La reforma de la radio y la televisi¨®n p¨²blicas se encall¨® en mayo de 2001
La forzada dimisi¨®n de Miquel Puig como director general de la Corporaci¨®n Catalana de Radio y Televisi¨®n (CCRTV) es un paso m¨¢s en la destrucci¨®n del consenso trabajosamente alcanzado por todos los grupos parlamentarios en diciembre de 1999, dos meses despu¨¦s de las elecciones auton¨®micas, sobre la reforma de la radio y la televisi¨®n p¨²blicas catalanas.
La reforma fue impulsada por los partidos de la izquierda, que acusaban a CiU de haber convertido la radio y la televisi¨®n p¨²blicas catalanas en un aparato de propaganda al servicio de los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol. Recog¨ªan tambi¨¦n un profundo malestar profesional en los medios de la CCRTV. Y su ambicioso objetivo era sustituir el modelo existente, caracterizado por el control gubernamental sobre la radio y la televisi¨®n p¨²blicas, por otro basado en la neutralidad pol¨ªtica de TV-3 y Catalunya R¨¤dio, y en la designaci¨®n de su direcci¨®n con criterios estrictamente profesionales.
La oposici¨®n pretend¨ªa, entre otras cosas, que el director general de la CCRTV, que engloba a las emisoras de radio y televisi¨®n de la Generalitat, fuera nombrado por el Parlament en vez de serlo por el Gobierno. CiU se opuso a esta exigencia y el punto de confluencia con la oposici¨®n fue pactar que el director general fuera nombrado por el Gobierno, pero con el acuerdo previo del Consejo de Administraci¨®n de la CCRTV, cuya composici¨®n refleja la del Parlament.
Operaci¨®n truncada
El principal acuerdo del debate parlamentario fue que la reforma se llevar¨ªa a cabo mediante tres leyes. La primera, para convertir el Consejo del Audiovisual de Catalu?a (CAC) en la autoridad encargada de la regulaci¨®n de los medios audiovisuales. La segunda deb¨ªa ser una nueva ley de la CCRTV, con el objetivo de eliminar la dependencia respecto del Gobierno y los partidos. La tercera ley deb¨ªa ordenar el sector del audiovisual.
Tras muchas dificultades se alcanz¨® tambi¨¦n un acuerdo sobre el nombramiento del director general de la CCRTV para el periodo previo a la reforma. La oposici¨®n acept¨® al convergente Miquel Puig porque su perfil dialogante representaba una gran mejora respecto a su antecesor, Jordi Vilajoana.
El proceso legislativo comenz¨® pronto y en abril de 2000 se aprob¨® la nueva ley del CAC. Pero ah¨ª se acab¨® todo. El siguiente paso, la reforma de la CCRTV, choc¨® con la pretensi¨®n del Gobierno catal¨¢n de mantener la facultad de nombrar al director general de la CCRTV, el nexo que le permite controlar la radio y la televisi¨®n de la Generalitat. En mayo de 2001, los grupos parlamentarios tuvieron que renunciar a elaborar el proyecto, vista la imposibilidad de torcer la voluntad del Gobierno en este crucial punto.
Pero el PSC, ERC, Iniciativa-Verds y PP insisten ahora, sin embargo, en que sigue vigente el acuerdo parlamentario de diciembre de 1999 que obliga al Gobierno a nombrar al director general de la CCRTV 'con el acuerdo de su Consejo de Administraci¨®n'.
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