El grupo de Luis Batalla desarrolla la mitad del suelo adjudicado en Castell¨®n mediante el agente urbanizador

El grupo de empresas de Luis Batalla participa en la urbanizaci¨®n de la mitad del suelo residencial, terciario e industrial, que se ha adjudicado en Castell¨®n desde que comenz¨® a funcionar la figura del agente urbanizador que invent¨® en 1994 la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU), actualmente analizada por el Tribunal Constitucional. Batalla, de forma directa o indirecta, como empresa exclusiva o como integrante de otro grupo de empresas, participa en la urbanizaci¨®n de un 48,7% de los casi cuatro millones de metros cuadrados que se han adjudicado en la ciudad desde 2000.

En lo que se refiere a suelo residencial, Batalla est¨¢ desarrollando o desarrollar¨¢ m¨¢s de un mill¨®n de metros cuadrados, lo que significa el 45% del total adjudicado. El porcentaje en el caso de las adjudicaciones para la urbanizaci¨®n del suelo terciario asciende al 58%, ya que esa empresa participa en el desarrollo de m¨¢s de 250.000 metros cuadrados del total de 432.000 metros en v¨ªas de urbanizaci¨®n. En el caso del suelo industrial, las empresas del grupo est¨¢n implicadas en un 53% de la urbanizaci¨®n del suelo adjudicado desde 2000, en el que de los cerca de 890.000 metros cuadrados adjudicados, las empresas de Batalla participan en el desarrollo de m¨¢s de 470.000 metros.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Castell¨®n respondi¨® ayer con estos datos al concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, del PP, quien se jact¨® de repartir la urbanizaci¨®n del suelo castellonense entre m¨¢s de una treintena de empresas. Fabra hizo esta afirmaci¨®n cuando fue acusado de montar un 'corralito' particular en el urbanismo de la capital de La Plana. Desde entonces, los socialistas han revisado todas las adjudicaciones realizadas desde 2000, cuando comenz¨® a urbanizarse la ciudad a trav¨¦s del agente urbanizador.

A finales del pasado a?o, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano elev¨® al Tribunal Constitucional una cuesti¨®n de inconstitucionalidad sobre la figura del agente urbanizador. El TSJ se?alaba que la elecci¨®n, la publicidad de las adjudicaciones, las exigencias al promotor y los avales econ¨®micos que se exigen difieren de los que son preceptivos en el caso de los contratistas en la norma estatal.

El agente urbanizador, cuya figura m¨¢s parecida es la de promotor inmobiliario, es una persona f¨ªsica o jur¨ªdica que asume, de forma voluntaria, la responsabilidad p¨²blica de promover la ejecuci¨®n de una actuaci¨®n urbanizadora. Es decir, que sobre una superficie declarada urbanizable presenta un proyecto para actuar que es aprobado por la autoridad competente, los ayuntamientos, y por el que desarrolla infraestructuras tales como aceras, asfaltado de calles, alcantarillado o tendido el¨¦ctrico.

Una vez ha conseguido el visto bueno de la Administraci¨®n, el agente urbanizador tiene mandato para obligar al propietario de la superficie en cuesti¨®n a abonar las cargas de urbanizaci¨®n correspondientes. Una prerrogativa que ha motivado no pocos conflictos. As¨ª, en Castell¨®n, la aplicaci¨®n de la LRAU provoc¨® la creaci¨®n de una asociaci¨®n civil de damnificados por esta norma, debido a los innumerables pleitos que ha propiciado la aplicaci¨®n de la ley, que ha perjudicado a numerosos vecinos.

Ayer, con los datos recopilados mediante la revisi¨®n de todas las adjudicaciones realizadas en Castell¨®n desde 2000, cuando comenz¨® a urbanizarse la ciudad a trav¨¦s del agente urbanizador, y pese a que evitaron criticar directamente a la empresa que concentra la mayor¨ªa de las adjudicaciones, los socialistas castellonenses acusaron al PP de 'entregarse a determinadas empresas'. El portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Sub¨ªas, y su adjunto, Miguel Alcalde, mantuvieron que esto 'tiene una implicaci¨®n ya que marca un modelo determinado de ciudad'. Alcalde acus¨® al concejal delegado de Urbanismo del PP, Alberto Fabra, de pretender 'enga?ar para disimular sobre qui¨¦n es el verdadero agente urbanizador de Castell¨®n' y dijo que el departamento de Urbanismo marcha 'sin rumbo'. Los socialistas recordaron tambi¨¦n que, en un pleno municipal una asociaci¨®n de comerciantes (separada de un concurso urban¨ªstico en el que compet¨ªa con una empresa de Batalla) acus¨® al equipo de gobierno municipal de dejar en manos del empresario la 'aut¨¦ntica autoridad urban¨ªstica y la direcci¨®n de la pol¨ªtica urban¨ªstica de la ciudad'. 'Nadie sali¨® a decir que aquello era mentira', indic¨® ayer Sub¨ªas, quien sostuvo que el PP 'se limit¨® a invitar a acudir a los tribunales a quien creyera que se estaba produciendo alguna ilegalidad'.

La Ley Reguladura de la Actividad Urban¨ªstica supuso en el momento de su aprobaci¨®n una propuesta novedosa en dos sentidos. Por una parte, establec¨ªa que la ejecuci¨®n de planes urban¨ªsticos se pod¨ªa hacer seg¨²n dos reg¨ªmenes: actuaciones aisladas y actuaciones integradas (¨¦stas afectan a m¨¢s de una parcela). Por otra, establec¨ªa el modelo denominado programa para el desarrollo de actuaciones integradas. En ¨¦l, no se califica el suelo, no se regula u ordena su destino, sino que se planifica el proceso de gesti¨®n urban¨ªstica. Su aprobaci¨®n, seg¨²n consta en el pre¨¢mbulo de la ley, s¨®lo necesita del compromiso 'efectivo y voluntario, asumido por el promotor de desarrollo en plazos y condiciones'. Es decir, la Administraci¨®n cede la actuaci¨®n a un particular al que no se exigen los avales que s¨ª exige la ley estatal a los contratistas: solvencia econ¨®mica y solvencia t¨¦cnica a trav¨¦s de una serie de complejos tr¨¢mites.