El '¨¦xito' de la (no) pol¨ªtica de inmigraci¨®n

El pasado 23 de enero se cumpli¨® un a?o de la entrada en vigor de la Ley de Extranjer¨ªa. Esa ley sigue pendiente de que se resuelvan diversos recursos de anticonstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional. Como recordar¨¢n, fue aprobada en medio de una notable pol¨¦mica y tras un debate en que se mezclaron los aspectos sustantivos de la ley con el proceso electoral que dio la mayor¨ªa absoluta de la que goza el Partido Popular. El actual delegado del Gobierno para la extranjer¨ªa, Enrique Fern¨¢ndez Miranda, ha afirmado en diversas ocasiones que con esa ley se acababa la situaci¨®n anterior en la que, seg¨²n sus palabras, 'en Espa?a ten¨ªamos un cartel en la frontera que dec¨ªa: Entrada Libre'. En esa ley y en el despliegue posterior de la misma se dibuja una estrategia muy clara: traspasar todo el peso del protagonismo en relaci¨®n a la inmigraci¨®n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al Ministerio del Interior; cerrar a cal y canto las fronteras para los que traten de entrar en el pa¨ªs de forma irregular; expulsar a los que no tengan papeles en regla; establecer acuerdos bilaterales con los pa¨ªses m¨¢s significativos desde el punto de vista del origen de los inmigrantes, y fijar cuotas anuales de entrada a partir de las necesidades expresadas por los agentes del sistema productivo espa?ol. Un a?o despu¨¦s, el balance no puede ser calificado de otro modo que de desastre si atendemos a las premisas de partida.

Foro: La opini¨®n de los lectores

La policializaci¨®n del tema no ha acabado en absoluto con el famoso 'efecto llamada'. Han seguido entrando inmigrantes de forma irregular, y lo han hecho en mayor cantidad que en a?os anteriores. No se ha logrado, pues, cerrar las fronteras. Tampoco se ha logrado expulsar a los sin papeles que viv¨ªan de forma ilegal en Espa?a. Se calcula que deambulan por el pa¨ªs cerca de 15.000 inmigrantes que s¨®lo tienen como documento que acredita su existencia precisamente la orden de expulsi¨®n del pa¨ªs. Su situaci¨®n es dram¨¢tica. No existen legalmente. No pueden ser ya regularizados de manera alguna. Pero tampoco pueden ser expulsados, ya que sus pa¨ªses de origen, de conocerse, no admiten su reingreso (s¨®lo han sido realmente expulsados unos 1.500). La cosa alcanza ribetes de opereta cuando esos inmigrantes llegan a las puertas de SOS Racismo o de la red Acoge con su documento de expulsi¨®n en el bolsillo y una nota de las delegaciones del Gobierno que les invitan a acudir a una ONG para que les atiendan. Por otro lado, el proceso de regularizaci¨®n sigue una din¨¢mica que probablemente va por debajo del ritmo de entrada de irregulares. Hace unos d¨ªas, este mismo peri¨®dico informaba de que se ha regularizado la situaci¨®n de la mitad de personas que lo solicitaron, aunque muchos no han recibido a¨²n la notificaci¨®n y, por tanto, siguen sin papeles. Por otro lado, la tan cacareada pol¨ªtica de convenios bilaterales ha resultado un fracaso. Fern¨¢nez Miranda no ha dejado de declarar que la soluci¨®n de la inmigraci¨®n irregular depend¨ªa de la firma de convenios de regulaci¨®n de flujos con el m¨¢ximo n¨²mero de pa¨ªses. Pues bien, se han firmado s¨®lo cinco convenios. El m¨¢s importante, el de Marruecos, no es operativo. Y el firmado con Nigeria s¨®lo afecta a la repatriaci¨®n. La fijaci¨®n de cuotas se ha retrasado de manera incre¨ªble, y acaba sirviendo b¨¢sicamente para regularizar. La cosa no ha llegado a culminar en un desastre absoluto gracias a que, desde que Mayor Oreja dej¨® de ser titular de Interior, no se ha seguido soliviantando al personal.

