Riiing: ?correo comercial!
Algunas generaciones de ni?os dieron la bienvenida a la generalizaci¨®n del tel¨¦fono y del interfono en las viviendas con llamadas furtivas en las que, al inevitable no del receptor, suced¨ªa la broma de turno. Esta costumbre ha remitido hace ya tiempo. Menos mal. Porque ahora son muchas otras las llamadas no deseadas que invaden nuestra intimidad, a veces en horarios intempestivos.
Las formas en que las ofertas comerciales y la publicidad no solicitada invaden nuestra vida cotidiana son variadas. La distribuci¨®n de la propaganda comercial masiva en buzones privados puede causarnos varias llamadas diarias al interfono. Este sistema est¨¢ tan generalizado que parece ser empleado incluso por las bandas que roban viviendas, para localizar los pisos sin respuesta primero, y para conseguir el acceso al edificio despu¨¦s. Y qu¨¦ decir de esas llamadas por tel¨¦fono que nos ofrecen desde nuevos servicios financieros o nuevas ofertas de telecomunicaciones hasta viviendas en r¨¦gimen de multipropiedad y cursos de ingl¨¦s. Algunas hasta tienen la delicadeza de llamar de noche para asegurarse de que el cliente potencial est¨¢ en su domicilio y puede llegar a conocer realmente las bondades de la oferta.
El correo comercial, tanto el convencional como el electr¨®nico, constituye una intromisi¨®n en la intimidad de los ciudadanos no suficientemente protegida por la legislatura actual, que tiende a beneficiar los intereses de las empresas
Realmente, las pr¨¢cticas de difusi¨®n comercial masiva en Espa?a est¨¢n siendo muy poco respetuosas con el derecho a la intimidad de las personas. En particular, con las intromisiones no deseadas en nuestros hogares y la difusi¨®n de nuestros datos personales con finalidad comercial, fuente de gran parte de las ofertas y publicidad no deseada que nos acogotan. Esto es as¨ª porque la regulaci¨®n legal de estas materias lo facilita en lugar de dificultarlo, pues parece m¨¢s dirigida a proteger los intereses de las empresas que a proteger al consumidor.
Tomemos la publicidad nominal por correo, postal o electr¨®nico. Es muy poco conocida la existencia de las denominadas Lista Robinson, que son ficheros de personas que han solicitado ser excluidas de bases de datos para acciones comerciales, aunque resulta parad¨®jico que deban inscribirse quienes no desean publicidad en lugar de aquellos que s¨ª la desean. Algunas cosas van a cambiar en el correo electr¨®nico: contra sus intenciones iniciales, el Gobierno central anunci¨® finalmente que la futura ley de comercio electr¨®nico prohibir¨¢ la publicidad sin autorizaci¨®n previa. Por tanto, el propio internauta tendr¨¢ que suscribirse a los servicios publicitarios que desee. Es una orientaci¨®n acertada. Lo que no se entiende muy bien es por qu¨¦ el Gobierno se niega a hacer lo mismo con el correo postal. Argumenta que, en este caso, el receptor no corre con los costes econ¨®micos de la actividad. Me parece una visi¨®n un tanto estrecha de los derechos del ciudadano. Entre ¨¦stos, el de no perder su tiempo seleccionando y tirando el correo que no le interesa, y el de mantener su buz¨®n a un nivel discreto en ¨¦pocas de vacaciones, como recomiendan todos los manuales de prevenci¨®n de la delincuencia, por cierto.
El caso de las llamadas telef¨®nicas comerciales se mueve en la m¨¢s absoluta falta de protecci¨®n de los destinatarios. ?Qu¨¦ hacer, adem¨¢s de controlar el tono de la respuesta? Desde luego, la Ley Org¨¢nica de Tratamiento Autorizado de Datos nos da derecho a conocer, modificar y suprimir la existencia de nuestros datos de una base. Aunque, ?han intentado alguna vez averiguar qu¨¦ base de datos est¨¢ usando nuestro amable vendedor de servicios? Misi¨®n imposible. A este problema se a?ade el de la facilidad con que nuestros entra?ables monopolios de servicios pueden usar nuestros datos personales y socioecon¨®micos. As¨ª, por ejemplo, la Ley General de Telecomunicaciones autoriza a la compa?¨ªa telef¨®nica a disponer de esa informaci¨®n y emplearla. Cabe la posibilidad de comunicar por escrito nuestra oposici¨®n al uso de nuestros datos, pero ?no deber¨ªa ser al rev¨¦s? Ser¨ªa m¨¢s normal que lo exigido fuese nuestra autorizaci¨®n expresa, porque son tantos los escritos que enviar para pedir que no usen nuestros datos...
Mancur Olson explic¨® admirablemente por qu¨¦ y c¨®mo el proceso pol¨ªtico es m¨¢s sensible a las peticiones de grupos organizados con grandes intereses particulares que a los deseos de multitud de individuos desorganizados. Creo que esto explica que los intereses econ¨®micos de las empresas dedicadas al correo comercial, a las llamadas comerciales o al negocio del tr¨¢fico de datos personales prevalezcan sobre el derecho a nuestra intimidad.
Por eso, las organizaciones de defensa de los consumidores son tan necesarias como a¨²n d¨¦biles en Espa?a. Desde luego, el empleo de las nuevas tecnolog¨ªas de informaci¨®n facilita una acci¨®n colectiva m¨¢s eficaz, como mostr¨® la campa?a de presi¨®n de muchos internautas, que llev¨® al Gobierno a modificar su previsi¨®n inicial de mantener la autorizaci¨®n de la publicidad no deseada en el correo electr¨®nico. Pero, en general, el desequilibrio de organizaci¨®n y poder entre los grupos empresariales del sector y los consumidores continuar¨¢ siendo importante por mucho tiempo. Y es en estos casos, precisamente, cuando m¨¢s necesaria es una intervenci¨®n p¨²blica que promueva los intereses m¨¢s generales, los de la gran mayor¨ªa, y los derechos personales b¨¢sicos, como la intimidad.
Germ¨¤ Bel es profesor de Pol¨ªtica Econ¨®mica de la UB y diputado del PSC.
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