Absueltos dos m¨¦dicos del Cl¨ªnico que esterilizaron a una joven deficiente
El Supremo alega en su sentencia que los facultativos desconoc¨ªan la ley
La sentencia del Supremo, firmada por los magistrados Jos¨¦ Antonio Mara?¨®n Ch¨¢varri, Joaqu¨ªn Mart¨ªn Canivell y Luis Rom¨¢n Puerta Luis (este ¨²ltimo actu¨® como ponente), da la raz¨®n a los dos m¨¦dicos en el recurso que presentaron contra la condena de la Audiencia Provincial.
Los hechos se remontan al 18 de junio de 1997. Ese d¨ªa,C¨¦sar Antonio C. B., cirujano del departamento de Ginecolog¨ªa del hospital Cl¨ªnico, esteriliz¨® a A. M. de la P., de 19 a?os. La intervenci¨®n fue solicitada por la madre de la joven, que tem¨ªa que su hija se quedara embarazada.
Sin embargo, la mujer no solicit¨® la autorizaci¨®n judicial, algo que el C¨®digo Penal establece como indispensable para esterilizar a una persona declarada legalmente incapacitada. Una resoluci¨®n judicial de 1995 hab¨ªa declarado a A. M. de la P. 'incapacitada total y absolutamente al padecer un severo s¨ªndrome de Down', seg¨²n consta en la sentencia. Sin la autorizaci¨®n judicial, los implicados pod¨ªan ser acusados de un delito de lesiones, seg¨²n el C¨®digo Penal.
As¨ª lo entendi¨® el padre de A. M. de la P., en tr¨¢mites de separaci¨®n de su esposa, que no se enter¨® de que su hija hab¨ªa sido esterilizada hasta despu¨¦s de la operaci¨®n. Por ello, denunci¨® a los m¨¦dicos y a su ex mujer.
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 26 de la plaza de Castilla, cuyo titular era entonces Santiago J. Pedraz, decidi¨® procesar a tres m¨¦dicos del hospital y a la madre de la joven por un presunto delito de lesiones.
Posteriormente, la Audiencia Provincial confirm¨® esta acusaci¨®n y conden¨® el 4 de abril de 2000 a los dos m¨¦dicos, ahora absueltos, a un a?o y medio de prisi¨®n. La Audiencia exculp¨® a la madre de la joven y al tercer m¨¦dico del Cl¨ªnico. A C¨¦sar Antonio C. B. le conden¨® como autor material de la esterilizaci¨®n, y a Manuel E. F., como responsable del departamento que la llev¨® a cabo. Sin embargo, la propia Audiencia Provincial solicit¨® en su sentencia que el Gobierno modificara la norma que le oblig¨® a condenar a los procesados, y se mostr¨® partidaria de la concesi¨®n del indulto a ambos.
Petici¨®n de indulto
El Gobierno no lleg¨® a considerar la petici¨®n de indulto, pero ahora el Tribunal Supremo ha decidido anular la condena a los dos m¨¦dicos. Los magistrados consideran que el cirujano que va a operar a un paciente no tiene por qu¨¦ 'comprobar el cumplimiento de los requisitos judiciales' pertinentes.
'Tiene raz¨®n el acusado [C¨¦sar Antonio C. B.] cuando afirma que ¨¦l no pod¨ªa suspender la intervenci¨®n all¨ª, ya en el quir¨®fano', y que el cirujano presumi¨® acertadamente 'que cuando la paciente es llevada al recinto operatorio es porque ya se han cumplido todos los requisitos necesarios', sostiene la sentencia. En favor del director del Departamento de Geriatr¨ªa, Manuel E. F., el Supremo afirma que ¨¦ste 'ignoraba la necesidad' de solicitar la autorizaci¨®n judicial y que no puede ser condenado por no haber 'dado las instrucciones oportunas al personal a su cargo para [solicitar] la autorizaci¨®n judicial'.
El Tribunal no entra en qui¨¦n deber¨ªa haber solicitado la autorizaci¨®n judicial para la esterilizaci¨®n de A. M. de la P., pero s¨ª establece que los dos m¨¦dicos no pueden ser considerados responsables penalmente por la ausencia de aqu¨¦lla.
Los magistrados del Tribunal Supremo, adem¨¢s, reprochan a la Audiencia Nacional la 'parquedad' del relato de los hechos en la primera sentencia. 'Se echa en falta una descripci¨®n f¨¢ctica m¨¢s rica en detalles', afirma la sentencia del alto tribunal. El Supremo admite que, 'para un juicio m¨¢s ajustado', la primera sentencia deber¨ªa haber explicado mejor 'la estructura y organizaci¨®n del hospital, las funciones de los responsables del servicio' y otros hechos. 'Nada de esto consta en la resoluci¨®n' de la Audiencia Provincial, lamentan los magistrados del Supremo.
La condena contra los dos m¨¦dicos hab¨ªa sido calificada de 'desproporcionada' por 300 m¨¦dicos del hospital Cl¨ªnico, que firmaron tras la primera sentencia un manifiesto en favor de sus colegas. Los firmantes destacaron entonces 'la alta cualificaci¨®n profesional y depurada ¨¦tica' de ambos facultativos.
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