A pesar de todo ello, o mejor dicho, gracias a todo ello, podemos afirmar que el Partido Popular ha logrado sus objetivos esenciales en este terreno. Por un lado, desde los lamentables sucesos de El Ejido, los populares consiguieron 'formatear' los temas de inmigraci¨®n convirti¨¦ndolos en sin¨®nimo de ilegalidad, miseria, conflictividad y delincuencia. En el disco duro de la gente ¨¦sa es la imagen que se grab¨®, y a ello contribuyeron los medios de comunicaci¨®n, convirtiendo el tema en uno de los primeros de la agenda de preocupaci¨®n de los espa?oles. Opiniones expresadas m¨¢s te¨®ricamente (Sartori) o m¨¢s burdamente (Pujol-Ferrusola-Barrera) apuntaban a la imposibilidad de la incorporaci¨®n de los colectivos de procedencia ¨¢rabe debido a su irreversible fundamentalismo religioso. Todo ello ha contribu¨ªdo a que las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas se lo hayan estado pensando dos veces antes de tratar de presentar dise?os alternativos a la legislaci¨®n y a la estrategia de los populares. Los costes electorales, de salirse de ese marco conceptual, les preocupaban y les preocupan. Por otro lado, la virtualidad econ¨®mica de la situaci¨®n actual no es ajena tampoco al mantenimiento de una pol¨ªtica que, si bien es meramente ret¨®rica, es operativa para los que se aprovechan de la situaci¨®n. Como apunta el manifiesto que ha publicado SOS Racismo estos d¨ªas, el mantenimiento de una masa de sin papeles resulta muy conveniente para aquellos empleadores que aumentan su cuota de beneficios gracias a mantener en condiciones de miseria a unos inmigrantes sin posibilidades de defensa.

Todo ello desemboca en una parad¨®jica situaci¨®n. Las instituciones, organismos y entidades a las que se ha apartado desde hace meses de los escenarios de decisi¨®n en materia de inmigraci¨®n y extranjer¨ªa (comunidades aut¨®nomas, municipios, organizaciones no gubernamentales...) son precisamente los que tienen que asumir los costes de ese aparente dislate. Fern¨¢ndez Miranda insiste en que no es necesario construir nuevos centros de acogida, ya que no llegar¨¢n m¨¢s emigrantes irregulares (v¨¦ase lo que ocurre en Fuerteventura). Para el delegado del Gobierno no existen los expulsados inexpulsables (tampoco para el alcalde de Las Palmas, que se limita a enviarlos a Madrid). Seg¨²n la opini¨®n del Partido Popular, no deber¨ªa censarse a los inmigrantes sin papeles, ya que ello les permite tener aceso a servicios p¨²blicos como sanidad y ense?anza, y luego resulta que los ayuntamientos o las comunidades aut¨®nomas reclaman m¨¢s dinero. A pesar de todo ello, el Gobierno del Reino de Espa?a firma tratados internacionales de protecci¨®n de derechos humanos, realiza planes de inclusi¨®n social, o habla de acabar con la explotaci¨®n que sufren los inmigrantes sin papeles. Pura ret¨®rica, pero ret¨®rica econ¨®mica y pol¨ªticamente rentable. Lo que est¨¢ en juego es la ciudadan¨ªa de todos los que viven y trabajan en un pa¨ªs. Construir una alternativa a esa pol¨ªtica del Partido Popular puede ser electoralmente gravoso a corto plazo. Pero tenemos ya demasiadas experiencias hist¨®ricas acumuladas en Europa como para no exigir a las fuerzas pol¨ªticas de la izquierda de este pa¨ªs que sean capaces de construir alternativas, atreverse a hacer pedagog¨ªa pol¨ªtica, asumiendo, en definitiva, los retos de la convivencia intercultural.

Joan Subirats es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.