Ser¨ªa prematuro

El juez Garz¨®n considera prematuro llamar a declarar como imputado al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodr¨ªguez Ponga, en relaci¨®n al caso de las cuentas secretas del BBV en para¨ªsos fiscales. Ello da un cierto respiro al Gobierno, que no hubiera podido evitar su cese si el juez hubiera seguido la petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Garz¨®n tambi¨¦n ha evitado que los efectos del caso se dejen sentir sobre el actual organigrama del BBVA, renunciando a imputar 'por el momento' al actual n¨²mero dos de la entidad, Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri.

El instructor se ha situado en una posici¨®n de prudencia a la hora de traspasar la l¨ªnea de la imputaci¨®n, que siempre tiene -no s¨®lo en los dos casos citados- un efecto de penalizaci¨®n social o pol¨ªtica. Entiende Garz¨®n que los hechos delictivos no est¨¢n suficientemente establecidos, por lo que se refiere a diversas operaciones realizadas en Am¨¦rica Latina, ni acreditadas debidamente las vinculaciones personales de Rodr¨ªguez Ponga, al que un testigo protegido, antiguo ex directivo del BBV Puerto Rico, ha acusado de ser el autor de un manual para evadir capitales. El responsable de Hacienda ha argumentado en su defensa que ya no estaba en el banco cuando se edit¨® el manual en cuesti¨®n, y que nunca fue directivo de la entidad bancaria, extremos que han sido corroborados por el BBVA.

Pero una cosa es que el secretario de Estado defienda su honorabilidad y otra que lo haga acusando impl¨ªcitamente de prevaricaci¨®n a la fiscal¨ªa que formul¨® el escrito acusatorio. Eso es lo que hizo al afirmar que su imputaci¨®n no respond¨ªa a su pasado en el BBV, sino a su presente como alto cargo. Con ello se sumaba al barullo medi¨¢tico que trata de desautorizar a la fiscal¨ªa bajo el argumento de que se trata de una criatura de los socialistas para autoexculparse a s¨ª mismos. Lo cierto es que fue el PP el que propuso, en el debate del estado de la naci¨®n de 1994, la creaci¨®n de esa instituci¨®n.

La fiscal¨ªa no se apart¨® de sus funciones al solicitar que Rodr¨ªguez Ponga declarase como imputado tras la acusaci¨®n del testigo protegido. Garz¨®n ha preferido, en uso de sus atribuciones, no dar el paso sin haber confirmado, al menos indiciariamente, esa acusaci¨®n por otros medios. En el caso de un alto cargo pol¨ªtico es l¨®gico que la imputaci¨®n implique el cese, e inevitable que ello sea interpretado por la opini¨®n p¨²blica como un impl¨ªcito reconocimiento de culpabilidad. Pero no deja de ser sorprendente que el juez haya decidido citar a Rodr¨ªguez Ponga como testigo para someterle a un careo con el testigo protegido, lo que no deja de tener alg¨²n riesgo procesal: de salir imputado de ese careo, Rodr¨ªguez Ponga podr¨ªa alegar indefensi¨®n y viciar de nulidad el procedimiento por vulneraci¨®n de sus garant¨ªas. Ese riesgo, nada infundado, constituye el n¨²cleo del recurso de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n al juez Garz¨®n para que modifique su decisi¨®n. Hay, pues, una cierta contradicci¨®n entre dos criterios jur¨ªdicos que deben ser respetados, sin que ello autorice a proyectar sospechas de manera autom¨¢tica sobre la fiscal¨ªa o el juez instructor. El sistema judicial dispone de recursos que habr¨¢n de dilucidar este desencuentro.