de lo presupuestado para gastos reservados de Interior en la d¨¦cada 1983-93, cantidad que queda lejos de la inicialmente denunciada.

El tribunal pasa por alto, por no tener relevancia penal, el 'maquillaje presupuestario' al que fueron sometidos los fondos reservados de Interior en aquellos a?os para poder hacer frente a los crecientes gastos de seguridad derivados de la ofensiva terrorista -en parte, para protecci¨®n de jueces y fiscales-, pero no deja de se?alar que esa falta de control posibilit¨® su uso delictivo con fines particulares. Ese maquillaje no ser¨ªa posible hoy: desde abril de 1995, una ley establece el control parlamentario sobre el uso de los fondos reservados. Fue una contribuci¨®n de los socialistas, poco antes de abandonar el poder, a la superaci¨®n del vac¨ªo legal existente en la materia y que desde la absoluta discrecionalidad aliment¨® la corrupci¨®n; los socialistas pagaron por ella un alto precio pol¨ªtico.

Pero ese coste no pod¨ªa cerrar el cap¨ªtulo de las responsabilidades por lo sucedido en Interior en esa d¨¦cada. Quedaban las penales. El Partido Popular, enfrascado entonces en una feroz batalla de desgaste contra el Gobierno socialista, no desaprovech¨® la ocasi¨®n de judicializar el asunto y de rentabilizarlo pol¨ªticamente a su favor. Esas responsablidades penales, atribuibles a personas concretas, han quedado establecidas por quien deb¨ªa hacerlo: los jueces.